Tema 10: Entrada y libre circulación ciudadanos UE/EEE

A efectos del presente Convenio, se entenderá por: Fronteras interiores, las fronteras terrestres comunes de las Partes contratantes, así como sus aeropuertos en lo que respecta a los vuelos interiores y sus puertos marítimos en lo que respecta a los enlaces regulares de transbordadores. Fronteras exteriores, las fronteras terrestres y marítimas, así como los aeropuertos y puertos marítimos de las Partes contratantes, siempre que no sean fronteras interiores. Vuelo interior, todo vuelo que proceda exclusivamente de los territorios de las Partes contratantes o que tenga como único destino dichos territorios. Tercer Estado, todo Estado que no sea Parte contratante. Extranjero, toda persona que no sea nacional de uno de los Estados miembros de las Comunidades Europeas.

Las fronteras interiores podrán cruzarse en cualquier lugar sin que se realice control alguno de las personas. No obstante, cuando así lo exijan el orden público o la seguridad nacional, una Parte contratante podrá, previa consulta a las demás Partes contratantes, decidir que se efectúen controles fronterizos nacionales durante un período limitado.

Las fronteras exteriores sólo podrán cruzarse por los pasos fronterizos y durante las horas de apertura establecidas. Las Partes contratantes se comprometen a establecer sanciones contra el cruce no autorizado de las fronteras exteriores fuera de los pasos fronterizos y de las horas de apertura.

Las Partes contratantes garantizarán que a partir de 1993, los viajeros de vuelos procedentes de terceros Estados que embarquen en vuelos interiores serán sometidos previamente a un control de entrada en el aeropuerto de llegada del vuelo procedente del tercer Estado.

Para estancias que no excedan de tres meses, la entrada en los territorios de las Partes contratantes podrá concederse al extranjero que cumpla las condiciones siguientes: a) Poseer un documento o documentos válidos que permitan el cruce de la frontera; b) Estar en posesión de un visado válido cuando éste sea exigido; c) Presentar, en su caso, los documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista; d) Disponer de medios de subsistencia suficientes; e) No estar incluido en la lista de no admisibles; f) No suponer un peligro para el orden público, la seguridad nacional o las relaciones internacionales.

La circulación transfronteriza en las fronteras exteriores estará sometida al control de las autoridades competentes. El control se efectuará de acuerdo con principios uniformes, dentro del marco de las competencias nacionales y de la legislación nacional.

Las Partes contratantes se prestarán asistencia mutuamente y mantendrán una cooperación estrecha y constante con el fin de llevar a cabo eficazmente los controles y la vigilancia. Intercambiarán toda la información pertinente e importante.

El Comité Ejecutivo creado en virtud del presente Convenio adoptará las medidas necesarias para la aplicación de las disposiciones sobre el cruce de las fronteras exteriores.

Las Partes contratantes se comprometen a adoptar una política común en materia de circulación de personas y, en particular, en materia de régimen de visados. Para ello, las Partes contratantes se ayudarán mutuamente. Las Partes contratantes se comprometen a armonizar sus políticas en materia de visados.

Se establece un visado uniforme válido para el territorio de todas las Partes contratantes. Dicho visado, cuya validez podrá ser de un máximo de tres meses, podrá expedirse para una, dos o múltiples entradas.

El visado previsto en el artículo 10 será expedido por las autoridades diplomáticas y consulares de las Partes contratantes y, en su caso, por las autoridades del Estado Parte contratante designado a tal efecto.

Excepcionalmente, podrá expedirse un visado de validez territorial limitada cuando la Parte contratante lo considere necesario por motivos humanitarios, de interés nacional o en virtud de obligaciones internacionales.

El visado sólo podrá estamparse en un documento de viaje cuyo período de validez sea superior a la del visado. El período de validez del documento de viaje deberá cubrir, además, el regreso del extranjero a su país de origen o su entrada en un tercer país.

No se podrá estampar un visado en un documento de viaje si éste no es válido para ninguna de las Partes contratantes. Si el documento de viaje sólo es válido para una o varias Partes contratantes, el visado se limitará a la Parte o Partes contratantes de que se trate.

Los visados previstos en los artículos 10 y 11 sólo se expedirán si el extranjero cumple las condiciones de entrada establecidas en el artículo 5, apartado 1, letras a), c), d) y e).

