Tema 26: Normas de Ejecución del Presupuesto de la Universidad de Cádiz

El Presupuesto de la Universidad de Cádiz constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer la Universidad y de los derechos que prevea liquidar durante el correspondiente ejercicio.

1. El presupuesto de la Universidad de Cádiz será público, único y equilibrado y comprenderá la totalidad de sus ingresos y gastos.

A estos efectos, el presupuesto contendrá:

a) El Estado de Ingresos, en el que figuran las estimaciones de los distintos derechos económicos a liquidar durante el ejercicio.

b) El Estado de Gastos, en el que se incluye, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones.

c) Referencia expresa al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financiera.

d) Informes de impacto por razón de género y de impacto medioambiental.

2. Todo programa de actividades financiado por recursos afectados se incluirá en el presupuesto y deberá ser objeto de una adecuada identificación que permita su seguimiento contable.

3. El presupuesto contendrá la consignación ordenada y sistemática de las bonificaciones y reducciones previstas en materia de precios públicos y demás derechos.

1. La estructura del Presupuesto de la Universidad de Cádiz deberá adaptarse a las normas que, con carácter general, se establezcan para el sector público.

2. La estructura del Presupuesto se determina teniendo en cuenta la organización y distribución entre las diversas

Unidades de Gasto de la Universidad de Cádiz (clasificación orgánica), la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos (clasificación económica), y las finalidades u objetivos que con estos últimos se pretende conseguir (clasificación funcional).

3. El Estado de Gastos se presenta de acuerdo con su clasificación orgánica, funcional y económica. El Estado de

Ingresos, por su parte, se presenta de acuerdo con su clasificación orgánica y económica.

Los tres primeros dígitos de la clasificación funcional agrupan los créditos para gastos en atención de la finalidad y objetivos perseguidos. La asignación de los créditos se efectúa dentro de una estructura de programas generales y subprogramas o programas propios, en función de los objetivos académicos y de gestión e investigación que se pretenden conseguir.

1. Los créditos del Presupuesto de la Universidad de Cádiz se distribuyen por Unidades de Gasto, entendiéndose como tales aquellos órganos y unidades administrativas con diferenciación presupuestaria y responsabilidad en la gestión de las partidas autorizadas por los órganos competentes.

2. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento UCA/CG11/2022, de 22 de noviembre, de Gobierno y

Administración de la Universidad de Cádiz:

2.1. En la organización central, son órganos de gobierno unipersonales superiores y de apoyo a los órganos de gobierno superiores:

a) Órganos de gobierno unipersonales superiores: Rector, Vicerrectores, Delegados del Rector asimilados a Vicerrectores, Secretario General y Gerente.

b) Órganos de gobierno unipersonales de apoyo a los órganos de gobierno superiores: Directores

Generales, Directores de Secretariado y demás órganos asimilados a los anteriores.

2.2. En el ámbito de la organización de los Centros y Departamentos e Institutos Universitarios de

Investigación, son órganos unipersonales periféricos de gobierno superiores y de apoyo a los órganos de gobierno superiores:

a) Órganos de gobierno unipersonales superiores: Decanos y Directores de Centro, Directores de

Departamento y Directores de Institutos Universitarios de Investigación.

b) Órganos de gobierno unipersonales de apoyo a los órganos de gobierno superiores: Vicedecanos,

Subdirectores, Secretarios de Centro, Secretarios de Departamento y de Institutos Universitarios de

Investigación, Coordinadores de Títulos, Directores de Sede y de Secciones Departamentales y demás órganos asimilados a los anteriores.

2.3. Son órganos de gobierno colegiados:

a) Centrales: Consejo Social, Consejo de Gobierno, Claustro Universitario y en su caso, Consejo de

Dirección.

b) Periféricos: Junta de Facultad y de Escuela, Consejo de Dirección de Facultad o Escuela, Consejo de

Departamento y Consejos de Instituto Universitario de Investigación.

2.4. Las unidades administrativas son los elementos organizativos encargados de la gestión universitaria, actuando bajo las directrices de los órganos de gobierno en materia de su competencia. Sólo cuando por delegación de estos órganos de gobierno se le atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros tendrán la consideración de órganos administrativos.

3. La citada estructura se adaptará a las modificaciones reglamentarias que pudieran aprobarse a lo largo de la vigencia del Presupuesto, así como consecuencia de las normas que la sustituyan en aquellas materias que sean de aplicación respecto a la estructura y órganos de gobierno de la Universidad de Cádiz.

1. Las Unidades de Gasto tendrán como titular una persona física que será la responsable de gestionar las dotaciones presupuestarias que se asignen a la misma.

2. Corresponderá a los responsables de las Unidades de Gasto:

a) Garantizar el cumplimiento de los principios de economía, eficacia y eficiencia del gasto, con objetividad y transparencia exigibles en la administración de los recursos públicos.

b) Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia económico-presupuestaria, en especial la relativa a la contratación en el ámbito del sector público.

c) Gestionar la disposición de los gastos, que tendrán como límite los créditos presupuestarios que tenga asignada cada Unidad.

d) En el ámbito de la gestión presupuestaria de las Unidades de Gasto que tenga encomendadas, emitir el acto formal de conformidad con las facturas y demás justificantes de gasto acreditativos de los bienes entregados o servicios prestados, así como aprobar las certificaciones de obra y facturas emitidas por el contratista, sin menoscabo de las competencias que la legislación asigne a la dirección facultativa de la obra, al responsable del contrato y al órgano de contratación de la Universidad de Cádiz.

3. Tienen la condición de responsables de Unidades de Gasto:

a) Los Vicerrectores y cargos asimilados, Defensora Universitaria, Inspectora General de Servicios,

Secretario General y Directores Generales que tengan asignadas dotaciones presupuestarias específicas.

b) La Gerente.

c) La Secretaria del Consejo Social.

d) Los Decanos y Directores de Centros.

e) Los Directores de Departamentos.

f) Los Directores de las Unidades de Apoyo.

g) Los Directores de Servicios Centralizados.

h) Los Administradores de Campus y Directores de Área que tengan autorizadas dotaciones presupuestarias específicas.

i) Los Directores de Secretariado que tengan autorizadas dotaciones presupuestarias específicas.

j) Los investigadores principales de los proyectos, contratos y grupos de investigación, en los estrictos términos previstos en la normativa o acuerdos que los regulen, así como los responsables directos de la gestión económica de otras subvenciones y ayudas concedidas a la Universidad de Cádiz destinadas a un fin específico.

k) Los Coordinadores de cursos de posgrado, másteres oficiales o propios y programas de doctorado.

l) Los Responsables de órganos de representación del personal.

m) Aquellos otros que puedan ser autorizados, en especial, los que se nombren como consecuencia de la apertura de las Secciones Departamentales como Unidad de Gasto.

4. A los efectos de ejercer las funciones que tienen encomendadas, los responsables de las Unidades de Gasto deberán estar en situación de activo.

5. La Gerente podrá autorizar la apertura de Unidades de Gasto independientes con la finalidad de mejorar la gestión y justificación de los ingresos que reciba la Universidad de Cádiz para actividades específicas diferenciadas, entendiendo como tales, entre otras, las relativas a cursos, seminarios, congresos y cualquier otro evento de estas características.

6. En caso de ausencia o enfermedad del titular de una Unidad de Gasto, éste podrá delegar por escrito en otra persona las competencias relativas a la gestión de las dotaciones presupuestarias, asumiéndolas el responsable

de la Unidad de Gasto como propias. A efectos de la conformidad de facturas y otros documentos, una copia de la citada delegación será remitida a la Unidad Tramitadora asignada a la Unidad, con copia a la Gerente.

7. En caso de ausencia o enfermedad del titular de una Unidad de Gasto, sin que medie una delegación de competencias por escrito, asumirá provisionalmente la gestión presupuestaria y económica de la misma aquel cargo académico al que la normativa interna de la Universidad de Cádiz (Reglamento de Funcionamiento de las

Facultades y Escuelas, Reglamento de Funcionamiento de los Departamentos y demás normativa de naturaleza similar) asigne estas funciones en dichas situaciones.

8. Cuando se produzcan ausencias y no exista una delegación por escrito, ni regulación específica en la normativa de la Universidad de Cádiz aplicable con carácter subsidiario, la Gerente podrá nombrar provisionalmente un titular de la Unidad de Gasto a fin de garantizar la continuidad de la gestión presupuestaria.

9. Con carácter general, se producirá la pérdida de la condición de responsable de una Unidad de Gasto en caso de cese en el cargo de un órgano de gobierno o unidad administrativa, por la extinción de la situación de activo o asimilada, en caso de pérdida de su vinculación jurídica con la Universidad de Cádiz o con motivo del nombramiento por el Rector de un nuevo responsable de la Unidad.

10. Los miembros de la Universidad de Cádiz velarán durante sus actuaciones por la correcta adecuación de los trámites de naturaleza económico-presupuestaria a la legislación, instrucciones y procedimientos aprobados. La no observación de las mismas podrá derivar, en su caso, en las responsabilidades que sean de aplicación conforme a la regulación vigente en razón de la materia.

Sin menoscabo de lo establecido en la Disposición adicional cuarta de estas Normas, a efectos del necesario control presupuestario, cada Unidad de Gasto tendrá asignada inicialmente por la Gerente una Unidad

Tramitadora encargada de llevar a cabo la tramitación administrativa de todos los gastos y, en su caso, ingresos de dicha Unidad, así como facilitar a su responsable información periódica de la situación de sus dotaciones.

1. La Gerente podrá autorizar la apertura de Unidades de Gasto para las Secciones Departamentales siempre que sean solicitadas por el Director del Departamento al que se adscriban.

2. En ningún caso, dichas Unidades de Gasto tendrán la consideración de unidades independientes a efectos de la asignación de créditos en el Presupuesto de la Universidad de Cádiz, sino que siempre deberán considerarse parte integrante del Departamento al que se adscriben.

3. Una vez autorizados los créditos presupuestarios a los Departamentos, a petición de su Director, podrán redistribuirse a sus Secciones Departamentales una parte de sus dotaciones a fin de que sean gestionadas directamente por las mismas.

4. Las dotaciones presupuestarias transferidas a la Sección Departamental estarán siempre bajo la tutela del

Departamento al que se adscriban, debiendo rendirle cuentas conforme al procedimiento que determine cada

Dirección de Departamento.

1. Los créditos incluidos en el Estado de Gastos del Presupuesto se ordenan también según su naturaleza económica, atendiendo a la codificación por capítulos, artículos, conceptos, subconceptos y, en su caso, partidas, según la clasificación establecida por la Orden de 28 de abril de 2006 de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba la clasificación económica de ingresos y gastos del Presupuesto de las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuando sea necesario para una mejor contabilización de los gastos, la Gerente podrá establecer nuevos códigos teniendo en cuenta las disposiciones recogidas en la Orden mencionada en el párrafo anterior.

Esta estructura llevará asociada, a los efectos contables, la correspondiente clasificación patrimonial de acuerdo al Plan General de Contabilidad Pública.

2. La clasificación económica agrupará los créditos del Estado de Gastos del Presupuesto por capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria.

En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los gastos de personal (Capítulo 1), los gastos corrientes en bienes y servicios (Capítulo 2), los gastos financieros (Capítulo 3) y las transferencias corrientes (Capítulo 4).

En los créditos para operaciones de capital se distinguirán las inversiones reales (Capítulo 6) y las transferencias de capital (Capítulo 7).

El Fondo de Contingencia (Capítulo 5) recogerá la dotación para atender necesidades imprevistas en la forma establecida en las presentes Normas de Ejecución del Presupuesto.

En los créditos para operaciones financieras se distinguirán las de activos financieros (Capítulo 8) y las de pasivos financieros (Capítulo 9).

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 57.6 de la LOSU, así como en consonancia con lo dispuesto en los artículos 89.4 del Texto Refundido de la LAU y 222.3 de los Estatutos UCA, al estado de gastos corrientes se acompañará la relación de puestos de trabajo de todo el personal universitario, especificando la totalidad de los costes de aquélla y los elementos recogidos en el artículo 74 del texto refundido de la Ley del Estatuto del

Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, e incluyendo los puestos de nuevo ingreso que se proponen. Los costes del personal docente e investigador, así como del personal técnico, de gestión y de administración y servicios, deberán ser autorizados por la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco de la normativa básica sobre Oferta de Empleo Público, salvo en el caso de los contratos previstos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que no precisan dicha autorización.

1. La estructura presupuestaria de los ingresos se ordenará en función de la naturaleza económica, atendiendo a la codificación por capítulos, artículos, conceptos, subconceptos y, en su caso, partidas, según la clasificación establecida por la Orden de 28 de abril de 2006 de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba la clasificación económica de ingresos y gastos del Presupuesto de las Universidades

Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que figuran en el Presupuesto.

Cuando sea necesario para una mejor contabilización de los ingresos, la Gerente podrá establecer nuevos códigos teniendo en cuenta las disposiciones recogidas en la Orden mencionada en el párrafo anterior.

2. El citado Estado de Ingresos se clasificará atendiendo a la separación entre ingreso por Operaciones Corrientes (Capítulos III al V) e ingreso por Operaciones de Capital (Capítulos VI al IX).

3. Igualmente, a efectos informativos, se clasificarán los ingresos en Operaciones no Financieras (Capítulos III al

VII) y Operaciones Financieras (Capítulos VIII y IX).

4. El Estado de Ingresos del Presupuesto de la Universidad estará constituido por los recursos incluidos en el artículo 57.4 de la LOSU y 222.3 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz.

La Universidad de Cádiz organizará y desarrollará sus sistemas y procedimientos de gestión en materia económico-financiera y presupuestaria con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho y servirá con objetividad a sus fines generales.

1. El gasto público se ajustará, en su programación y ejecución, a los principios de eficacia, eficiencia, economía y calidad en la asignación y utilización de los recursos, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión.

2. Las disposiciones legales y reglamentarias, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación que afecten a los gastos o ingresos de la Universidad de Cádiz, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

1. El Presupuesto y sus modificaciones contendrán información suficiente y adecuada para permitir la verificación del cumplimiento de los principios y reglas que los rigen y de los objetivos que se proponga alcanzar.

2. La Universidad de Cádiz desarrollará sus actividades de naturaleza económico-presupuestaria de acuerdo con los principios y obligaciones que, en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno sean de aplicación para el sector público.

Los recursos de la Universidad de Cádiz se destinarán a satisfacer el conjunto de sus obligaciones, salvo que se establezca su afectación a fines determinados.

Los créditos del estado de gastos se destinarán en exclusiva a la finalidad específica para la cual han sido autorizados en el Presupuesto inicial o en las posteriores modificaciones presupuestarias debidamente aprobadas conforme a estas Normas.

1. No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos consignados en el Estado de Gastos para cada una de las Unidades de Gasto, según la vinculación que se establece en las presentes Normas, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones dictadas por los órganos de la Universidad que infrinjan dicho precepto, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.

2. Se entenderá por crédito autorizado el que figure disponible en el Estado de Gastos correspondiente en el momento de iniciar la tramitación del oportuno expediente de gasto.

1. Con cargo a los créditos del Estado de Gastos del Presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de obras, suministros, servicios y demás prestaciones o gastos en general, que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.

2. No obstante, se aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente, en el momento de expedición de las órdenes de pago, las obligaciones siguientes:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo al Presupuesto de la Universidad de Cádiz.

b) Previo informe favorable de la Gerente en los gastos de cuantía superior a 3.000 euros, las generadas en ejercicios anteriores como consecuencia de compromisos de gasto adquiridos, de conformidad con el ordenamiento jurídico, para los que hubiera crédito disponible en el ejercicio de procedencia. Se dejará constancia, en cualquier caso, de las causas por las que no se procedió a la imputación a presupuesto en el ejercicio en que se generó la obligación.

Para cuantías inferiores, el informe favorable corresponderá al Responsable de cada Unidad

Tramitadora prevista en el artículo 12 de las presentes Normas.

c) Las obligaciones por suministros, alquileres u otros contratos de pago periódico cuyos recibos o documentos de cobro, correspondan al último trimestre del año anterior, no imputadas a presupuesto durante el mismo.

3. A los efectos de acreditar y motivar la excepcionalidad prevista en el anterior apartado 2.b), con carácter general, en el expediente contable que cursen las Unidades Tramitadoras deberá constar que:

a) La obligación deriva de compromisos debidamente adquiridos por la Universidad de Cádiz, aportándose el documento que lo justifica. A estos efectos, se entenderá que existe dicho compromiso cuando se hubiera registrado un documento contable de Autorización y Disposición de crédito (AD), una Retención de Crédito o una Reserva de Crédito con esta misma finalidad en el ejercicio anterior, o se hubiera formalizado el pertinente instrumento jurídico en el que se soporta (acuerdo específico, convenio, resolución, etc.).

b) El documento acreditativo para contabilizar el gasto (factura o Justificante de Gasto, entre otros) deberá haberse emitido conforme a los requisitos fiscales y contables que exija la normativa específica por razón de la materia.

c) En el ejercicio anterior en el que se produjo el nacimiento del compromiso, la Unidad de Gasto debe disponer del crédito adecuado y suficiente para atender el gasto, teniendo en cuenta los criterios de vinculación de los créditos que establezcan las Normas de Ejecución del Presupuesto.

d) Motivación por la que no se procedió a la imputación de la obligación a las partidas del Presupuesto en el ejercicio en que ésta se generó.

1. Los créditos autorizados en los programas de gastos tienen carácter limitativo y vinculante, de acuerdo con su clasificación económica, a nivel de artículo con las siguientes excepciones:

a) Los incluidos en el Capítulo I "Gastos de personal", que lo serán a nivel de Capítulo, salvo el Artículo 15 "Incentivos al rendimiento" y el subconcepto 160.00 “Cuota Patronal de la Seguridad Social”.

b) Los incluidos en el Capítulo II "Gastos corrientes en bienes y servicios" cuya vinculación será a nivel de

Capítulo.

c) Los incluidos en el Capítulo VI "Inversiones reales", que tendrán carácter vinculante a nivel de artículo, excepto el Artículo 64 "Gastos de inversión de carácter inmaterial. Investigación" que lo será a nivel de subconcepto.

d) Los incluidos en el Capítulo VII "Transferencias de capital" que tendrán carácter vinculante a nivel de concepto.

1. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán al Presupuesto por su importe íntegro, sin que puedan atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados.

2. Se exceptúan de lo anterior las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos.

3. A los efectos de este artículo se entenderá por importe íntegro el resultante después de aplicar las exenciones y bonificaciones que sean procedentes.

La Tesorería de la Universidad servirá al principio de unidad de caja mediante la centralización de todos los fondos y valores generales por operaciones presupuestarias y no presupuestarias.

El personal al servicio de la Universidad de Cádiz que, con sus actos u omisiones, cause daños y perjuicios a los recursos de la Universidad mediante dolo, culpa o negligencia grave, incurrirá en las responsabilidades disciplinarias, civil o penal que, en cada caso, proceda exigir.

1. El ejercicio de las competencias por los órganos correspondientes en materia de toma de decisiones sobre el gasto y la gestión económica y financiera, comporta la asunción responsable de las decisiones adoptadas, con independencia de los actos de asesoramiento que pudieran formular a otros órganos.

2. La Gerente establecerá los procesos que se estimen adecuados con objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en la fiabilidad de la información financiera, un adecuado cumplimiento de la normativa aplicable y la sujeción a los principios de economía, eficacia y eficiencia.

1. Son créditos presupuestarios cada una de las asignaciones individualizadas de gastos, que figuran en el

Presupuesto de la Universidad de Cádiz, puestas a disposición de las Unidades de Gasto, para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados.

2. A lo largo del ejercicio 2026, el Rector podrá supeditar la disponibilidad de todos los créditos iniciales o incorporados posteriormente al Presupuesto de la Universidad de Cádiz a través de un expediente de modificación presupuestaria, a la efectiva materialización de los ingresos que los financien. A estos efectos, el Rector podrá acordar la no disponibilidad o la baja por anulación de cualquier crédito presupuestario previamente autorizado con objeto de garantizar el cumplimiento de los compromisos de la Universidad de Cádiz en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como de cualquier otra disposición que pueda dictar la Junta de

Andalucía con relación a esta materia que sea de aplicación al conjunto de las Universidades Públicas de

Andalucía.

1. Conforme al artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera se establece un Fondo de Contingencia para atender, cuando proceda, necesidades inaplazables de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

2. El importe de dicho Fondo de Contingencia será el que se determine en cada ejercicio presupuestario, quedando habilitado en una Unidad de Gasto (clasificación orgánica) específica para esta finalidad en el Capítulo 5 del Estado de Gastos del Presupuesto.

3. Con cargo al crédito del Fondo de Contingencia se financiarán únicamente, cuando proceda, las siguientes modificaciones de crédito:

a) Las ampliaciones de crédito.

b) Los créditos extraordinarios

c) Los suplementos de crédito.

En ningún caso podrá utilizarse el Fondo de Contingencia para financiar modificaciones destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales de la Universidad de Cádiz que carezcan de cobertura presupuestaria.

4. La aplicación del Fondo de Contingencia se aprobará, a propuesta del Rector, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, con carácter previo a la autorización de los expedientes de modificaciones de crédito que puedan corresponder. El Consejo de Gobierno informará al Consejo Social de las disposiciones que se realicen del Fondo de Contingencia.

1. La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará a los créditos que, para cada ejercicio, autorice el Presupuesto de la Universidad de Cádiz.

2. Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquél en que se autoricen, en los siguientes supuestos:

a) Inversiones y transferencias de capital.

b) Contratos de suministro y de servicios que no puedan ser estipulados o que resulten antieconómicos por plazo de un año.

c) Arrendamientos de bienes inmuebles.

d) Las cargas financieras que se deriven de las operaciones de endeudamiento.

e) Subvenciones y ayudas.

f) Contratación temporal de personal docente e investigador en régimen laboral.

g) Convenios, acuerdos o contratos que se suscriban con otras Administraciones Públicas y entidades u organismos públicos o privados, para la gestión y prestación de servicios propios o para la colaboración y coordinación en asuntos de interés común celebrados al amparo de lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la regulación vigente de Contratos del Sector

Público y del artículo 60 de la LOSU.

3. El número de ejercicios a los que pueden aplicarse los gastos referidos en los párrafos a), b) y e) no será superior a cuatro, sin contar aquél en el cual el gasto se comprometió.

4. El límite de crédito correspondiente a los ejercicios futuros y la ampliación del número de anualidades serán determinados por el Rector.

5. En todo caso, los gastos plurianuales a que se refiere este artículo tendrán que ser objeto de adecuada e independiente contabilización.

1. Son modificaciones de crédito las variaciones que puedan autorizarse en los créditos, aprobados inicialmente, que figuran en el Estado de Gastos, para adecuarlos a las necesidades que se produzcan durante la ejecución del

Presupuesto.

2. Las modificaciones de crédito que supongan un incremento del volumen global del estado de gastos del

Presupuesto deberán financiarse con mayores ingresos a fin de preservar el equilibrio presupuestario.

3. Todas las modificaciones de crédito deberán realizarse de acuerdo con los procedimientos formales establecidos en la presente normativa, sin que los responsables de las Unidades de Gasto puedan realizar o comprometer gastos previamente a la aprobación por el órgano competente del expediente de modificación presupuestaria propuesto.

1. Las modificaciones de los créditos iniciales del Presupuesto se ajustarán a lo que establezca la Comunidad

Autónoma de Andalucía en desarrollo de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, los

Estatutos de la Universidad de Cádiz y las presentes Normas de Ejecución, aplicándose supletoriamente la Ley 47/2003 General Presupuestaria y el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía (TRLGHPJA).

2. Todo acuerdo de modificación presupuestaria deberá indicar expresamente el programa y concepto económico afectado por la misma, así como los recursos o medios previstos con que se ha de financiar el mayor gasto.

1. Las modificaciones presupuestarias se tramitarán mediante expediente elaborado por la Unidad que tenga asignadas las funciones en materia presupuestaria del Área de Economía de la Universidad de Cádiz (Servicio de

Presupuestos, Tesorería y Costes), de acuerdo con las siguientes normas:

a) Los expedientes de modificaciones presupuestarias se iniciarán, con carácter general, a propuesta y con autorización expresa del responsable de la Unidad de Gasto a través de la Administración (Unidad

Tramitadora) encargada de llevar a cabo la tramitación administrativa de todos los gastos e ingresos de dicha unidad, o directamente por el responsable de la Unidad de Gasto. En ambos casos la tramitación se realizará a través del Centro de Atención al Usuario (CAU). Igualmente, los expedientes de modificaciones presupuestarias podrán iniciarse de oficio a instancias de la Gerencia de la Universidad de Cádiz.

b) Con independencia de la documentación adicional que el proponente considere oportuno adjuntar, para la iniciación de cualquier expediente de modificación se aportará la memoria justificativa que motiva la necesidad de la modificación presupuestaria, debiendo hacer indicación expresa de los recursos que financien el gasto (recaudación de nuevos ingresos; incorporación de remanentes;

transferencia desde otras partidas; etc.).

En cumplimiento del artículo 51.1 del TRLGHPJA, las propuestas de expedientes de modificaciones presupuestarias deberán expresar su incidencia en la consecución de los respectivos objetivos de gasto.

En los expedientes financiados con remanentes de tesorería no afectado y endeudamiento deberá acreditarse que la operación no supondrá la incursión en déficit presupuestario estructural al final del ejercicio ni se supera el límite de endeudamiento autorizado, respectivamente.

c) La Unidad Tramitadora de la Unidad de Gasto o el Área de Economía (Servicio de Presupuestos,

Tesorería y Costes), según proceda, una vez recibida la petición de modificación presupuestaria, verificará el cumplimiento de la normativa y demás requisitos recogidos en las presentes Normas de

Ejecución del Presupuesto y especialmente:

1ª) La Unidad Tramitadora cumplimentará los datos económicos necesarios, indicando la clasificación orgánica, funcional y económica de las aplicaciones presupuestarias afectadas.

2ª) El Área de Economía (Servicio de Presupuestos, Tesorería y Costes) realizará la apertura del correspondiente Expediente Administrativo en la herramienta informática para la gestión económica

UXXI-Económico, especificando el tipo de modificación. Dicho Expediente seguirá el procedimiento, formularios, informes, validaciones y demás requisitos que se establezcan para cada tipología.

3ª) El Área de Economía (Servicio de Presupuestos, Tesorería y Costes) comprobará la documentación que se adjunta y su suficiencia a la hora de acreditar los términos de la modificación que se solicita.

Especialmente, se verificará que consta en el expediente la memoria justificativa, el certificado de existencia de crédito o remanente de crédito, el informe de la Gerente, la propuesta de modificación y la resolución del acto administrativo de aprobación, todas ellas debidamente fechadas y firmadas.

d) En el caso de que por parte del Área de Economía (Servicio de Presupuestos, Tesorería y Costes) se detectara alguna incidencia que impida continuar la tramitación, ésta devolverá el expediente a la

Administración de la Unidad de Gasto, informando de los motivos observados para que aquélla, a su vez, dé traslado del informe al peticionario para su subsanación, en su caso.

2. Los expedientes de modificaciones de crédito deberán ser aprobados por el órgano que sea competente, en los términos y condiciones establecidos en sus artículos específicos, sometiéndose previamente al preceptivo informe del Gabinete de Auditoría y Control Interno. Dicho informe se referirá al cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa de acuerdo con el tipo de expediente, los órganos competentes para su adopción, existencia y suficiencia, en su caso, de la financiación propuesta y aquellos otros extremos que estime pertinente resaltar.

3. A los efectos de cumplimiento de los límites competenciales regulados en las presentes Normas de Ejecución, se tomará como referencia la cuantía individual de cada operación de variación de los créditos del Estado de

Gastos, sin menoscabo, a los efectos de la necesaria simplificación administrativa, de su posterior agrupación en un único expediente de modificación, período temporal o documento contable.

4. Se autoriza a la Gerente a adecuar el presente procedimiento a las condiciones y requisitos que se deriven de la puesta en marcha de nuevos procedimientos telemáticos para la gestión de los expedientes de modificaciones presupuestarias.

La cuantía y finalidad de los créditos contenidos en el Estado de Gastos del Presupuesto sólo podrán ser modificadas durante el ejercicio, mediante:

a) Transferencias de crédito.

b) Generaciones de crédito

c) Ampliaciones de crédito

d) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

e) Incorporaciones de remanentes.

f) Bajas por anulación.

1. Las transferencias son traspasos de dotaciones entre créditos mediante las que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica, e incluso con la creación de créditos nuevos.

2. En todo caso, deberá justificarse en el expediente de modificación presupuestaria que la cantidad cuya transferencia se propone no está afecta a obligación alguna. Asimismo, se justificará que existe consignación suficiente en el crédito de origen para atender todos los gastos previstos hasta el final del ejercicio.

3. No tendrá la consideración de transferencia de crédito aquella redistribución de crédito que se lleve a cabo en los términos y condiciones regulados en el articulado de las presentes Normas de Ejecución.

1. Con carácter general, las transferencias de crédito estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

a) No afectarán a los créditos extraordinarios concedidos durante el ejercicio ni a los incrementados con suplementos.

b) No minorarán créditos que hayan sido incrementados por transferencias, ni a los créditos ampliados.

c) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración.

d) La transferencia no suponga, en el conjunto del ejercicio, una variación, en más o en menos, del 20 por ciento del crédito inicial del capítulo afectado dentro de un programa.

2. Las limitaciones previstas en el apartado anterior no serán de aplicación:

a) Cuando se trate de transferencias motivadas por adaptaciones técnicas derivadas de reorganizaciones administrativas.

b) Cuando afecten a créditos del Capítulo I de Gastos de Personal.

3. No tendrán la consideración de transferencias de crédito y se considerarán como mera reasignación de los mismos, las autorizadas a las Unidades de Gasto correspondientes a Centros y Departamentos o que se consideren necesarias por causas sobrevenidas, que en todo caso deberá justificarse en el expediente que será aprobado por la Gerente, informándose posteriormente al Consejo de Gobierno y Consejo Social.

4. No serán de aplicación las limitaciones previstas en este artículo a las transferencias de crédito que sean autorizadas por la Gerente, debiendo constar en el expediente las causas que la motivan.

1. La competencia para la aprobación de expedientes de transferencias de crédito, siempre que su importe no supere los 600.000 euros, corresponde a la Gerente, debiendo informar posteriormente al Consejo de Gobierno y Consejo Social.

2. La competencia para la aprobación de expedientes de transferencias de crédito por importe superior a 600.000 euros corresponde al Rector, debiendo informar posteriormente al Consejo de Gobierno y Consejo Social, con la salvedad prevista en el artículo 47.3.

3. La competencia para la aprobación de expedientes de transferencia de crédito de operaciones corrientes (Capítulos I al IV) a operaciones de capital (Capítulos VI al IX), así como de operaciones de capital a operaciones corrientes, superiores a 1.000.000 euros, corresponde al Consejo Social, previo informe del Consejo de Gobierno.

4. A los efectos de cumplimiento de los límites competenciales regulados en el presente artículo, se tomará como referencia la cuantía individual de cada operación de variación de los créditos del Estado de Gastos, sin menoscabo, a los efectos de la necesaria simplificación administrativa, de su posterior agrupación en un único expediente de modificación, período temporal o documento contable.

1. Las generaciones son modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial.

2. Podrán dar lugar a generaciones los ingresos realizados en el propio ejercicio como consecuencia de:

a) Aportación de personas naturales o jurídicas para financiar gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de la Universidad de Cádiz.

b) Ventas de bienes y prestación de servicios.

c) Enajenaciones de inmovilizado.

d) Préstamos concedidos a la Universidad de Cádiz para financiar gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a la misma.

e) Reembolsos de préstamos destinados a la concesión de nuevos préstamos.

f) Ingresos destinados a la realización de actuaciones específicas, procedentes de proyectos, contratos, trabajos de carácter científico, tecnológico, humanístico o artístico y de cursos y seminarios, entre otros.

g) Ingresos por reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a créditos del presupuesto corriente, salvo que se tramiten como anulaciones del reconocimiento de las obligaciones.

h) Ingresos por venta de publicaciones, servicios deportivos universitarios y otros ingresos.

i) Remanentes de tesorería.

j) Ingresos procedentes de ejercicios cerrados cuando no se hubieran generado créditos en el ejercicio en que se produjeron.

k) Declaración de no disponibilidad de otros créditos del Presupuesto.

3. Sin perjuicio de lo anterior, procederá realizar generaciones de créditos por ingresos, expresamente autorizados por la Gerente de la Universidad de Cádiz, que no se encuentren efectivamente recaudados, cuya financiación lo sea por derechos reconocidos o compromisos de ingresos, siempre que quede acreditado de forma fehaciente que se estima recaudar estos ingresos en el propio ejercicio presupuestario y quede justificada documentalmente la previsión de los mismos, así como las condiciones y requisitos que se asuman en la gestión de los gastos e ingresos de la financiación por parte del órgano gestor de los créditos.

4. Excepcionalmente, procederá realizar generaciones de crédito con base en compromisos de ingresos afectados que se prevean recaudar en los ejercicios siguientes siempre que tengan su origen en aportaciones condicionadas de organismos públicos (Gastos con Financiación Afectada) y quede acreditado documentalmente su recaudación futura. El importe del crédito que se habilite a través de este tipo concreto de expedientes de generación de crédito se determinará en función de la previsión de los gastos que realmente se ejecutarían hasta concluir el ejercicio económico.

En estos casos, el remanente de crédito que pudiera existir a 31 de diciembre, solamente podrá incorporarse al ejercicio siguiente mediante la aprobación de un nuevo expediente de generación de crédito, cuya tramitación se podrá efectuar de oficio a instancia de la Gerencia o a petición expresa del responsable de la Unidad de Gasto.

En caso de producirse circunstancias excepcionales a lo largo del año que impidieran alcanzar el nivel estimado de gastos a 31 de diciembre, derivando de ello un saldo no dispuesto por una cuantía significativa que pudiera alterar sustancialmente el porcentaje de ejecución global de los créditos del Estado de Gastos del ejercicio, el

Área de Economía (Servicio de Presupuestos, Tesorería y Costes) podrá llevar a cabo la tramitación de un expediente negativo de minoración.

5. En todo expediente de generación de crédito deberá quedar asegurado el cumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

1. Los ingresos de carácter finalista o específico sólo podrán financiar los créditos destinados a atender la finalidad concreta que tengan asignados, excepto los costes indirectos estipulados en base a convocatorias o reglamentos internos de la Universidad de Cádiz referidos a este tipo de ingreso con objeto de financiar gastos de funcionamiento, que no serán considerados afectados.

2. La generación de crédito sólo podrá realizarse cuando se hayan recaudado los correspondientes ingresos que la justifican. No obstante, la Gerente podrá autorizar la generación de crédito por los supuestos previstos en el apartado 3 del artículo anterior, una vez efectuado el reconocimiento del derecho de cobro por la Universidad de Cádiz, sin menoscabo de la excepción recogida en el apartado 4 del artículo anterior para los compromisos de ingresos.

1. La competencia para la aprobación de expedientes de generación de créditos, siempre que su importe no supere los 600.000 euros, corresponde a la Gerente, debiendo informar posteriormente al Consejo de Gobierno y Consejo Social.

2. La competencia para la aprobación de expedientes de generación de crédito por importe superior a 600.000 euros corresponde al Rector, debiendo informar posteriormente al Consejo de Gobierno y Consejo Social, con la salvedad prevista en el artículo 50.3.

3. La competencia para la aprobación de expedientes de generación de crédito por importe superior a 1.000.000 euros, como consecuencia de la enajenación de bienes muebles e inmuebles, así como de prestaciones de servicios, corresponderá al Consejo Social, previo informe del Consejo de Gobierno.

4. A los efectos de cumplimiento de los límites competenciales regulados en el presente artículo, se tomará como referencia la cuantía individual de cada operación de variación de los créditos del Estado de Gastos, sin menoscabo, a los efectos de la necesaria simplificación administrativa, de su posterior agrupación en un único expediente de modificación, período temporal o documento contable.

1. Cuando haya de efectuarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito adecuado en el Presupuesto de la Universidad, o el crédito consignado fuera insuficiente y no ampliable, y su dotación no resulte posible a través de las restantes figuras previstas en el Real Decreto Legislativo 1/2010,

TRLGHPJA, podrá autorizarse la concesión de un crédito extraordinario, en el primer caso, o de un suplemento de crédito en el segundo, especificándose los recursos concretos que deben financiarlos.

2. Los suplementos de crédito y los créditos extraordinarios podrán financiarse por medio de:

a) Remanente de tesorería no afectado, en el supuesto de gastos generales.

b) Mayores ingresos de los previstos de carácter no finalista. En estos casos, debe quedar acreditado fehacientemente el surgimiento del derecho al cobro o bien la existencia de compromisos firmes de aportación por terceros de los ingresos o bien la efectiva recaudación de esos ingresos.

c) Ingresos no previstos de carácter no finalista. En estos casos, deberá quedar acreditada la viabilidad de la obtención de los nuevos recursos.

d) Los destinados a gastos de inversión podrán financiarse, además de con los recursos indicados anteriormente, con los procedentes de operaciones de crédito, previa la oportuna autorización.

e) Con cargo al crédito del Fondo de Contingencia.

crédito.

1. Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito serán aprobados por el Consejo Social, debiendo ser informado previamente el Consejo de Gobierno.

1. Tendrán la consideración de ampliables, únicamente hasta alcanzar los límites de los costes de personal fijados en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 2026:

a) El crédito correspondiente a la plantilla de personal docente e investigador de la Universidad, excluidos aquellos conceptos retributivos que puedan detallar las disposiciones legales sobre esta materia.

b) El crédito correspondiente a la plantilla de Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios.

De conformidad con lo regulado en el artículo 36.3 del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, a efectos del cumplimiento del tope de coste autorizado por la Comunidad Autónoma en el apartado 1, el número de profesorado efectivo se calculará en equivalencias a tiempo completo y no se computarán:

a) El personal investigador, científico o técnico contratado para el desarrollo de proyectos concretos de investigación científica o técnica.

b) El profesorado contratado en virtud de conciertos sanitarios.

2. Tendrán igualmente la consideración de ampliables, los créditos siguientes:

a) Los créditos necesarios para atender las obligaciones impuestas a la Universidad de Cádiz por una norma de rango legal, sentencia judicial o acta de liquidación dictada por órganos tributarios y de la Seguridad

Social.

b) Las subvenciones y ayudas otorgadas por la Universidad de Cádiz destinadas a sufragar becas y ayudas a los estudiantes dentro del Artículo 48 “A familias e instituciones sin fines de lucro” del Estado de

Gastos.

c) Los créditos destinados a gastos de actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación dentro del

Artículo 64 “Gastos de inversiones de carácter inmaterial” del Estado de Gastos.

3. Las ampliaciones de crédito podrán financiarse con:

a) Ingresos no previstos inicialmente o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial.

b) Con cargo al Fondo de Contingencia.

c) Con baja en otros créditos del presupuesto no financiero.

d) Con cargo a declaración de no disponibilidad de otros créditos del presupuesto.

e) Remanente de tesorería al final del ejercicio anterior.

4. La competencia para la aprobación de expedientes de ampliación de crédito, siempre que su importe no supere los 600.000 euros, corresponde a la Gerente, debiendo informar posteriormente al Consejo de Gobierno y Consejo Social.

5. La competencia para la aprobación de expedientes de ampliación de crédito por importe superior a 600.000 euros corresponde al Rector, debiendo informar posteriormente al Consejo de Gobierno y Consejo Social.

6. A los efectos de cumplimiento de los límites competenciales regulados en el presente artículo, se tomará como referencia la cuantía individual de cada operación de variación de los créditos del Estado de Gastos, sin menoscabo, a los efectos de la necesaria simplificación administrativa, de su posterior agrupación en un único expediente de modificación, período temporal o documento contable.

1. El remanente de crédito presupuestario al cierre de un ejercicio, es la diferencia entre la consignación definitiva de un crédito y las obligaciones reconocidas netas con cargo al mismo.

2. La financiación de estos expedientes procederá del remanente de tesorería al final del ejercicio anterior.

1. Los remanentes de crédito afectados serán incorporados por la Universidad de Cádiz hasta el límite en que la financiación afectada se encuentre asegurada y para los mismos fines que los motivaron en cada caso.

2. La competencia para la aprobación de expedientes de incorporación de remanentes de crédito financiados con recursos de carácter finalista, siempre que su importe no supere los 600.000 euros, corresponde a la

Gerente, debiendo informar posteriormente al Consejo de Gobierno y Consejo Social.

3. La competencia para la aprobación de expedientes de incorporación de remanentes de crédito financiados con recursos de carácter finalista por importe superior a 600.000 euros corresponde al Rector, debiendo informar posteriormente al Consejo de Gobierno y Consejo Social.

4. A los efectos de cumplimiento de los límites competenciales regulados en el presente artículo, se tomará como referencia la cuantía individual de cada operación de variación de los créditos del Estado de Gastos, sin menoscabo, a los efectos de la necesaria simplificación administrativa, de su posterior agrupación en un único expediente de modificación, período temporal o documento contable.

1. La competencia para la aprobación de expedientes de incorporación de remanentes de crédito no afectados, siempre que su importe no supere los 600.000 euros, corresponde a la Gerente, debiendo informar posteriormente al Consejo de Gobierno y Consejo Social.

2. La competencia para la aprobación de expedientes de incorporación de remanentes de crédito no afectados por importe superior a 600.000 euros corresponde al Rector, debiendo informar posteriormente al Consejo de

Gobierno y Consejo Social.

3. A los efectos de cumplimiento de los límites competenciales regulados en el presente artículo, se tomará como referencia la cuantía individual de cada operación de variación de los créditos del Estado de Gastos, sin menoscabo, a los efectos de la necesaria simplificación administrativa, de su posterior agrupación en un único expediente de modificación, período temporal o documento contable.

4. Se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio 2026, el remanente de crédito de la financiación destinada al funcionamiento operativo y de los contratos programa de los Centros y Departamentos generados a 31 de diciembre de 2025, si existe.

5. Con carácter preferente, se podrá autorizar la incorporación de remanentes de crédito no afectados al Estado de Gastos del Presupuesto del ejercicio siguiente, de oficio a instancia de la Gerencia o a la vista de la propuesta motivada remitida por el Responsable de la Unidad de Gastos, cuando se refieran a créditos que garanticen compromisos de gasto contraídos hasta el último día del ejercicio presupuestario y que, por motivos justificados, no se hayan podido materializar a lo largo del mismo, sea cual fuere el capítulo presupuestario al que correspondan. Se podrán incluir en este apartado, entre otros:

a) Los saldos de los créditos presupuestarios destinados a atender los gastos de personal contratado para proyectos y programas específicos, con independencia de su fuente de financiación.

b) Créditos que a 31 de diciembre de 2025 se encontraran contablemente reservados (Expediente de

Reserva), retenidos (Fase RC) o comprometidos (Fase AD) como consecuencia de haberse iniciado los trámites para la contratación de obras, entrega de suministros o prestación de servicios, y cuyo reconocimiento de la obligación (Fase O) se producirá en el año 2026 y siempre que no se haya obtenido dotación presupuestaria en el Presupuesto de 2026 para afrontar dicho gasto.

c) Remanentes de créditos habilitados en el ejercicio 2025 que tengan su origen en recursos abonados por un tercero como contraprestación por actividades realizadas por la Universidad de Cádiz, tales como matrículas de cursos, cuotas por actividades deportivas, etc., y que deban incorporarse al ejercicio siguiente con objeto de poder sufragar los gastos que genere el desarrollo de las citadas actividades.

d) Remanentes de créditos correspondientes a indemnizaciones procedentes de Compañías aseguradoras previamente incorporadas al ejercicio 2025, con la finalidad de poder atender la reposición de los bienes que originaron el siniestro.

e) Saldo de los créditos no dispuestos a 31 de diciembre de 2025 correspondiente al fondo para préstamos reintegrables al personal de la Universidad de Cádiz.

f) Saldo de los créditos no dispuestos correspondiente a las ayudas destinadas a subvencionar los gastos en los que incurran los Centros y Departamentos con motivo de la realización de actividades docentes complementarias fuera de nuestras instalaciones.

g) Saldos de las dotaciones presupuestarias incorporadas a los Centros, Departamentos, Institutos de

Investigación y Vicerrectorados con competencias en materia de investigación y transferencia que tengan su origen en los ingresos generados por la formalización de contratos de carácter científico, técnicos y artísticos, conforme a la distribución establecida en su Reglamento y demás normativa aplicable.

h) Saldos de las dotaciones presupuestarias generadas por la prestación de servicios internos y externos por parte de los Servicios Centralizados y Periféricos de la Universidad de Cádiz. Entre otros, se considerarán incluidos aquellos prestados por la Biblioteca Central, los Servicios Centralizados de

Investigación, el Servicio de Publicaciones y el Área de Deportes.

i) Saldos de los créditos generados por las contraprestaciones abonadas por terceros por la utilización de espacios universitarios.

j) Saldos de las dotaciones presupuestarias autorizadas por los órganos de gobierno competentes destinadas al desarrollo de actividades específicas enmarcadas dentro del Plan Propio de Investigación,

Plan de Innovación Docente de la Universidad de Cádiz y otras convocatorias institucionales.

k) Saldos de las dotaciones presupuestarias autorizadas por los órganos de gobierno competentes destinadas a la ejecución de las actuaciones enmarcadas dentro del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras en las Universidades Públicas para los años 2024-2027.

6. En los restantes supuestos, los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén aplicados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho.

7. En todos los casos enumerados en el presente artículo, la autorización para la habilitación de crédito con motivo de la incorporación de remanentes de crédito no afectados quedará condicionada a los límites máximos que garanticen el cumplimiento de los compromisos de la Universidad de Cádiz en materia de estabilidad presupuestaria, así como cualquier otro que pueda derivarse de la aplicación a las Universidades Públicas de

Andalucía de las disposiciones dictadas por la Junta de Andalucía, en especial lo regulado en el artículo 89.5 del

Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de

Universidades. A estos efectos, los expedientes de incorporación de remanentes de créditos no afectados financiados con remanentes de tesorería no afectados deberán incorporar un informe relativo al cumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en el que se acredite que la operación no supondrá la incursión en déficit presupuestario al final del ejercicio.

1. Las bajas por anulación suponen una modificación presupuestaria que consiste en la disminución total o parcial del crédito presupuestario asignado a una determinada partida de gastos.

2. La baja por anulación de cualquier crédito podrá darse siempre que dicha dotación se estime reducible o anulable sin perturbación de la respectiva Unidad de Gasto.

3. Las bajas por anulación, cualquiera que sea su importe, serán aprobadas por la Gerente, debiendo informar posteriormente al Consejo de Gobierno y Consejo Social.

1. No tendrá la consideración de transferencia de crédito y se considerarán como una mera Redistribución de

Crédito, con una codificación identificativa diferente, el trasvase de dotaciones presupuestarias de una o varias clasificaciones orgánicas a otra u otras dentro de una misma vinculación económica y funcional de los créditos de la Universidad de Cádiz.

2. Los expedientes de redistribución de créditos, cualquiera que sea su importe, serán aprobadas por la Gerente.

Todos los ingresos de la Universidad de Cádiz se destinan de manera global a financiar el conjunto de gastos, excepto que por su carácter o por un acuerdo concreto del órgano competente, queden afectados como ingresos finalistas o específicos.

1. Son ingresos afectados los que financian conceptos de gasto de manera directa o específica, que afectan a inversiones, proyectos y a otras actividades de investigación, o relacionados con cualquier otra actividad de la

Universidad.

2. Los ingresos específicos (Convenio, Proyecto, Curso, Congreso, Jornada, Contrato de Investigación, etc.), tendrán efectos económicos desde el momento en que se produzca su efectiva recaudación.

3. No obstante, procederá realizar generaciones de créditos por ingresos afectados o de carácter específico, expresamente autorizados por la Gerente de la Universidad de Cádiz, que no se encuentren efectivamente recaudados, cuya financiación lo sea por derechos reconocidos o compromisos de ingresos, con las condiciones y trámites establecidos en las presentes Normas de Ejecución del Presupuesto para las modificaciones de crédito.

4. Los ingresos finalistas o de carácter específico, se destinarán a la finalidad establecida en el acuerdo de concesión y los gastos afectados serán objeto de contabilización independiente para facilitar su justificación.

servicios.

1. Los derechos de matrícula para estudios que conduzcan a la obtención de un título propio de la Universidad de Cádiz los fijará el Consejo Social y tendrán la consideración de precios por servicios académicos universitarios y al menos en un 75%, estarán directamente afectados a la financiación de los gastos de los estudios que en ellos se realicen.

2. En la fijación de los precios públicos por estudios conducentes tendentes a la obtención de títulos propios, se tendrá en cuenta prioritariamente el principio de estimación del coste, por lo que su cuantía tenderá a cubrir la totalidad de los gastos que supongan la celebración de dichas enseñanzas.

3. El coste total a que se refiere el apartado anterior tendrá en cuenta los costes indirectos en que incurre la actividad.

4. La normativa reguladora de los estudios que conduzcan a la obtención de un título propio de la Universidad de Cádiz podrá establecer que una parte de los ingresos que se generen por su prestación pueda destinarse con carácter general a la atención de políticas y actuaciones consideradas de carácter prioritario por los órganos de gobierno de la Universidad. En ausencia de mención expresa en la norma reguladora del servicio, esta afectación a la atención de actividades de carácter prioritario podrá ser acordada por el Consejo de Gobierno de la

Universidad de Cádiz.

1. Los precios públicos a satisfacer por la prestación del servicio público de la educación superior en la

Universidad de Cádiz, en las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional, serán los indicados en el Decreto autonómico en el que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios del curso académico correspondiente.

2. No existirán más bonificaciones y/o compensaciones que las contempladas en la normativa vigente.

3. El resto de precios públicos por prestación de servicios, se ajustarán y gestionarán según lo indicado en la

Tarifa de Precios Públicos que figuran como Anexo a las presentes normas de ejecución del presupuesto.

4. Los que no aparezcan en la Tarifa vigente se aprobarán por el órgano competente previa presentación de una memoria justificativa.

1. La contraprestación derivada de concesiones y aprovechamientos especiales, incluidos los ingresos que se generen por la explotación de patentes de las que sea titular la Universidad de Cádiz, se ajustará y gestionará de acuerdo a lo que establezca la resolución que las otorgue y demás legislación aplicable.

2. Se incluirán en este artículo los demás ingresos procedentes de rentas de la propiedad o patrimonio de la

Universidad de Cádiz, así como los derivados de actividades realizadas en régimen de derecho privado.

1. Los pagos por devolución de ingresos procederán cuando concurran las causas legalmente justificativas de la devolución.

2. El expediente de devolución contendrá la causa que dé lugar al reintegro, importe y fecha del cobro que lo motiva.

3. El órgano competente para aprobar la devolución es la Gerente.

4. Las devoluciones de ingresos que cumplan los requisitos anteriores, se realizarán mediante baja o anulación de los derechos liquidados o minoración de los ingresados, aplicando presupuestariamente la devolución al ejercicio en que se reconozca.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 57.21 de los Estatutos UCA, la autorización de gastos y la ordenación de pagos corresponden al Rector.

1. A fin de garantizar la disponibilidad de los fondos necesarios, una vez aprobado el presente Presupuesto, las

Administraciones (Unidades Tramitadoras) practicarán en cada una de las Unidades de Gasto que tengan consignadas dotaciones para la atención de gastos básicos de funcionamiento, una reserva de estos créditos por el importe total estimado de los gastos fijos en los que puedan incurrir a lo largo del ejercicio.

A estos efectos, se entenderán por créditos para gastos fijos sujetos a la citada reserva aquellos que se declaren como tales por la Gerente y, especialmente, las partidas autorizadas en el presupuesto destinadas a atender los gastos correspondientes al suministro de energía eléctrica, agua, gas, tributos, comunicaciones telefónicas y pólizas de seguros que cubran, entre otras, las contingencias relacionadas con la actividad desarrollada por las personas, las instalaciones y los equipamientos universitarios.

2. La anulación parcial o total de dichas reservas de créditos requerirá autorización previa de la Gerente, previa petición motivada que formule por escrito el responsable de la Unidad de Gasto a través de su Administración.

1. En caso de gastos domiciliados que hayan sido autorizados excepcionalmente y con carácter previo por la

Gerente, abonados a través de una Caja Habilitada o de la Tesorería General, si su importe corresponde a un gasto realmente producido, las Administraciones deberán proceder de inmediato a su contabilización con cargo a las dotaciones presupuestarias de la Unidad de Gasto que corresponda, siempre que exista crédito disponible para ello conforme a la vinculación regulada en el artículo 23 de las presentes Normas.

2. A estos efectos, los gastos que deban imputarse a las dotaciones autorizadas a las distintas Unidades de Gasto no requerirán de la conformidad previa del responsable de la misma para su contabilización, y ello con independencia de las rectificaciones contables que puedan llevarse a cabo con posterioridad.

de plazas, comisiones y tribunales de tesis doctorales.

1. Las indemnizaciones por razón del servicio y asistencias que, en cada caso, puedan corresponder a los miembros de tribunales de plazas, comisiones y tribunales de tesis doctorales se ajustarán a las normas específicas que las regulen, subsidiariamente por el Reglamento de la Universidad de Cádiz sobre

Indemnizaciones por razón del servicio y, complementariamente, por las presentes Normas de Ejecución.

2. Las Administraciones (Unidades Tramitadoras), previa verificación de que la documentación aportada por el órgano proponente y conformada por éste se adecúa a la normativa aplicable por razón de la materia, tramitarán las facturas, indemnizaciones por razón del servicio y asistencias correspondientes a los miembros de estos tribunales y comisiones con cargo a las partidas presupuestarias habilitadas en la Unidad de Gasto centralizada autorizada con este fin por la Gerencia.

3. Corresponderá a la Gerente de la Universidad de Cádiz dictar las instrucciones y circulares en desarrollo y aplicación de la anterior normativa, relativas a la adecuación del procedimiento administrativo y la gestión económica y presupuestaria de las indemnizaciones por razón del servicio y las asistencias que pudieran devengarse.

1. Podrán anticiparse las cantidades siguientes a percibir a través de nómina:

a) Las retribuciones del mes corriente.

b) La parte de paga extraordinaria devengada y no cobrada, teniendo en consideración que las pagas extraordinarias se devengan del siguiente modo:

1ª) Extraordinaria de junio: por sextas partes entre los meses de diciembre a mayo anteriores a la paga.

2ª) Extraordinaria de septiembre (personal laboral): por doceavas partes entre los meses de septiembre a agosto anteriores a la paga.

3ª) Extraordinaria de diciembre: por sextas partes entre los meses de junio a noviembre anteriores a la paga.

Al computar los meses devengados, se considerará devengado el mes corriente.

c) El vestuario devengado y no cobrado, teniendo en consideración que, en el mes de marzo, se abona el vestuario devengado en el ejercicio anterior.

d) La parte de Complemento Autonómico devengada y no cobrada, teniendo en cuenta que se genera por doceavas partes de enero a diciembre. Dado que el Complemento Autonómico se percibe en dos plazos, uno en marzo y el otro en septiembre, en enero y julio puede anticiparse 1/6 del importe semestral y en febrero y agosto 2/6 del mismo.

e) Durante el ejercicio puede anticiparse el importe a percibir en concepto de incentivo de jubilación, en los términos establecidos por la correspondiente normativa.

f) Aquellos conceptos retributivos devengados cuya autorización de pago conste al Área de Personal, siempre que exista consignación presupuestaria adecuada para su financiación.

g) Aquellas percepciones que debieron ser abonadas en nóminas anteriores y que no lo fueron por demora de la comunicación o por error material.

2. Se consideran requisitos imprescindibles para el abono de anticipos sobre nómina, los siguientes:

1ª) Para el personal funcionario, que el perceptor haya tomado posesión de su puesto de trabajo.

2ª) Para el personal no funcionario, que el perceptor haya suscrito contrato con la Universidad y haya comenzado a prestar servicios.

3ª) En caso de personal de Régimen General de la Seguridad Social, que el perceptor esté de alta en alguna de las cuentas de cotización de la Universidad de Cádiz.

1. En los casos en que los responsables de las Unidades de Gasto deseen que, por parte de los Servicios

Centralizados y Periféricos de Investigación u otros Servicios de la Universidad de Cádiz, se le presten sus servicios, la petición del mismo se formulará mediante el uso de los modelos establecidos a tales efectos, preferentemente a través de medios electrónicos. En cualquier caso, siempre se hará indicación expresa en la solicitud de servicio de la aplicación presupuestaria (clasificación orgánica, funcional y económica) a la que se imputará el gasto una vez realizado de conformidad.

2. Por parte de los Servicios Centralizados y Periféricos, en ningún caso se atenderán peticiones de servicios internos en los que no conste de manera fehaciente la aplicación presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto una vez prestado el servicio.

3. Una vez realizado el servicio y siempre que conste la conformidad al mismo por parte del peticionario por cualquier medio (documento de entrega de material, documentos de control u otros), la Administración (Unidad

Tramitadora) que tenga asignada el Servicio Centralizado o Periférico procederá a imputar directamente a las dotaciones de la Unidad de Gasto peticionaria la cuantía del servicio prestado, y ello con independencia de las posteriores rectificaciones contables que puedan realizarse.

4. Excepcionalmente, cuando por razones técnicas lo establecido en el párrafo anterior no sea posible, la imputación directa del gasto lo realizará la Administración (Unidad Tramitadora) de la Unidad de Gasto peticionaria.

5. Al menos con carácter mensual, el Área de Economía (Servicio de Contabilidad, Fiscalidad y Soportes

Funcionales) incorporará a las dotaciones presupuestarias de los Servicios Centralizados y Periféricos, el importe derivado del uso con carácter interno de los servicios de la Universidad de Cádiz que se hayan contabilizado por las Administraciones en el mes natural anterior, y ello con independencia de las posteriores rectificaciones contables que puedan realizarse.

6. Los Servicios Centralizados y Periféricos que presten servicios de carácter interno establecerán los mecanismos necesarios para la ejecución, seguimiento y control de las normas recogidas en el presente artículo, y en especial en lo referente a las reclamaciones a los peticionarios de servicios prestados y pendientes de conformidad que pudieran existir.

7. Excepcionalmente, se podrá aplicar el procedimiento descrito en los párrafos anteriores en el caso de otras prestaciones de servicios entre Unidades u órganos de la Universidad de Cádiz (Cargos Internos).

8. La normativa reguladora de la prestación por parte de la Universidad de Cádiz de cualquier servicio universitario, tanto interno como externo, podrá establecer que una parte de los ingresos que se generen pueda destinarse con carácter general a la atención de políticas y actuaciones consideradas de carácter prioritario por los órganos de gobierno de la Universidad. En ausencia de mención expresa en la norma reguladora del servicio o en las propias Tarifas que establezcan su cuantía, esta afectación a la atención de actividades de carácter prioritario podrá ser acordada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz.

9. La prestación de servicios internos correspondientes a la retirada de residuos peligrosos y biosanitarios podrá conllevar para la unidad receptora de los mismos un compromiso de corresponsabilidad en el gasto que podrá alcanzar hasta el 50 por ciento del coste derivado de la prestación del servicio. Así mismo, el Rector podrá establecer la aplicación de cuotas de corresponsabilidad en el gasto para las unidades receptoras de otros servicios internos en función de sus especiales características.

1. Los gastos con financiación afectada no se ejecutarán mientras no existan suficientes soportes documentales o compromisos para considerar que se va a recibir el ingreso.

2. En casos excepcionales, la Gerente podrá autorizar su ejecución si considera el ingreso suficientemente garantizado de la forma establecida en el artículo 60 de las presentes Normas de Ejecución.

3. Si los gastos no se ejecutan en el ejercicio presupuestario habiéndose recibido los correspondientes ingresos, podrán ejecutarse en el ejercicio siguiente para la misma finalidad, financiados con remanentes afectados o específicos, siempre que no haya vencido el periodo de ejecución fijado en las bases de las convocatorias o en sus normas reguladoras.

No obstante, la citada incorporación de créditos finalistas financiados con remanentes de tesorería afectados del ejercicio anterior quedará supeditada a las normas e instrucciones que se dicten por el Estado y la Junta de

Andalucía en materia de estabilidad presupuestaria y, en especial, cualesquiera otros que puedan derivarse de la aplicación a las Universidades Públicas de Andalucía de las medidas que dicte la Junta de Andalucía.

1. La gestión administrativa de los contratos de investigación, suscritos al amparo del artículo 60 de la LOSU, se regirá por el reglamento aprobado por la Universidad de Cádiz. En todo caso les será de aplicación a estos contratos la normativa en materia de contratación administrativa y de personal aplicable a la Universidad.

2. La ejecución de los gastos de los proyectos, grupos o contratos de investigación del artículo 60 de la LOSU, será responsabilidad del investigador principal que hubiera recibido la ayuda o suscrito el correspondiente convenio o contrato.

3. La tramitación administrativa de estos gastos corresponderá a la Administración que tenga asignada la Unidad de Gasto, que la realizarán conforme se establece en las presentes normas en defecto de normativa específica que los regule.

4. En ningún caso, los gastos asociados a convenios o proyectos y contratos superarán los ingresos finales previstos al efecto.

5. Los proyectos y contratos con financiación específica se desarrollarán y gestionarán conforme a su finalidad, su normativa específica, naturaleza del gasto y en los términos en los que se haya concedido la subvención. En su defecto se regirán por la normativa desarrollada por la Universidad de Cádiz.

6. Con carácter general en el supuesto de que el titular de una subvención específica deseara modificar la finalidad para la que ésta fue concedida durante la ejecución de la misma, solicitará, una vez analizados los requisitos establecidos en la concesión, directamente su cambio al organismo o institución que en su momento la otorgó o al Rector de la Universidad de Cádiz.

7. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas para el contrato menor en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el responsable del proyecto y/o del contrato deberá solicitar la tramitación del expediente en los términos y por los procedimientos establecidos en la mencionada legislación.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

8. Los recursos para la financiación de las actividades de I+D+i que se obtengan como contraprestación de los contratos suscritos al amparo del artículo 60 de la LOSU, quedarán afectados directamente a los proyectos o

Unidades de Gasto donde se hayan realizado hasta la conclusión de la actividad por la que se obtuvieron.

Estos ingresos compensarán el uso y mantenimiento de los bienes, equipos e instalaciones de la Universidad con la aportación que se estipule, en concepto de costes indirectos, como porcentaje del presupuesto total del contrato. Estos costes indirectos y sus condiciones de liquidación serán los que se establezcan en la normativa interna de la Universidad y lo estipulado en las convocatorias externas para el desarrollo de actividades de investigación.

9. Cuando se detecte por una Administración la incorrecta imputación de un gasto a un proyecto, contrato o subvención específica por no resultar elegible, ésta comunicará por escrito la incidencia al responsable del mismo, solicitándole que indique otra Unidad de Gasto de la que sea responsable en la que se pueda contabilizar el gasto como elegible. Si transcurriera un plazo de diez días sin obtener respuesta, o dicho responsable indicase que no existe crédito disponible y adecuado en otra Unidad de Gasto alternativa, la Administración informará a la Gerente de la incidencia.

1. La gestión de los gastos de la Universidad de Cádiz se realiza mediante las siguientes fases:

a) Aprobación o autorización del gasto (Fase A).

b) Compromiso o disposición del gasto (Fase D).

c) Reconocimiento de la obligación (Fase O).

d) Ordenación del pago (Fase P).

e) Pago material.

2. Cuando la naturaleza de la operación o gasto así lo determinen, un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución enumeradas en las letras a), b) y c) del apartado anterior.

El acto administrativo que acumule dos o más fases producirá los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados.

3. Las fases de gasto se tramitarán, documentarán y contabilizarán conforme a lo establecido en las presentes normas y, supletoriamente, en las normas establecidas en la materia por la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Estado.

1. La aprobación o autorización del gasto es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. Se inicia el procedimiento de ejecución del gasto sin que implique relaciones con terceros ajenos a la Universidad.

2. Únicamente podrán autorizarse gastos dentro del límite de existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente para atender las obligaciones que de los mismos se derivan.

Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, las resoluciones o los actos administrativos en general que se adopten sin la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente, sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan derivar.

3. La aprobación o autorización de los gastos corresponderá a los responsables de las Unidades de Gasto.

1. El compromiso o disposición del gasto es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable. Es un acto con relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la Universidad a la realización del gasto a que se refiera en la cuantía y condiciones establecidas.

2. El compromiso o disposición de los gastos corresponderá al Rector, o en quién este delegue, en el ámbito de sus competencias.

1. El reconocimiento de la obligación es el acto mediante el que se declara la existencia de una obligación exigible contra la Universidad, derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente. Se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto.

2. Con carácter general, el reconocimiento de la obligación se efectuará una vez se reciba la factura y/o justificantes que prueben la recepción de los bienes, la prestación del servicio o el derecho del acreedor con todos los requisitos legales que correspondan al gasto autorizado.

3. Corresponderá al Rector el reconocimiento de obligaciones.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, los proveedores que hayan expedido una factura por servicios prestados o bienes entregados a la Universidad de Cádiz, tendrán la obligación de presentarla ante un registro administrativo, en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación de servicios. En tanto no se cumplan los requisitos de tiempo y forma de presentación establecidos en dicha Ley, no se entenderá cumplida esta obligación de presentación de facturas en el registro.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Universidad de Cádiz podrán expedir y remitir factura electrónica.

En todo caso, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda, las entidades siguientes:

a) Sociedades anónimas.

b) Sociedades de responsabilidad limitada.

c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española.

d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria.

e) Uniones temporales de empresas.

f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones,

Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

3. Con base en los convenios de adhesión formalizados por la Universidad de Cádiz con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Universidad de Cádiz podrán expedir y remitir factura electrónica mediante su presentación a través del Punto General de Entrada de

Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (Portal FACe).

En aplicación de la Disposición Transitoria Única de la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración

Pública de la Junta de Andalucía de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el uso de la factura electrónica en la

Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del sector público andaluz, la presentación por parte de los proveedores de sus facturas electrónicas a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, queda supeditada a la previa Resolución conjunta de la Dirección

General de Política Digital y de la Intervención General de Hacienda, en la que se establezca la fecha de implantación efectiva para las Universidades y su conexión con las aplicaciones informáticas de gestión económica de la Universidad de Cádiz.

4. Los proveedores y entidades con sede social en España que conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, se encuentren obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada, pero no puedan cumplir con este requisito por dificultades excepcionales de carácter técnico, podrán solicitar motivadamente a la correspondiente Unidad Tramitadora que habilite su presentación en soporte físico (papel) a través de un registro administrativo. A estos mismos efectos, la Universidad de Cádiz

podrá habilitar otros procedimientos administrativos electrónicos de carácter excepcional para la presentación y registro de las facturas que presenten este tipo de incidencias.

Con carácter excepcional, durante el año 2026, al objeto de contribuir a la implantación gradual de los trámites electrónicos correspondientes a la gestión de las facturas a través del punto general de entrada (FACe) o, subsidiariamente, del Registro Electrónico de la Universidad de Cádiz, los proveedores extranjeros (comunitarios y no comunitarios) que no puedan cumplir con este requisito por dificultades excepcionales de carácter técnico, especialmente derivadas de la no disponibilidad de una firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, podrán presentar su factura en formato distinto a la factura electrónica dirigiéndola a la Unidad

Tramitadora, debiendo proceder esta Unidad a su registro administrativo y posterior trámite contable. A estos mismos efectos, la Universidad de Cádiz podrá habilitar otros procedimientos administrativos electrónicos de carácter excepcional para la presentación y registro de las facturas que presenten este tipo de incidencias.

En los casos mencionados en los dos párrafos anteriores, corresponderá al Responsable de cada Administración (Unidad Tramitadora) prevista en el artículo 12 de las presentes Normas, aceptar o rechazar motivadamente las peticiones de los proveedores, dejando constancia de ello en el expediente contable de cara a cualquier consulta por parte de los órganos de fiscalización y control.

5. Quedan excluidas de la obligación de presentar facturas electrónicas, establecida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, aquellas emitidas por los proveedores cuyo importe sea de hasta 5.000 euros u otra cantidad inferior que en el futuro pueda establecer la legislación vigente. No obstante, será obligatorio el uso de la factura electrónica cualquiera que sea su cuantía para las entidades proveedoras que anteriormente hayan presentado una factura electrónica en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, dirigida a la Universidad de

Cádiz.

6. Las facturas electrónicas que se remitan a la Universidad de Cádiz deberán tener un formato estructurado y estar firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con los requisitos dispuestos en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

7. Los proveedores que conforme a lo regulado en la legislación vigente puedan optar por presentar sus facturas en formato físico (papel), a fin de agilizar su tramitación, preferentemente, lo harán ante el Registro General o

Registros Auxiliares de la Universidad de Cádiz.

El Registro de la Universidad de Cádiz denegará la anotación de la factura cuando, en la misma, falte alguno de los requisitos siguientes, informando del motivo de la denegación al presentador:

a) Oficina Contable.

b) Unidad Tramitadora.

c) Órgano Gestor.

d) Órgano Proponente.

8. Cuando un proveedor o su representante entregue personalmente o remita una factura a una Unidad de la

Universidad de Cádiz (Área de Economía, Administraciones, Órgano Gestor, Responsables de Unidades de Gasto u otras) diferente del Registro General, de los Registros Auxiliares o de los procedimientos administrativos electrónicos de carácter excepcional para la presentación y registro de las facturas a los que se hace mención en el presente artículo, se procederá a su devolución al proveedor informándole de la obligación de presentarla en un registro administrativo conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, entendiéndose no cumplida la obligación de presentación en tanto el proveedor no cumpla los requisitos de tiempo y forma regulados en dicha Ley.

9. Presentada la factura y efectuada su anotación en el registro administrativo correspondiente, el personal de esta Unidad Administrativa procederá a remitirla inmediatamente a la Administración asignada a la Unidad de

Gasto (Unidad Tramitadora). En el caso de las facturas electrónicas presentadas por los proveedores ante un punto general de entrada de facturas electrónicas con el que la Universidad de Cádiz tenga formalizado un

convenio de adhesión, la transmisión se llevará a cabo conforme a los procedimientos técnicos habilitados para su registro contable en la herramienta informática de soporte a la gestión económica.

10. En el ámbito de la Universidad de Cádiz actuarán como:

a) Oficina Contable: la Unidad que tenga asignadas las funciones de contabilidad del Área de Economía (Servicio de Contabilidad, Fiscalidad y Soportes Funcionales), como órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública.

b) Unidad Tramitadora: cada una de las Administraciones a las que hace referencia el Artículo 12 de las presentes Normas de Ejecución del Presupuesto.

c) Órgano Gestor: unidad de la estructura organizativa de la Universidad de Cádiz (Centros,

Departamentos, Vicerrectorados, Direcciones Generales, Servicios Centralizados, Áreas o Unidades

Administrativas) en la que se ubica el responsable de la Unidad de Gasto. A estos efectos, en el caso de

Proyectos y Contratos de Investigación, así como de subvenciones destinadas a fines específicos, el órgano gestor será el Departamento al que pertenezca el investigador principal o responsable de las actividades.

d) Órgano Proponente: Unidad de Gasto con cargo a cuyas dotaciones presupuestarias se realiza la entrega de los bienes o la prestación de servicios.

11. Las Administraciones autorizadas por la Gerente de la Universidad de Cádiz conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de las presentes Normas de Ejecución del Presupuesto, como Unidades Tramitadoras, registrarán contablemente las facturas y demás justificantes de gasto en la herramienta informática para la gestión económica UXXI-ECONÓMICO.

Las Unidades Tramitadoras verificarán que las facturas contienen los siguientes requisitos, rechazando las mismas para su subsanación en caso contrario:

1ª) Número de factura.

2ª) Fecha de expedición que deberá estar comprendida dentro del plazo aprobado para los proyectos o subvenciones recibidas.

3ª) Datos del Proveedor: Razón social, Número de Identificación Fiscal y domicilio fiscal.

4ª) Datos del Destinatario:

a) Universidad de Cádiz y Número de Identificación Fiscal de la Universidad.

b) Oficina Contable: Servicio de Asuntos Económicos.

c) Unidad Tramitadora: Administración asignada a la Unidad de Gasto.

d) Órgano Gestor: Unidad de la estructura organizativa de la Universidad de Cádiz en la que se encuentra la Unidad de Gasto (Centro, Departamento, Vicerrectorado, Dirección

General, Servicio Centralizado, Área o Unidad Administrativa).

e) Órgano Proponente: Unidad de Gasto (código y denominación) con cargo a cuyas dotaciones presupuestarias se realiza la entrega de bienes o la prestación de servicios.

5ª) Descripción: Describirá claramente el bien o servicio adquirido, así como el número de expediente de contratación, en su caso.

6ª) IVA: Tipo impositivo aplicado y cuota tributaria resultante, desglosada de la base imponible de la operación. Se especificarán las bases que se encuentren exentas o que tengan distinto tipo impositivo.

7ª) Fecha de prestación del servicio. Si es distinta a la fecha de expedición.

12. Conforme a lo estipulado por el artículo 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, las Administraciones a las que hace referencia el artículo 12 de las presentes Normas de Ejecución del Presupuesto (Unidades Tramitadoras):

a) Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes.

b) Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al Gabinete de Auditoría y Control

Interno.

13. En los pliegos de cláusulas de contratación administrativa se incluirá la identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, así como la identificación del órgano de contratación y del destinatario, que deberá constar en la factura correspondiente. A efectos de presentación de la factura, incorporará al menos la información correspondiente a los registros administrativos habilitados por la

Universidad para la presentación de facturas, oficina contable, órgano gestor, órgano proponente y Unidad

Tramitadora.

En el caso de contratos menores de adquisición de suministros y prestación de servicios, los Responsables de las

Unidades con cargo a cuyas partidas presupuestarias se atiende el gasto, comunicarán al proveedor los registros administrativos habilitados por la Universidad para la presentación de facturas, oficina contable, órgano gestor, órgano proponente y Unidad Tramitadora, así como el número del expediente contable de reserva de crédito expedido por la Administración (Unidad Tramitadora).

14. A requerimiento del proveedor, los registros administrativos habilitados por la Universidad de Cádiz entregarán una copia de la factura con la fecha de recepción de la misma. En caso que la presentación de la factura se realice por el proveedor a través de alguno de los Puntos Generales de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado o de la Junta de Andalucía con los que la Universidad de Cádiz tenga suscrito convenio, éste proporcionará un acuse de recibo electrónico con acreditación de la fecha y hora de presentación.

15. Preferentemente, los Responsables de las Unidades de Gasto formularán su conformidad a la tramitación de la factura o justificante de gasto con cargo a sus dotaciones presupuestarias mediante los procedimientos telemáticos habilitados por la Universidad de Cádiz.

Excepcionalmente, dicha conformidad podrá realizarse mediante firma manuscrita o certificación digital del responsable de la Unidad de Gasto sobre el modelo establecido a tal efecto por la Gerente de la Universidad de

Cádiz, mediante conformidad expresa sobre el cuerpo de la factura o justificante, indicando la expresión

“Conforme”, o a través de correo electrónico dirigido a la Administración que tengan asignada. En todos los casos, deberá quedar constancia de:

1ª) La fecha del día en que se firma.

2ª) Firma y pie de firma, con indicación de nombre y apellidos del responsable de la Unidad de Gasto.

16. En los contratos menores, el conforme de las facturas y justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad y precio de los bienes y servicios recibidos, así como a la comprobación de los cálculos en la factura.

17. Cuando proceda, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable en materia de contratos del sector público, se deberá elaborar y suscribir la correspondiente acta de recepción o certificación sustitutiva de ésta dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega de los bienes o servicios, a la cual se podrá incorporar la factura correspondiente, conformada en el mismo acto.

1. La ordenación del pago es el acto mediante el cual se expide, en relación con una obligación reconocida anteriormente, una orden de pago contra la tesorería de la Universidad.

2. La expedición de órdenes de pago con cargo al Presupuesto habrá de acomodarse al plan general que sobre disposición de fondos de la Tesorería se haya establecido por el Rector.

1. El pago material es el acto mediante el cual se satisfacen a los perceptores, a cuyo favor estuvieran expedidas las órdenes de pago, los importes que figuran en las mismas, produciéndose la salida de fondos de la tesorería de la Universidad, y determinando la cancelación de una determinada obligación reconocida anteriormente.

2. Los pagos podrán realizarse “en firme” o “a justificar”. La Gerente podrá determinar la calificación de pago urgente previa memoria explicativa del responsable de la Unidad de Gasto.

1. La Universidad de Cádiz podrá hacer el pago de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado. Se deberá expedir y entregar factura por las certificaciones de obra o los abonos a cuenta que se tramiten con anterioridad al cumplimiento total del contrato. En estos casos, se hará indicación expresa de esta circunstancia en las facturas correspondientes.

De conformidad con el artículo 198.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, la Universidad de Cádiz tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados.

2. El medio preferente de pago es la transferencia bancaria. En casos excepcionales y/o por razones de oportunidad se podrá utilizar el cheque nominativo o el pago en efectivo.

3. En su caso, el pago mediante tarjeta electrónica sólo se podrá realizar en los casos en los que así se autorice expresamente por el Rector.

1. A fin de agilizar el proceso de pago, en el ejercicio 2026 funcionarán las siguientes Cajas Habilitadas:

a) Área de Deportes.

b) Campus Bahía de Algeciras.

c) Campus de Cádiz.

d) Campus de Jerez.

e) Campus de Puerto Real.

f) Consejo Social.

2. A fin de agilizar el proceso de pago y adecuar el mismo a las necesidades de la estructura organizativa, la

Gerente podrá acordar la puesta en marcha de nuevas Cajas Habilitadas o modificar las existentes.

La finalidad de las Cajas Habilitadas es recibir los fondos que la Universidad de Cádiz le transfiera mediante anticipos para atender las necesidades de las Unidades de Gastos correspondientes.

1. El ejecutor de los pagos será en orden descendente:

a) El Administrador.

b) En ausencia del anterior, el Jefe de Sección que tenga encomendadas las funciones de gestión en materia económico presupuestaria y, en su ausencia, el Técnico que determine el Administrador.

c) En ausencia de los anteriores, en orden descendente, el Gestor Especialista y el Gestor de la

Administración que determine la Gerente a propuesta del Administrador.

d) En ausencia de los anteriores, el Decano o Director del Centro, Servicio o Instituto.

1. La situación de los fondos de los anticipos de las Cajas Habilitadas se hará en la entidad financiera que la

Gerente determine.

2. La disposición de fondos se efectuará con la firma indistinta, y en el mismo orden de prelación, de las personas autorizadas en el artículo anterior, preferentemente mediante órdenes de transferencias y subsidiariamente mediante cheques.

3. Deberán de figurar como firmas autorizadas el Administrador, el Jefe de Sección, Técnico, Gestor Especialista o Gestor que corresponda conforme a la organización para la ejecución de pagos autorizada por la Gerente. En caso que se estime necesario, podrán también figurar como firmas autorizadas el Vicerrector que corresponda y el Decano/Director del Centro, Instituto o Servicio.

4. La denominación de la cuenta será: Universidad de Cádiz y el nombre de la Caja Habilitada. El domicilio será el del Centro o Unidad Administrativa correspondiente.

5. La procedencia única de los fondos será la Universidad de Cádiz y los intereses que la cuenta produzca se ingresarán periódicamente en la cuenta de la Universidad que la Gerente determine.

1. A través de las Cajas Habilitadas se podrá hacer frente al pago de gastos menores, gastos domiciliados y otros previamente autorizados por el/la Gerente.

2. Se considerarán pagos de gastos menores los referidos a gastos corrientes en bienes y servicios, gastos periódicos o repetitivos, como los referentes a dietas, gastos de locomoción, conservación, tracto sucesivo y otros de similares características, material inventariable, de moneda extranjera, gastos de proyectos de I+D+i y otros de menor cuantía.

3. Para el año 2026, no podrán realizarse a través de las Cajas Habilitadas pagos de gastos menores individualizados cuyo importe sea superior a 5.000 euros, IVA incluido.

A los efectos de determinar si un gasto menor no supera el límite anterior, las Cajas Habilitadas tomarán como referencia el importe total (IVA incluido) que conste en la factura expedida por el proveedor o en el justificante del gasto, en su caso, con independencia del tratamiento posterior que se aplicará a la cuota devengada de IVA en el momento de su imputación presupuestaria, de acuerdo con los sectores diferenciados de la actividad de la

Universidad, así como de las retenciones que pudieran ser aplicables de conformidad con la legislación vigente.

En ningún caso podrán acumularse en un solo justificante pagos que se deriven de diversos gastos, ni fraccionarse un único gasto en varios pagos.

4. De acuerdo con lo regulado en el artículo 67 de las presentes Normas de Ejecución, excepcionalmente, la

Gerente podrá autorizar la domiciliación de un gasto en la cuenta corriente de una Caja Habilitada.

5. Los gastos menores individualizados que superen el límite previsto en el anterior apartado 3 deberán ser tramitados por las Administraciones de la Universidad de Cádiz como documentos contables de reconocimiento de la obligación (ADO), indicando la forma de pago a través de la Tesorería mediante pago directo al acreedor, quedando sometidos a las actividades propias de fiscalización que desarrolle el Gabinete de Auditoría y Control

Interno en cumplimiento de su Plan Anual de Control Interno.

6. El límite máximo de los fondos disponibles para el procedimiento de Anticipo de Caja Fija asignado a cada Caja

Habilitada de la Universidad de Cádiz será el siguiente:

a) Área de Deportes: 30.000 euros.

b) Campus Bahía de Algeciras: 60.000 euros.

c) Campus de Cádiz: 1.000.000 euros.

d) Campus de Jerez: 80.000 euros.

e) Campus de Puerto Real: 450.000 euros.

f) Consejo Social: 20.000 euros.

Se autoriza a la Gerente de la Universidad de Cádiz para adecuar los anteriores límites cuantitativos en función del volumen de los pagos atendidos por cada Caja Habilitada, así como a establecer las normas contables y administrativas necesarias para su gestión.

1. Las Cajas Habilitadas podrán disponer de existencias en efectivo destinadas al pago de gastos menores a 200,00 euros, siempre que los citados pagos no se encuentren sujetos a retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2. El saldo máximo que las Cajas Habilitadas podrán mantener en efectivo se establece en 500,00 euros.

3. Por parte de los Cajeros Habilitados se establecerán las medidas que consideren más adecuadas en cada

Unidad Administrativa con objeto de garantizar en todo momento la custodia de estas existencias en efectivo de carácter excepcional.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores del presente artículo, la Gerente podrá autorizar, con carácter excepcional, la existencia en efectivo y el pago en efectivo de importes superiores a los indicados.

1. En el funcionamiento de las Cajas se observará lo dispuesto en las normas aplicables al Sector Público, así como aquellas que se aprueben en desarrollo del presente artículo.

2. Se autoriza a la Gerente de la Universidad a establecer las normas contables y administrativas necesarias para el funcionamiento de las Cajas Habilitadas creadas por estas normas.

1. Corresponde al Rector la aprobación de las Cuentas Justificativas de la ejecución de los fondos transferidos a las Cajas Habilitadas.

2. Las Cuentas Justificativas se rendirán por los Cajeros Habilitados a la Gerente, a través del Área de Economía (Servicio de Presupuestos, Tesorería y Costes), con una periodicidad, al menos, mensual y, en todo caso, cuando así sea requerido por el Gabinete de Auditoría y Control Interno o por el propio Área de Economía.

La documentación a aportar será la siguiente:

a) Cuenta Justificativa generada por la herramienta informática para la gestión económica de la

Universidad de Cádiz (UXXI-ECONÓMICO) firmada por el Cajero Habilitado.

b) Anexo a la Cuenta Justificativa con las aplicaciones presupuestarias donde se han imputado los gastos y los pagos.

c) Relación de Justificantes de Gasto asociados a la Cuenta Justificativa. Dichos justificantes deberán contar con la conformidad o autorización expresa de los responsables de Unidad de Gasto previa al pago.

d) Relación de retenciones practicadas.

e) Extracto de la cuenta corriente correspondiente al período que se justifica, con el saldo en bancos a la fecha de la justificación, que constará del informe de conciliación bancaria y de arqueo de efectivo (con independencia de la existencia o no de fondos en metálico).

3. No se podrá realizar la reposición de fondos a una Caja Habilitada sin la validación previa por parte del Gabinete de Auditoría y Control Interno.

4. Los Cajeros Habilitados emitirán al término de cada trimestre natural del año un informe sobre el Estado de

Situación de Tesorería, no pudiendo recoger operaciones sin conciliar que generen diferencias entre el Saldo según Libros y el Saldo según Bancos, así como tampoco diferencias entre Cobros y Pagos, salvo que se justifiquen y acrediten documentalmente.

El plazo de presentación de cada informe será el comprendido entre los días 1 al 15 del mes siguiente, respecto al trimestre inmediato anterior, salvo que por ley o norma aplicable se establezca otro distinto.

1. No podrán autorizarse adelantos de cajero por importes superiores a 3.000,00 euros, excepto los destinados a atender pagos al exterior, así como aquellos otros debidamente motivados que con carácter extraordinario se autoricen por la Gerente de la Universidad de Cádiz.

2. En caso de que el destino del adelanto sea el pago anticipado de indemnizaciones por razón de servicio, la

Unidad Tramitadora deberá comprobar previamente que se cumplen los siguientes requisitos:

a. Responder a gastos susceptibles de anticipo en función de los requisitos regulados en la Sección Quinta

ANTICIPOS Y JUSTIFICACIONES del Reglamento de la Universidad de Cádiz sobre indemnizaciones por razón del servicio.

b. El perceptor haya justificado en su totalidad cualquier anticipo anteriormente solicitado.

c. La solicitud de adelanto de cajero deberá ir acompañada del documento rubricado por el responsable de la Unidad de Gasto, en el que se indique la finalidad, importe a pagar previo a la presentación de la factura y código del órgano proponente (clasificación orgánica) que asume el gasto, a efectos de que la

Unidad Tramitadora pueda realizar un Expediente de Reserva con objeto de garantizar a lo largo de los trámites la previa existencia de crédito adecuado y suficiente.

3. Los adelantos de cajero dispondrán de un plazo de justificación de 10 días naturales siguientes a la fecha de finalización de la comisión de servicio o actividad. Si transcurrido este plazo, el adelanto de cajero continuara sin justificar, deberá ser requerido al interesado y/o al Responsable de la Unidad de Gasto para su justificación inmediata o alegaciones.

Vencido este segundo plazo sin que se hubiese producido la justificación del adelanto, la Unidad Tramitadora dará traslado de esta incidencia a la Gerente de la Universidad de Cádiz, adjuntando la documentación pertinente.

La Gerente podrá efectuar un tercer requerimiento, concediendo un nuevo plazo para la aportación de la justificación y cierre del adelanto abonado, o, directamente, proceder a dar instrucciones para la compensación contable de la operación de adelanto con cargo al Expediente de Reserva existente, sin menoscabo de cualesquiera otras actuaciones complementarias.

4. A fin de agilizar el proceso de pago en situaciones de carácter excepcional, la Gerente podrá establecer las normas contables y administrativas necesarias para la concesión de adelantos de cajero.

Se podrá atender mediante adelanto de cajero efectuado directamente a favor de la entidad organizadora de congresos, jornadas, seminarios y actividades análogas, el pago anticipado de inscripciones de personal de la

Universidad de Cádiz, cuando las condiciones exijan dicho abono por parte de los participantes con carácter previo a la recepción de la factura o del preceptivo documento acreditativo.

5. En cualquier caso, todos los adelantos de cajero deberán estar justificados y cerrados antes de la fecha límite de cierre aprobada por la Gerente de la Universidad de Cádiz en las Instrucciones de Cierre del Ejercicio

Económico correspondiente.

1. Se consideran pagos a justificar todos aquéllos que se expidan a nombre de personas diferentes del acreedor y que, por tanto, no pueden ir acompañados de los documentos justificativos del gasto en el momento de su expedición y requieren una comprobación posterior del pago.

2. Procederá la expedición de órdenes de pago a justificar, además, cuando por razones de oportunidad u otras debidamente fundadas, se considere necesario para agilizar la gestión de los créditos.

3. Con cargo a los libramientos efectuados a justificar únicamente podrán satisfacerse obligaciones del ejercicio corriente.

4. Pueden solicitar mandamientos de pago a justificar quienes sean titulares, a título personal o en función de su cargo, de dotaciones presupuestarias aprobadas o créditos concedidos con destino específico.

5. La autorización para la expedición de los mandamientos de pago a justificar corresponde al Rector.

6. Los mandamientos de pago a justificar, excepcionalmente, se podrán autorizar para la atención de gastos menores y de pronto pago y, en general, para aquéllos que no sea posible justificar con anterioridad al pago. No obstante, no se autorizarán estos mandamientos de pago siempre que puedan ser atendidos a través de las Cajas

Habilitadas, salvo que se produzcan situaciones excepcionales que así lo aconsejen previo informe favorable de la Gerente.

7. Los perceptores de estas órdenes de pago deberán justificar la aplicación de las cantidades recibidas antes del 31 de diciembre, quedando obligados al estricto cumplimiento de todas y cada una de las normas que rigen la realización de gastos y pagos de esta naturaleza.

8. No se expedirán nuevos mandamientos de pago a justificar a un responsable de Unidad de Gasto en tanto no hayan sido justificados los anteriores, con las excepciones que se establezcan en el Manual de Gestión del Gasto o norma de aplicación.

El importe de las órdenes de pago que se expidan se abonará por transferencia a las cuentas corrientes que las respectivas Unidades de Gasto tengan autorizadas. Los intereses que, en su caso, produzcan los referidos fondos se ingresarán en la Tesorería de la Universidad de Cádiz con aplicación a los conceptos correspondientes de su presupuesto de ingresos.

9. Cuando al 31 de diciembre la justificación arroje un saldo a favor de la Universidad, éste deberá ingresarse en la cuenta corriente que determine la Gerente de la Universidad de Cádiz, presentándose el resguardo del ingreso como parte de la justificación, o incluyéndose como parte del importe de un nuevo mandamiento de pago a justificar que se solicite.

1. Las retribuciones del personal docente e investigador y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios, serán las que contiene la plantilla presupuestaria y su coste deberá ajustarse a los límites autorizados por la Comunidad Autónoma de Andalucía. La asignación individual de los complementos de productividad y por servicios de carácter extraordinario al personal técnico, de gestión y de administración y servicios, se efectuarán por resolución de la Gerente en los términos establecidos en la legislación y acuerdos vigentes en cada momento.

2. Cuando cualquier persona de la Universidad colabore internamente de forma ocasional en cursos, conferencias, ponencias, etc., se le indemnizará en las condiciones previstas en la normativa que sea aplicable por razón de la materia, y se justificará aquella colaboración mediante la liquidación razonada que formulará el responsable de la actividad.

artículo 60 de la LOSU y otros convenios, contratos, proyectos de investigación, etc.).

1. El personal docente e investigador que suscriba contratos de investigación (trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación) en virtud del artículo 60 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, percibirá las retribuciones de acuerdo con lo previsto en el Reglamento para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico en colaboración con otras entidades o personas físicas.

2. La cantidad máxima que podrá percibir anualmente un profesor universitario a cargo de trabajos de esta naturaleza será la que en cada momento establezcan las disposiciones legales por razón de la materia. Conforme a lo estipulado en el Real Decreto 1930/1984, de 25 de agosto, modificado por el Real Decreto 1450/1989, el personal docente e investigador podrá ser retribuido por estos contratos anualmente por una cantidad que no podrá exceder del resultado de incrementar en el 50 por 100 la retribución anual que pudiera corresponder a la máxima categoría docente-académica en régimen de dedicación a tiempo completo por todos los conceptos retributivos previstos en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del Profesorado universitario.

3. Las retribuciones del personal técnico, de gestión y de administración y servicios que participe en dichos convenios, contratos o proyectos se harán efectivas mediante abono en concepto de retribución extraordinaria.

Corresponde formular la propuesta razonada y la liquidación de dichas retribuciones al investigador principal, con la conformidad de la Gerente de la Universidad de Cádiz.

Los cargos académicos específicos establecidos por la Universidad se asimilarán, a efectos retributivos, a alguno de los contenidos en el artículo 2.3.b) del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto.

Se entiende por subvención toda disposición gratuita, y sin una contraprestación obligatoria, de fondos de la

Universidad concedida a favor de personas o Entidades públicas o privadas, para fomentar una actividad de utilidad o interés de la Universidad, relacionada con los fines y funciones que la Universidad tiene atribuidos por la Ley Orgánica del Sistema Universitario y por sus propios Estatutos, en el ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).

En aplicación del artículo 18 de la LGS, la Universidad de Cádiz remitirá a la Base de Datos Nacional de

Subvenciones información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en su artículo 20.

Así mismo, conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, esta información deberá publicarse de forma activa en el Portal Institucional de la Universidad de Cádiz.

1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones por parte de la Universidad de Cádiz será mediante el régimen de concurrencia competitiva, entendida como el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, adjudicándose, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

2. No obstante, podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

a) Las previstas nominativamente en el Estado de Gastos del Presupuesto de la Universidad de Cádiz, con mención expresa, al menos, a su dotación presupuestaria, el beneficiario y objeto de la subvención.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Universidad de Cádiz por una norma de rango legal.

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública por parte de la Universidad de Cádiz.

3. En cualquier caso, no se considerará gasto subvencionable el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

recuperable por el ente subvencionado.

1. En el Presupuesto de la Universidad de Cádiz podrán dotarse cantidades alzadas, globales e indeterminadas, que se integrarán en los capítulos 4 o 7 del Estado de Gastos del Presupuesto, según se destinen a financiar operaciones corrientes o de capital respectivamente por sus futuros beneficiarios, que a su vez habrán de incluirse en los programas internos a que se asignen.

Estas subvenciones deberán ser posteriormente individualizadas y concedidas por los órganos competentes, de acuerdo con el procedimiento que en esta norma se establece, y siempre dentro del régimen de concurrencia competitiva.

2. Cuando no existan bases reguladoras previamente establecidas, los órganos convocantes, antes de adoptar los acuerdos de concesión, tendrán que fijar aquéllas que vayan a aplicarse a la misma; tales bases habrán de ser sometidas con carácter previo a informe del Gabinete Jurídico de la Universidad y se harán públicas. La publicación puede limitarse al ámbito específico de los beneficiarios potenciales cuando sean miembros de la comunidad de la Universidad de Cádiz.

3. Las bases reguladoras tienen que fijar como mínimo:

a) La definición del objeto de la subvención.

b) Los requisitos que han de cumplir los beneficiarios para obtener la subvención o la ayuda, así como la forma de acreditar dichos requisitos.

c) El plazo y la forma en que los beneficiarios justificarán el cumplimiento de la finalidad para la que se le concede y la aplicación de los fondos.

d) La forma de conceder la subvención.

e) La obligación de los beneficiarios de suministrar toda la información requerida por las unidades administrativas encargadas del control.

f) Las causas de reintegro.

1. Las subvenciones directas nominativas deberán figurar en los respectivos capítulos y programas del

Presupuesto con su cuantificación definitiva, con designación de sus perceptores o beneficiarios y determinación de la finalidad a que deben destinarse.

2. La concesión y pago de estas subvenciones tendrá carácter automático, sin perjuicio de la exigencia del cumplimiento de las obligaciones generales que en estas normas se contienen y las que se fijen con carácter particular para cada supuesto concreto.

3. Se consideran subvenciones nominativas, entre otras, las siguientes:

a) Subvenciones a las delegaciones o representaciones estudiantiles reglamentariamente elegidas, para el desarrollo de sus actividades universitarias, culturales y de representación y aquellas otras que se hallen directamente relacionadas con el estudio y la formación integral de los estudiantes. Estas subvenciones no podrán destinarse a la financiación de gastos de infraestructura y de material inventariable, para lo que será necesario la autorización expresa del Vicerrector/a con competencias en materia de estudiantes.

Los pagos de los gastos realizados con cargo a estas subvenciones se realizarán con observancia del procedimiento general del gasto establecido.

b) En general, todas aquellas concesiones configuradas nominativamente que no revistan específicamente el concepto de beca o bolsa de estudios o de viaje y que no tengan el carácter de indemnización, ayuda social reglamentaria o pago de contraprestaciones recibidas.

1. Se podrán conceder subvenciones directas con carácter excepcional cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

2. La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables.

1. El Rector es el órgano competente para otorgar subvenciones en nombre de la Universidad de Cádiz. No obstante, se faculta a los Vicerrectores y Delegados del Rector para otorgar subvenciones dentro de sus respectivas competencias y disponibilidades presupuestarias.

2. Las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y directas, podrán ser dispuestas, en cualquier momento, por los responsables de los Programas Propios o Subprogramas a los que se encuentren asignadas, sin perjuicio de la observancia del procedimiento general de gasto.

3. En el supuesto de que por los órganos colegiados de gobierno de la Universidad de Cádiz se estime necesario el otorgamiento de una subvención para la que no existiere dotación presupuestaria, sólo podrá iniciarse el expediente, previa la correspondiente modificación presupuestaria, tramitada y aprobada por los procedimientos y por los órganos competentes establecidos en la presente Norma.

1. Para la disposición de las subvenciones, sus beneficiarios elaborarán y dirigirán al responsable de la concesión la correspondiente solicitud, acompañada de una Memoria en la que se detallen las acciones, actividades o destino concreto que proyectan dar a la subvención. El responsable de la concesión dictará, en su caso, la

correspondiente resolución de otorgamiento, en la que podrán establecerse las condiciones, prescripciones posibles, remuneraciones, plazos y forma de justificación, y cuantas orientaciones sean necesarias para garantizar el destino y control de los fondos concedidos.

2. El otorgamiento de las subvenciones, deberá estar presidido, siempre que la naturaleza y destino de la subvención lo haga viable, por los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. Para ello, cuando haya de elegirse entre varios posibles beneficiarios/as, se procederá a la publicación de la correspondiente convocatoria que contendrá las bases reguladoras de la concesión.

Las personas o Entidades que demanden la concesión de la subvención deberán solicitarlo, adjuntando a su solicitud, al menos, la siguiente documentación:

a) Memoria de actividades realizadas anteriormente.

b) Proyecto detallado de la obra o actividad para la que solicita la ayuda, en el que se justifique la necesidad y la aplicación de la misma.

c) Presupuesto en el que se desglose y detalle, en su caso, los ingresos y gastos que exigirá la obra o actividad para los que se pida la subvención.

d) Declaración y justificación, en su caso, de que se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social.

En el supuesto de que no proceda la convocatoria pública para la concesión y efectividad de una subvención, deberán mediar, en todo caso, la solicitud y memoria a que se aludía en el párrafo primero del presente artículo y la resolución del órgano que se considere competente de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior y con el contenido que se ha fijado para las subvenciones nominativas.

3. Cuando la concesión de la subvención derive del cumplimiento de un Convenio institucional o de un acuerdo previo adoptado específicamente por los órganos colegiados de gobierno de la Universidad para esta finalidad, podrá prescindirse de los trámites antes indicados.

4. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones y 123 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las subvenciones concedidas se publicarán trimestralmente con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, la persona o entidad beneficiaria, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades de la subvención a través del Portal de la Transparencia, salvo aquellas cuya publicación estuviera excluida por la Ley.

1. Los beneficiarios de las subvenciones están obligados a:

a) Realizar y finalizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamente la concesión de la subvención.

b) Acreditar ante el órgano concedente de la Universidad la realización de la actividad o la adopción del comportamiento, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o el disfrute de la ayuda y que el importe de la subvención se ha invertido en la actividad para la que se había concedido.

c) Justificación documental de los gastos realizados ante el órgano concedente de la subvención o ayuda.

A estos efectos el citado órgano puede pedir todos los documentos justificativos que considere necesarios para comprobar la aplicación de la subvención.

d) Permitir las actuaciones de comprobación que la Universidad eventualmente pudiera realizar y facilitar la información precisa.

e) Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvenciones, en los términos establecidos en la propia convocatoria.

2. Los beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por la Universidad de Cádiz deberán acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión de las mismas y, en todo caso, antes de la realización del pago, que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la

Seguridad Social, en la forma que se determina en la normativa vigente. A efectos de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95.3 de las presentes Normas, en los casos que así se requiera, se aportará por el destinatario certificación o declaración jurada de no estar sujeto a liquidación por IVA deducible.

1. La aplicación de los fondos concedidos deberán ser justificada en el plazo que se fije en cada caso en la convocatoria o en la resolución de otorgamiento, o, en su defecto, dentro del trimestre siguiente al de la finalización de la actividad si de una actuación concreta se tratase, o dentro del primer trimestre del año siguiente al de la concesión de la subvención, si se tratase de actividades a realizar indeterminadamente a lo largo del año.

2. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará mediante cuenta justificativa del gasto realizado.

3. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.

1. La Universidad de Cádiz, a través del Gabinete de Auditoría y Control Interno, podrá ejercer las funciones de control financiero sobre las entidades que hayan sido subvencionadas con el fin de verificar la correcta aplicación de los fondos.

2. Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas, en los siguientes casos:

a) Haber obtenido la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

b) Por incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.

c) Por incumplimiento de la obligación de justificación.

3. Las cantidades concedidas no aplicadas se reintegrarán al Presupuesto de la Universidad de Cádiz.

1. La contratación de la Universidad de Cádiz se realizará orientada hacia la eficiencia en el gasto público y el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad, no pudiendo celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales.

2. La Universidad programará la actividad de contratación pública que desarrollará en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa, que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada.

3. Para efectuar un contrato, cualquiera que sea su importe, los responsables de las Unidades de Gasto deberán cumplir los requisitos y seguir el procedimiento establecido por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 febrero de 2014 (LCSP), las presentes Normas de

Ejecución del Presupuesto y las instrucciones de interpretación y aplicación en la Universidad de Cádiz que al efecto se dicten por los órganos universitarios en el ámbito de sus competencias.

4. Los responsables de las distintas Unidades de Gasto quedan autorizados para efectuar directamente, con cargo a los créditos a ellos asignados, contratos menores de adquisición de suministros y prestación de servicios, según los importes y requisitos establecidos en los artículos siguientes, así como contratos basados en los acuerdos marco que la Universidad de Cádiz suscriba, conforme a los procedimientos que en ellos mismos se establezcan.

5. Igualmente, los responsables de las distintas Unidades de Gasto quedan autorizados para efectuar directamente, con cargo a los créditos a ellos asignados, contratos menores de ejecución de obra de importe igual o inferior a 5.000 euros, IVA incluido, según los requisitos establecidos en los artículos siguientes, siempre que cuenten con la previa autorización por escrito del Rector, u órgano de gobierno con competencias en

Infraestructuras en quien delegue, a la vista del preceptivo informe técnico del Área de Infraestructuras de la

Universidad de Cádiz, y sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas específicas así lo requieran.

6. Como medida de racionalización y eficiencia en la contratación, la Universidad realizará los estudios técnicos tendentes a centralizar los suministros o servicios que se contraten de forma general y con características esencialmente homogéneas por las diferentes Unidades de Gasto. La declaración de contratación centralizada de un bien o servicio se realizará por Resolución del Rector, a propuesta de la Gerente.

7. La Universidad de Cádiz podrá adjudicar acuerdos marco dentro de su ámbito, o adherirse a los acuerdos marco y centrales de compras de otras administraciones públicas, previo convenio de adhesión firmado con dichas entidades según la legislación vigente. Los acuerdos marco y convenios de adhesión en vigor, así como el procedimiento para su uso, serán publicados en el Perfil de contratante de la Universidad.

La existencia de un acuerdo marco en vigor cuyo objeto sea la ejecución de obras, la adquisición de suministros o la prestación de servicios, implicará que, en caso de optarse por la celebración de contratos menores al amparo del artículo 105 de las presentes Normas de Ejecución con un proveedor distinto a los adjudicatarios de dicho acuerdo marco, deberá acreditarse en el expediente que el presupuesto obtenido es de una cuantía inferior (IVA excluido) al establecido en el catálogo del Acuerdo Marco o bien corresponde a algún producto/servicio que no esté incluido en el mismo o así se autorice por la Gerente por motivos de interés público a la vista de la justificación aportada por el órgano proponente.

8. En los contratos de suministros y de servicios con presupuesto limitativo, en los cuales el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de entregas o prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar éste, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la Universidad de Cádiz, deberá aprobarse un presupuesto máximo.

En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente modificación. A tales efectos, habrá de preverse en la documentación que rija la licitación la posibilidad de que pueda modificarse el contrato como consecuencia de tal circunstancia, en los términos previstos en el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público. La citada modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.

9. Los responsables de Unidades de Gasto no podrán iniciar la gestión de contratación alguna, independientemente de su importe, si se carece del crédito presupuestario autorizado, adecuado y suficiente, para atender el gasto en el ejercicio que proceda. A tales efectos, se entiende que existe crédito adecuado y suficiente siempre que en el expediente de contratación obre el documento contable de retención de crédito para gastar o apertura de Expediente de Gasto tramitado por la Administración tramitadora de la Unidad de

Gasto en el caso de contratos menores.

Excepcionalmente y previa autorización por la Gerencia, se podrá sustituir el documento anterior por la certificación de existencia de crédito adecuado y suficiente, firmado por el responsable de la Unidad de Gasto, bajo su responsabilidad y en el modelo que a estos efectos la Universidad de Cádiz tenga establecido.

10. De conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el expediente de contratación se justificarán los criterios de solvencia técnica o profesional, económica y

financiera, los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato y las condiciones especiales de ejecución del mismo.

De acuerdo con los principios de publicidad y transparencia de los procedimientos de contratación, no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores y libertad de acceso a la contratación pública, para la determinación de los criterios de solvencia y adjudicación del contrato se tendrán en cuenta, entre otros criterios:

a) La justificación por parte del órgano proponente del contrato de los motivos por los que se eligen los criterios de adjudicación y por qué permitirán evaluar las propuestas de manera que se consiga la mejor oferta ajustada al interés público.

b) La ponderación de cada criterio de adjudicación y las reglas de valoración que se aplicarán se determinarán de manera que todos los licitadores puedan conocer el método de valoración a la hora de preparar sus ofertas.

c) Se justificarán las condiciones de solvencia, de forma que se exprese con claridad la proporcionalidad entre las condiciones exigidas y el objeto del contrato.

d) El contenido de las especificaciones técnicas será acorde con el objeto del contrato y atenderán las especificidades de las necesidades que se pretenden satisfacer a través del mismo.

11. Los responsables de las Unidades de Gasto y demás participantes en la contratación pública cuidarán que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto base de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados, evitando la utilización de estimaciones no basadas en metodologías sólidas. Con este objetivo, con carácter general, se fomentará:

a) Incluir en los expedientes un estudio económico que justifique detalladamente el cálculo del valor estimado del contrato, indicando los métodos que se utilizaron para determinarlo, con un grado de desglose suficiente que permita conocer la valoración de los distintos componentes.

b) Detallar los parámetros y valores que permitirán apreciar el carácter anormal o desproporcionado de las ofertas.

c) Especificar en los pliegos parámetros objetivos en función de los cuales se considera que la proposición no puede ser cumplida.

d) Cuando sea posible, se utilizarán métodos de consulta al mercado de forma transparente, con su publicación en el Perfil de Contratante de la Universidad de Cádiz.

1. De conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), son contratos menores:

a) Aquéllos referidos a ejecuciones de obras de valor estimado inferior a 40.000 euros, excluido el

Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente.

b) Aquellos referidos a adquisiciones de suministros y contratos de prestación de servicios de valor estimado inferior a 15.000 euros, IVA excluido, correspondientes a la contratación destinada a servicios generales, docencia e infraestructuras, con independencia de la partida presupuestaria a la que se impute el gasto y, en cualquier caso, a aquellos que no cumplan los requisitos del apartado siguiente.

c) Aquellos referidos a adquisiciones de suministros y prestación de servicios de valor estimado inferior o igual a 50.000 euros, IVA excluido, que vayan destinados a actividades de investigación,

transferencia del conocimiento e innovación. En la ejecución de estos gastos se estará a lo dispuesto en la Instrucción UCA/I01GER/2019, de 12 de febrero de 2019, por la que se dicta el procedimiento para la gestión de la contratación de carácter menor de servicios y suministros destinados a actividades de investigación, transferencia e innovación, o aquella que la sustituya.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 29.8 de la LCSP, los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

3. El procedimiento que se establece en el presente artículo de las Normas de Ejecución será de aplicación a todas las Unidades de Gasto de la Universidad de Cádiz que deseen realizar cualquier pedido de material fungible o inventariable, encargo de servicio, contrato de ejecución de obra, o cualquier otra prestación con un tercero externo la cual tenga la consideración de contrato menor, tanto por su importe como por su duración.

4. La característica del contrato menor la determina tanto el umbral del importe que para dicho objeto se precisa, como el período máximo que puede alcanzar la prestación. Por lo tanto, y a fin de calificar adecuadamente un contrato, se deberá atender al valor estimado del mismo.

Para ello, en el caso de suministros o de servicios que tengan un carácter de periodicidad, o de contratos que se deban renovar en un período de tiempo determinado, en atención al artículo 101 de la Ley de Contratos del

Sector Público se podrá tomar como base para el cálculo del valor estimado del contrato el importe real total de los contratos sucesivos similares adjudicados durante el ejercicio precedente o durante los doce meses previos, ajustado, cuando sea posible, en función de los cambios de cantidad o valor previstos para el período que se desea contratar.

Igualmente, si el período de la prestación previsto o programado es superior al año, deberá tramitarse a través del procedimiento que resulte procedente en función de sus características, pero no a través del menor.

5. Para cada obra, servicio o suministro menor debe existir la reserva previa del crédito presupuestario adecuado y suficiente a través de la expedición del expediente contable, el informe de motivación de la necesidad en los términos que expresa el apartado 6.3 del presente artículo, junto con la incorporación de la factura, que hará las veces de documento contractual cuando no exista formalización

En el contrato menor de obras, deberá añadirse a la factura el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de supervisión a que se refiere el artículo 235 de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

Será necesaria la formalización del contrato menor cuando, por la naturaleza de la prestación, exista interés manifiesto por parte de la Universidad de Cádiz y, en especial, del responsable de la Unidad que soporte el gasto, o cuando el presupuesto del proveedor no contemple todas las obligaciones exigibles pactadas. En cualquier caso, será obligatoria la formalización de las obras menores de importe superior a 20.000 euros, IVA excluido.

No se firmarán en nombre de la Universidad de Cádiz documentos contractuales ajenos, salvo cuando se trate de un formato oficial establecido por entidad pública competente, o previa revisión de la idoneidad del clausulado por la administración correspondiente.

6. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público, se establece el siguiente procedimiento para la formalización de contratos menores de obras, servicios y suministros de la

Universidad de Cádiz:

6.1. Con carácter previo a la realización de un pedido, los responsables de las Unidades de Gasto deberán realizar, en todo caso, el trámite de solicitud de la reserva de crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender el pago del mismo. Dicha solicitud se realizará a través de trámite electrónico, mediante la herramienta informática que disponga la Universidad de Cádiz en cada momento.

6.2. La solicitud podrá tener dos finalidades:

a) Petición de expediente contable para gestión del pedido por la Unidad de Gasto, sin formalización expresa del contrato.

b) Petición de expediente contable y formalización de contrato menor por la administración tramitadora, debido a la naturaleza de la prestación y condiciones de ejecución que deban quedar acreditadas.

6.3. La petición deberá incorporar:

i. Con carácter general y, en todo caso, para los contratos menores de todo tipo cuyo valor estimado sea superior a 5.000 euros (IVA excluido), informe del responsable de la Unidad de Gasto, motivando de forma suficiente y concreta la necesidad del contrato de obra, suministro o servicio, y la aprobación del gasto según modelo establecido al efecto. En dicho informe se hará constar expresamente que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, así como la ausencia de conflicto de intereses en el contrato propuesto.

En los contratos menores de obras, suministros y servicios cuyo valor estimado no exceda de 5.000 euros, IVA excluido, y su abono se realice a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores (Pagos Directos o

Mandamientos de Pagos a Justificar), no será necesaria la emisión del informe del responsable de la Unidad de Gasto indicado en el párrafo anterior, debiéndose observar, sin perjuicio de ello, las mismas reglas generales que rigen en el párrafo anterior y establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público. Esto será de aplicación igualmente a los contratos menores de servicios o suministros destinados a investigación, I+D o Transferencia del apartado 1.c) de este artículo cuyo valor estimado no exceda de 5.000 euros, IVA excluido.

ii. En el supuesto de que un organismo financiador u órgano de fiscalización y control requiera la emisión de una memoria justificativa de la necesidad del contrato de obra, suministro o servicio, así como que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, a la vista del contenido del informe previo emitido por el responsable de la Unidad de Gasto regulado en los epígrafes i y ii anteriores, se emitirá una declaración responsable firmada por el órgano de contratación que corresponda.

iii. Presupuesto seleccionado, donde figure el NIF de la empresa, nombre, descripción suficiente, importe reflejando la partida de IVA, garantía y plazo de entrega.

Si no se adjunta presupuesto, deberá aportar en todo caso la información necesaria para poder hacer la reserva de crédito con todos los datos precisos. No obstante, el presupuesto será obligatorio en todas aquellas propuestas que precisen la formalización de contrato por interés de la Institución.

La tramitación de contratos menores de importe superior a 10.000 euros, IVA excluido, deberá contar necesariamente de tres presupuestos de empresas capacitadas o acreditación de su solicitud, salvo que por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva el contrato sólo pueda encomendarse a un empresario determinado, conforme con los requisitos que la legislación establezca en relación a esta materia, debiéndose constatar y acreditar de forma clara e irrefutable en el expediente que concurre dicha exclusividad.

iv. En el caso de obras, deben adjuntar el informe de viabilidad de las mismas emitido por el Área de Infraestructuras.

v. El contrato deberá incluir necesariamente el plazo de duración o ejecución del mismo.

En cualquier caso, constará en el registro del pedido los datos que según la Ley de

Contratos del Sector Público deberán publicarse con carácter trimestral en aquellos menores de importe igual o superior a 5.000 euros, o importe inferior si su abono se realiza a través de pago directo.

6.4. La solicitud será gestionada por la Administración tramitadora, que comprobará que se acompaña la motivación de la necesidad, declaración de no división del objeto del contrato, idoneidad del gasto según la partida aprobada por el solicitante, así como cualquier otro dato que resulte imprescindible para la correcta reserva del expediente.

6.5. En caso de detectarse por la Administración tramitadora que falta cualquier información o documentación de carácter necesario para la gestión, se lo comunicará al solicitante a la mayor brevedad, a fin de que pueda subsanar su petición, o bien, darle otro curso en función de la necesidad y el procedimiento que corresponda.

6.6. Comprobada la corrección de todos los datos, a través de la misma herramienta de solicitud se confirmará el número de expediente contable y, en su caso, del contrato menor resultado de su petición, el cual se deberá suministrar al contratista para su debida inclusión en la futura factura, una vez realizados los trabajos. Dicho expediente será necesario antes de formalizar cualquier encargo, salvo aquellos casos que, conforme a una disposición normativa, sean autorizados por el Rector.

7. No se tramitará a través del procedimiento del apartado 6 del presente artículo la contratación que no tenga carácter menor, y en todo caso, los siguientes supuestos:

a) Los encargos que respondan a contratos basados en un Acuerdo Marco, que seguirán el procedimiento que para ellos se contemple, si bien, deberán contar en todo caso con el preceptivo

Expediente de Reserva de la partida presupuestaria antes de su formalización efectiva.

No obstante, en el caso del “Acuerdo Marco para la Contratación de los Servicios de Agencia de

Viajes de la Universidad de Cádiz” (AMAV), se exime de la obligación de realizar Expediente de

Reserva económica previa en la gestión de estos servicios cuando el importe sea inferior o igual a 5.000 euros, IVA incluido, entendiéndose que para tal gestión la Unidad de Gasto que asumirá la factura siempre deberá contar con crédito adecuado y suficiente con carácter previo a la conformidad a la Agencia para la contratación de los servicios. En caso de que el servicio total presupuestado sea mayor a 5.000 euros, IVA incluido, deberá remitirse a la Agencia el oportuno número de Expediente de Reserva contable en la partida presupuestaria a la que se imputará la factura.

Igualmente, en el caso del “Acuerdo Marco para proveedores de bienes de carácter bibliográficos con destino a la Universidad de Cádiz”, se exime de la obligación de realizar Expediente de Reserva económica previa en la gestión de estos suministros cuando el importe sea inferior o igual a 500 euros, IVA incluido, entendiéndose que para tal gestión la Unidad de Gasto que asumirá la factura siempre deberá contar con crédito adecuado y suficiente con carácter previo a la contratación de los suministros.

b) La contratación de conferenciantes, formadores, ponentes, etc. siempre y cuando sean personas físicas. Para acreditar su contratación bastará el nombramiento o designación por autoridad competente.

c) Los pagos correspondientes a servicios o suministros prestados por los concesionarios de las explotaciones de cafetería, comedor, reprografía e impresión y papelería, si las prestaciones facturadas corresponden a las contempladas en su contrato.

d) Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general.

e) Pagos de las tarifas correspondientes a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

f) Los pagos realizados en aplicación de los compromisos según convenios debidamente suscritos en base al Reglamento por el que se regula el procedimiento a seguir para la aprobación, firma y seguimiento de convenios a suscribir por la Universidad de Cádiz.

g) Los gastos en combustible y los desplazamientos en taxis y otros medios de locomoción, así como parking o peajes.

Aquellos gastos de desplazamiento y alojamiento que, como consecuencia de una comisión de servicios se realicen directamente por el interesado y cuya factura sea emitida a su nombre y NIF (nunca a nombre y CIF de la Universidad), por importe inferior al ofertado por las agencias de viaje incluidas en el acuerdo marco vigente, debidamente documentado, serán abonados directamente al comisionado junto con la declaración y liquidación de gastos que corresponda en concepto de indemnización por razón del servicio.

h) Pagos por contratos de suministros básicos de electricidad, agua, gas.

i) La prestación de servicios por parte de la Fundación Universidad de Cádiz (FundUCA) previstos en los encargos a medios propios personificados regulados en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sean éstos facturados en concepto de compensación tarifaria o por los servicios prestados a terceros pero abonados por la Universidad de Cádiz conforme con lo establecido en los Planes de formación del personal, Programas de internacionalización, Programas institucionales en el ámbito de la docencia e investigación, convenios u otros acuerdos suscritos.

j) Las inscripciones a congresos, jornadas, seminarios y actividades análogas, cuando el pago lo realice directamente el interesado. Por tanto, no estarán recogidas en esta exclusión las inscripciones cuyo pago sea realizado mediante intermediarios (agencias de viajes o empresas de servicios similares).

8. En atención a las medidas de agilidad y flexibilización de la contratación menor, así como de los principios de eficiencia y eficacia, sin que ello pueda suponer menoscabo del fomento del principio de competencia, se podrán adquirir suministros y servicios por importe inferior a 50 euros, IVA excluido, sin solicitud previa de reserva de crédito, siempre que su pago se tramite a través de anticipo de caja fija o directamente por el interesado para su posterior reembolso. En ambos casos, no se tramitará el contrato a través del procedimiento del apartado 6 del presente artículo, siendo opcional la tramitación previa o posterior de la reserva de crédito, pudiendo registrarse directamente la factura justificativa con cargo a la partida presupuestaria adecuada y suficiente que determine el responsable de la Unidad de Gasto. En ningún caso, esta excepción exime al responsable de la

Unidad de Gasto de la obligación de no alterar el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación establecidas en la LCSP.

9. Independientemente de su consideración como contrato menor, las empresas deberán estar facultadas para contratar con la Administración, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, contando con la necesaria capacidad de obrar y la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Cualquier

Administración (Unidades Tramitadoras) de las previstas en el artículo 12 de las presentes Normas podrá solicitar la documentación acreditativa de tales condiciones, así como de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración señaladas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Asimismo, de conformidad con el artículo 43.1.f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las empresas deberán aportar, en caso de requerimiento, certificado específico de la Agencia Tributaria a los efectos de no resultar exigible a la Universidad de Cádiz la responsabilidad subsidiaria prevista en el citado precepto por la contratación de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministro y servicios.

10. Según lo establecido en la Disposición Adicional Novena de la Ley de Contratos del Sector Público, podrán realizarse conforme a las normas del contrato menor la suscripción a revistas y otras publicaciones y la contratación de acceso a la información contenida en bases de datos especializadas, cualquiera que sea su cuantía siempre que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada. Dichas adquisiciones se realizarán conforme al Reglamento de Biblioteca de la Universidad de Cádiz vigente.

11. La Universidad de Cádiz cumplirá, a través de su Perfil de Contratante, todas las obligaciones que puedan venir impuestas por la legislación vigente en cuanto a publicidad de su actividad contractual. Por parte de la

Gerente se establecerán los requisitos y procedimientos para el registro centralizado en el citado Perfil, con carácter trimestral, de la relación de su contratación menor de importe igual o superior a 5.000 euros, IVA incluido, o de importe inferior a dicha cantidad si no se corresponde a pagos tramitados a través de las Cajas

Habilitadas, indicando su número de expediente, objeto, duración, el importe de adjudicación (excluido el

Impuesto sobre el Valor Añadido), y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario. Igualmente, serán accesibles a través del Portal de Transparencia de la Universidad de Cádiz.

12. Por parte de la Gerente se dictarán las instrucciones encaminadas a establecer los requisitos y procedimientos para el registro de todos los contratos en la herramienta informática para la gestión económica

UXXI-Económico que permita la rendición de información de contratación administrativa periódica ante otros organismos, conforme a la legislación que sea de aplicación, especialmente:

a) A la Cámara de Cuentas de Andalucía en cumplimiento de la Resolución de 26 de julio de 2023, de la

Presidenta de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 20 de junio de 2023, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, sobre los procedimientos para la rendición telemática de las cuentas de las Universidades Públicas Andaluzas, así como para la remisión telemática de la información sobre la contratación y convenios formalizados por las Universidades Públicas

Andaluzas (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 145 de 31 de julio de 2023).

b) Al Registro de Contratos del Sector Público, de acuerdo con las condiciones y trámites regulados en el artículo 346 de la Ley de Contratos del Sector Público.

1. Los expedientes de contratación deberán abarcar la totalidad del objeto del contrato y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para ello.

2. No podrá fraccionarse un contrato con objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad, el procedimiento o la forma de adjudicación que corresponda.

3. Para determinar la cuantía de un contrato se deberá estar a las reglas contempladas en el artículo 101 de la

Ley de Contratos del Sector Público, debiendo tener presente los límites de la contratación menor según el procedimiento que la Universidad de Cádiz tenga establecido al efecto.

4. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, salvo cuando existan motivos válidos, conforme al artículo 99 de la Ley de Contratos del Sector Público y que deberán justificarse debidamente en el expediente.

1. La Universidad de Cádiz programará su actividad de contratación pública a desarrollar a lo largo del ejercicio presupuestario o con carácter plurianual, con la finalidad de:

a) Racionalizar la contratación con el objetivo de mejorar los niveles de eficiencia, la economía de medios y la transparencia.

b) Suministrar información anticipada sobre las licitaciones previstas a los efectos de facilitar la planificación por parte de los potenciales licitadores.

c) Promover la concurrencia y fomentar la competencia.

d) Reducir, en la medida que sea posible, la formalización de contratos menores que puedan corresponder a necesidades recurrentes y previsibles.

2. La Universidad de Cádiz dará a conocer su plan anual de contratación mediante un anuncio de información previa que tendrá carácter indicativo y no vinculante, no suponiendo la obligación de licitar todos los contratos relacionados ni en las condiciones indicadas.

3. El plan anual de contratación de la Universidad de Cádiz será aprobado por su órgano de contratación y se publicará en su Perfil del Contratante y en el Portal de Transparencia, sin menoscabo de aquellos otros que pueda establecer la legislación en materia de contratación pública.

1. Para la formalización de cualquier tipo de contrato se deberán cumplir los requisitos y seguir los procedimientos establecidos a estos efectos en la Ley de Contratos del Sector Público, así como en las presentes

Normas de Ejecución del Presupuesto.

2. En el caso de los contratos menores, se estará a lo dispuesto en el artículo 105 de las presentes Normas.

3. En consonancia con lo establecido en el artículo 153.6 Ley de Contratos del Sector Público, no podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, salvo en los casos de emergencia.

1. Es responsabilidad de la Unidad de Gasto promotora del contrato, o del responsable de éste si estuviera designado, efectuar el seguimiento de la buena ejecución del mismo, independientemente de su importe. La recepción del contrato deberá efectuarse, como máximo, en el plazo de un mes desde su realización o entrega de conformidad. En caso de que no exista conformidad con lo contratado, deberá ponerse de manifiesto a la empresa de forma expresa por el medio adecuado que permita dejar constancia de dicha disconformidad.

2. Dentro del plazo anterior, los contratos menores se entenderán realizados a conformidad desde la fecha del conforme de factura, y dicha fecha será la que rija en cuanto a cómputo de inicio del plazo legal de pago. Para contratos de importe superior, se procurará la firma de un acta de recepción de los trabajos, acompañada siempre de la factura que corresponda a los trabajos recibidos.

3. Si la Administración recibiese la factura con posterioridad a la comprobación formal de la conformidad de lo ejecutado, el plazo para el pago se computará a partir de la fecha de recepción de la factura.

4. El responsable de la unidad promotora del contrato no podrá dilatar la recepción de un contrato de manera injustificada, pudiendo incurrir, en dicho caso, en un supuesto de responsabilidad patrimonial regulado en el artículo 111 de estas Normas.

5. Para la recepción de obras, se estará a lo que indique para ello la legislación aplicable vigente.

1. Los responsables de las Unidades de Gasto, y participantes en la contratación en general, deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

2. A estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier situación en la que el personal al servicio de la Universidad de Cádiz, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación.

3. Con carácter general, los empleados públicos de la Universidad de Cádiz desempeñarán las funciones que tengan encomendadas de acuerdo con el Código de Conducta regulado en el Título III del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado

Público, absteniéndose además de participar en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.

4. El personal de la Universidad de Cádiz que intervenga en el procedimiento de licitación de un contrato, deberá formular por escrito una declaración de ausencia de conflicto de intereses que pueda comprometer su imparcialidad e independencia. A estos efectos, formularán dicha declaración:

a) Los responsables de las Unidades de Gasto u órgano proponente del contrato, mediante la inclusión de la declaración de ausencia de conflicto de intereses en el trámite de solicitud de la reserva de crédito presupuestario, en el informe de motivación de la necesidad o trámite electrónico mediante la herramienta informática que disponga la Universidad de Cádiz en cada momento.

b) El personal que participe en la elaboración de la documentación técnica y de los pliegos reguladores del contrato, mediante declaración de ausencia de conflicto de intereses.

c) Los miembros de la Mesa de Contratación, mediante declaración individual para todos los actos en los que participe o declaración expresa de sus miembros recogida en las actas de las sesiones que lleve a cabo este órgano de asesoramiento. En cualquier caso, cualquier miembro de la Mesa de Contratación no participará en aquellos trámites que puedan ser motivo de abstención de acuerdo con la normativa reguladora de esta materia.

d) El personal técnico y demás asesores que participen en las sesiones que celebre la Mesa de

Contratación, mediante la declaración que hagan constar en los informes que emitan o en los documentos de remisión de los mismos a la Mesa de Contratación, si no lo han hecho hasta ese momento para los contratos de los que se trate.

e) El responsable del contrato, mediante la declaración que formule una vez designado para estas funciones, si no coincide con una de las figuras anteriores en dicho contrato.

5. La Gerente podrá establecer que las citadas declaraciones se puedan formular mediante los trámites electrónicos que se habiliten en la herramienta informática que disponga la Universidad de Cádiz.

6. Todos aquellos que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación.

1. La responsabilidad patrimonial de los gestores y participantes en el ámbito de la Universidad de Cádiz, derivada de sus actuaciones en materia de contratación administrativa, tanto por daños causados a particulares como a la propia Universidad, se exigirá con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. La infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en la Ley de Contratos del Sector Público y, subsidiariamente, en las presentes Normas de Ejecución del Presupuesto por parte de los gestores y/o responsables del procedimiento, cuando mediare negligencia grave, constituirá falta muy grave cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia.

3. El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones de gestor y/o responsable del procedimiento en materia de contratación, constituirá falta leve cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia.

4. Podrán ser causa de declaración de nulidad de pleno derecho o de anulabilidad las previstas en los artículos 39 y 40 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. La Universidad de Cádiz, como poder adjudicador, adoptará medidas con objeto de evitar la convalidación de expedientes que puedan suponer la adjudicación directa, en fraude de ley, de un contrato a un operador determinado al margen del procedimiento de contratación tipificado en la normativa, sin menoscabo de la restitución de las cosas que las partes hubieran

intercambiado o, en su caso, de la compensación que se determine como indemnización, así como la responsabilidad patrimonial que pudiera derivarse hacia los gestores y participantes en el contrato.

Universidad de Cádiz.

1. De acuerdo con la Instrucción UCA/I01GER/2013 del Gerente de la Universidad de Cádiz, de 15 de abril de 2013 sobre Buenas Prácticas para la Gestión de la Contratación de Servicios o asimilados, en consonancia con lo regulado por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las

Entidades Locales, en los servicios externos contratados por la Universidad de Cádiz, el responsable del contrato y/o de su ejecución deberá establecer las medidas específicas necesarias con objeto de garantizar que los actos que se deriven de las relaciones entre los gestores de la Universidad y el personal de la empresa contratada en ningún caso pueda considerarse como determinante para el reconocimiento de una relación laboral.

A estos efectos, deberán quedar dentro de la esfera de la dirección de la empresa contratada, entre otros, los relativos al control de horarios, concesión de permisos y vacaciones, régimen disciplinario y órdenes de trabajo, correspondiendo a la Universidad de Cádiz la evaluación de los trabajos realizados de acuerdo con las necesidades y obligaciones derivadas del contrato suscrito.

Con esta finalidad, el Gabinete de Auditoría y Control Interno, con la colaboración de las Administraciones (Unidades Tramitadoras), establecerá los mecanismos necesarios con objeto de evaluar periódicamente la naturaleza de los servicios facturados por personas físicas que pudieran derivar en una contingencia de naturaleza laboral para la Universidad de Cádiz.

A fin dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Contratos del Sector Público, en su Disposición adicional cuarta, la Universidad de Cádiz regulará el procedimiento de reserva de la participación o ejecución de determinada contratación a programas de empleo protegido, el cual deberá ser aprobado por el Consejo de

Gobierno.

Con carácter general, la Universidad de Cádiz establecerá en sus procedimientos de licitación plazos para la recepción de ofertas y solicitudes en consonancia con la complejidad del objeto del contrato y de los trámites, de manera que permitan razonablemente su preparación por parte de los licitadores, salvo que, por motivos excepcionales de interés público, a criterio del órgano de contratación, se establezcan plazos de menor duración en los pliegos reguladores.

1. El órgano de contratación de la Universidad de Cádiz adoptará aquellas medidas de custodia que garanticen la integridad y confidencialidad de las proposiciones presentadas por los licitadores por parte de todas las personas que participen en el procedimiento de licitación.

2. La licitación tendrá lugar a través de medios electrónicos. Las herramientas que den soporte garantizarán que nadie pueda tener acceso a los datos transmitidos antes de que finalicen los plazos y, en todo caso, el acceso al contenido de las proposiciones únicamente podrá llevarse a cabo por la acción de las personas autorizadas a través de medios de identificación seguros y en las fechas establecidas.

1. La Universidad de Cádiz hará uso de los procedimientos de la Contratación Pública Electrónica en las licitaciones de sus contratos, en los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del

Sector Público, haciéndola extensiva de manera gradual a todos los procedimientos que pueda publicitar.

2. Para ello, utilizará los medios electrónicos que cumplan los requisitos que exige la Disposición adicional decimosexta de la Ley de Contratos del Sector Público, garantizando en todo caso que:

a) Las herramientas y dispositivos que deban utilizarse para la comunicación por medios electrónicos, así como sus características técnicas, serán no discriminatorios, estarán disponibles de forma general y serán compatibles con los productos informáticos de uso general, y no restringirán el acceso de los operadores económicos al procedimiento de contratación.

b) Los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y almacenamiento de información deberán poder garantizar de forma razonable, según el estado de la técnica, la integridad de los datos transmitidos y que solo los órganos competentes, en la fecha señalada para ello, puedan tener acceso a los mismos, o que, en caso de quebrantamiento de esta prohibición de acceso, la violación pueda detectarse con claridad. Estos sistemas deberán asimismo ofrecer suficiente seguridad, de acuerdo con el estado de la técnica, frente a los virus informáticos y otro tipo de programas o códigos nocivos, pudiendo establecerse reglamentariamente otras medidas que, respetando los principios de confidencialidad e integridad de las ofertas e igualdad entre los licitadores, se dirijan a minimizar su incidencia en los procedimientos.

c) Las aplicaciones que se utilicen para efectuar las comunicaciones y notificaciones entre el órgano de contratación y el licitador o contratista deberán poder acreditar la fecha y hora de su envío o puesta a disposición y la de la recepción o acceso por el interesado, la integridad de su contenido y la identidad del remitente de la misma.

3. No obstante lo anterior, la Universidad de Cádiz podrá exceptuar del empleo de medios electrónicos en el procedimiento de presentación de ofertas en los casos que se ajusten a los supuestos contemplados en la

Disposición adicional decimoquinta de la Ley de Contratos del Sector Público, motivándolo adecuadamente en el expediente.

1. Podrán ser objeto de tramitación urgente, exclusivamente, los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A estos efectos, el expediente deberá contener la declaración de urgencia realizada por el órgano de contratación, debidamente motivada, evitando invocaciones genéricas de los supuestos legales que las puedan amparar.

2. Cuando el trámite de urgencia no sea suficiente para paliar la necesidad, dado su régimen excepcional, la realización de contratos administrativos mediante la tramitación de emergencia sólo deberá ser utilizado por motivos de acontecimientos catastróficos o situaciones que supongan grave peligro, de acuerdo con los criterios rigurosamente restrictivos establecidos en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público. Las actuaciones a seguir en la tramitación de este tipo de expedientes serán las siguientes:

a) Detectada por la unidad administrativa competente la necesidad de realización de actuaciones de manera inmediata que traigan causa de acontecimientos catastróficos o de situaciones que supongan grave peligro, por parte del Director de Área o Administrador de Campus correspondiente y, sin perjuicio de que adopte las medidas necesarias para evitar los riesgos y peligros inminentes hasta que se dicte el acuerdo por el órgano de contratación, emitirá de manera urgente informe técnico en el que se pondrá de manifiesto las circunstancias que concurren y que justificarían la propuesta de tramitación de emergencia de la actuación, adjuntando a la propuesta un presupuesto estimativo. Dicho informe deberá contar, de acuerdo con la organización administrativa de la Relación de Puestos de Trabajo, con el visto bueno del Vicegerente responsable de la Unidad y deberá remitirse una copia del mismo al

Servicio de Prevención de la Universidad de Cádiz.

b) Realizado el informe en los términos anteriores, será trasladado al Área de Economía (Servicio de

Contrataciones y Patrimonio) por el procedimiento más rápido posible para su revisión. Por su propia naturaleza, en estos casos no se hará uso de los servicios ofertados a través del Centro de Atención a

Usuarios (CAU).

Si por parte del Área de Economía se estimase que concurren las circunstancias excepcionales previstas en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, preparará el acuerdo por el que se declara la tramitación de emergencia.

Si existieran dudas sobre su procedencia, se dará traslado al Gabinete Jurídico para su informe. El

Gabinete Jurídico deberá informar en un plazo máximo de 2 días hábiles.

c) La declaración de emergencia deberá acordarse por el órgano de contratación con la mayor inmediatez respecto al hecho que la origine (no más de 7 días hábiles), aun cuando los daños producidos no hayan podido ser evaluados en su integridad, a fin de que las actuaciones para evitar los riesgos o peligros inminentes puedan iniciarse sin demora al amparo del presupuesto estimativo.

d) Acordada la tramitación de emergencia, por parte de la Administración asignada a la Unidad de Gasto se realizará la oportuna retención de crédito por el importe del presupuesto estimativo, y en el caso de que no haya crédito o éste sea insuficiente, realizará de manera inmediata los trámites oportunos para la iniciación del expediente de modificación, incorporando en este caso la documentación justificativa.

e) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en el apartado tercero. Si se excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario. El inicio de la ejecución de las prestaciones deberá ser comunicado de manera inmediata por el responsable del contrato al Área de Economía (Servicio de Contrataciones y Patrimonio) y al Servicio de Prevención.

f) Si con posterioridad a la adopción del acuerdo se comprueba que los daños producidos suponen un mayor coste y que sigue siendo aplicable la tramitación de emergencia para su corrección, se acordará por el órgano de contratación, a propuesta del responsable del contrato, la ampliación de la declaración de emergencia, con el presupuesto estimado que se considere oportuno.

El órgano de contratación deberá apreciar que las nuevas actuaciones son necesarias e imprescindibles para paliar la situación de emergencia, puesto que, en caso contrario, es decir, todas aquellas actuaciones que no sean imprescindibles o estrictamente necesarias, deberán contratarse mediante la tramitación ordinaria de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del

Sector Público.

Acordada la ampliación, se deberá realizar la retención de crédito o el inicio del expediente de modificación de crédito en los términos establecidos en el apartado d).

g) Una vez llevadas a cabo las actuaciones consideradas de emergencia, el resto de trámites se contratarán con arreglo a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, se seguirán las gestiones ordinarias de la contratación administrativa.

3. A los efectos de no menoscabar los principios generales de concurrencia, publicidad e igualdad, el órgano de contratación adoptará las medidas necesarias para que la tramitación urgente y la tramitación de emergencia se limiten a actuaciones estrictamente indispensables y excepcionales. Con esta finalidad, los proponentes de los contratos planificarán con la suficiente antelación las contrataciones a realizar, de modo que permita su licitación, siempre que sea posible, a través de los procedimientos ordinarios.

Se imputarán al capítulo 6 "Inversiones reales" todos aquellos gastos que, siendo necesarios para la construcción de edificios, se devenguen antes de la fecha en la que los mismos están en condiciones de iniciar su funcionamiento, tales como honorarios de elaboración de proyectos, costes de informes técnicos, honorarios por dirección de obra y coste de inspecciones, entre otros.

mismos.

1. Los justificantes de gastos correspondientes a reformas y/o modificaciones de edificios realizadas después de la fecha de entrada en funcionamiento de los mismos habrán de tramitarse de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Los justificantes de gasto correspondientes a reparaciones, mantenimiento y conservación serán imputados al capítulo 2, como gastos corrientes.

b) Los justificantes de gastos identificados con mejoras y/o ampliaciones serán imputados al capítulo 6, como inversiones reales.

2. Con carácter general, se imputarán como gastos corrientes aquellos desembolsos que no impliquen alargamiento de la vida útil de los edificios o aumento de su productividad y rendimiento. En cambio, los gastos presupuestarios que conlleven incremento de estas magnitudes se imputarán al capítulo 6 de inversiones reales.

Para su determinación, se estará a lo dispuesto en la Instrucción ICA/IO1GER/2017, del Gerente, o aquella que la sustituya, para establecer el Procedimiento de registro en el inventario de inversiones por obras realizadas para la ejecución de nuevos inmuebles o por mejoras en el mismo.

1. Se imputarán los gastos que se produzcan como consecuencia de los actos de protocolo y representación que las autoridades académicas y responsables orgánicos de la Universidad de Cádiz tengan necesidad de realizar en el desempeño de sus funciones, así como los que, siendo de esta naturaleza, se ocasionen por la celebración de conferencias, congresos, exposiciones, o cualquier otro acto similar, siempre que dichos gastos pretendan establecer, mantener o mejorar la imagen y relaciones de la Universidad de Cádiz y para los que no existan créditos específicos en otros conceptos.

2. La realización de gastos en concepto de atenciones protocolarias ha de reunir necesariamente todas y cada una de las siguientes condiciones:

a) Que exista crédito suficiente y adecuado en el presupuesto del responsable de la Unidad de Gasto.

b) Que se trate de una representación institucional, considerada como necesaria, para la atención de personas ajenas a la Universidad.

c) Deben perseguir una finalidad institucional, es decir, relacionada con los fines de la propia Universidad y, en concreto, con las finalidades que la normativa asigne al responsable de la Unidad de Gasto correspondiente.

d) Que sea necesario, proporcionado e idóneo para la consecución del beneficio perseguido.

3. Quedan excluidos, no pudiendo atenderse como gastos de atenciones protocolarias y representativas, los que de algún modo representen retribuciones al personal, ya sea en metálico o en especie, así como los obsequios que estén motivados por actos de reconocimiento a personas de la Universidad de Cádiz, tales como jubilación, maternidad, fallecimiento u otros gastos de naturaleza similar. Aquellos gastos que incumplan lo anterior, serán objeto de rechazo por parte de la Unidad Tramitadora.

4. A las facturas de gastos de representación y/o protocolarios, como comidas, recepciones, etc., les acompañará una memoria justificativa suscrita por la persona responsable en la que se identifique al beneficiario y se motive el beneficio o utilidad de dichos gastos. Estas facturas serían incompatibles con la percepción de indemnizaciones por dietas de manutención.

5. Cuando se realicen gastos de naturaleza protocolaria en contratos de investigación, estos gastos deberán ser necesarios, razonables y guardar una relación directa con la actividad investigadora.

6. Cuando se realicen gastos de esta naturaleza protocolaria utilizando fondos obtenidos a través de subvenciones, deberá asegurarse que la realización de estos gastos reúne todas las condiciones y requisitos exigidos por las normas reguladoras de tales subvenciones para considerarse como gasto elegible.

7. Asimismo se imputarán a este subconcepto los gastos que deba atender la Universidad por la concesión de condecoraciones, insignias y otros similares.

8. Por la Gerente de la Universidad de Cádiz, con la colaboración del Gabinete de Auditoría y Control Interno se propondrá al Rector la adopción de un conjunto de buenas prácticas de gestión de gastos protocolarios.