Si una Parte contratante ha expedido un permiso de residencia a un extranjero, éste podrá circular libremente durante un período no superior a tres meses por los territorios de las demás Partes contratantes, siempre que cumpla las condiciones de entrada previstas en el artículo 5 y no figure en la lista de no admisibles.

En lo que se refiere a la circulación de los extranjeros que no cumplan las condiciones o hayan dejado de cumplirlas, las Partes contratantes aplicarán las normas de sus respectivos Derechos nacionales.

Los visados para estancias de más de tres meses serán visados nacionales expedidos por una de las Partes contratantes de acuerdo con su propia legislación. Dichos visados permitirán a su titular transitar por los territorios de las demás Partes contratantes para dirigirse al territorio de la Parte contratante que haya expedido el visado.

Los extranjeros titulares de un visado uniforme que hayan entrado regularmente en el territorio de una de las Partes contratantes podrán circular libremente por los territorios de todas las Partes contratantes durante el período de validez del visado.

Los extranjeros que no estén sometidos a la obligación de visado podrán circular libremente por los territorios de las Partes contratantes durante un período máximo de tres meses a lo largo de un período de seis meses a partir de la fecha de la primera entrada.

Los extranjeros titulares de un permiso de residencia expedido por una de las Partes contratantes y de un documento de viaje válido podrán, en virtud de dicho permiso y de dicho documento, circular libremente durante un período no superior a tres meses por los territorios de las demás Partes contratantes.

Los extranjeros que entren regularmente en el territorio de una de las Partes contratantes estarán obligados a declararse ante las autoridades competentes de la Parte contratante en cuyo territorio entren, en las condiciones fijadas por cada Parte contratante.

El extranjero que no reúna o haya dejado de reunir las condiciones de corta estancia aplicables en el territorio de una de las Partes contratantes estará obligado a abandonar sin demora los territorios de las Partes contratantes, salvo que posea los documentos necesarios para acceder al territorio de otra Parte contratante.

El Comité Ejecutivo definirá la política común en lo que respecta a los movimientos de personas.

Cuando una Parte contratante prevea la expedición de un permiso de residencia a un extranjero incluido en la lista de no admisibles, consultará previamente a la Parte contratante que lo haya incluido en la lista y tendrá en cuenta los intereses de ésta; el permiso de residencia sólo se expedir�� por motivos serios, especialmente por razones de carácter humanitario o en virtud de compromisos internacionales.

Las Partes contratantes se comprometen a introducir en su legislación nacional las siguientes normas: el transportista que traslade por vía aérea, marítima o terrestre a un grupo de extranjeros hasta las fronteras exteriores de las Partes contratantes desde un tercer Estado estará obligado a tomar de nuevo a su cargo a dichos extranjeros en caso de que se les deniegue la entrada. El transportista deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que el extranjero transportado por vía aérea o marítima es titular de los documentos de viaje exigidos para la entrada en los territorios de las Partes contratantes.

Las Partes contratantes se comprometen a establecer sanciones adecuadas contra cualquier persona que, con fines lucrativos, ayude o intente ayudar a un extranjero a entrar o a permanecer en el territorio de una de las Partes contratantes, vulnerando la legislación de dicha Parte contratante sobre entrada y estancia de extranjeros.

Las Partes contratantes reafirman sus obligaciones derivadas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 relativa al estatuto de los refugiados, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967.

Las Partes contratantes se comprometen a tramitar toda solicitud de asilo presentada por un extranjero en el territorio de cualquiera de ellas.

La responsabilidad de tramitar una solicitud de asilo incumbe a la Parte contratante que sea responsable conforme a los criterios establecidos.

Las Partes contratantes se comprometen a que sus servicios de policía se presten asistencia mutua a los fines de la prevención y la averiguación de hechos punibles.

A petición de una Parte contratante, los servicios de policía de la Parte contratante requerida podrán prestar asistencia a la Parte requirente.

Las Partes contratantes se comprometen a que los servicios de policía, respetando la legislación nacional y dentro de los límites de sus respectivas competencias, se presten asistencia en los casos enumerados.

Las Partes contratantes se comprometen a adoptar las medidas necesarias para que, en el marco de la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, sea posible efectuar entregas vigiladas en el territorio de las Partes contratantes.

Las Partes contratantes se comprometen a prestarse asistencia judicial recíproca de conformidad con las disposiciones del presente capítulo.

Las autoridades judiciales podrán remitir directamente sus comisiones rogatorias a las autoridades judiciales competentes de las demás Partes contratantes.

Las Partes contratantes no podrán poner como condición para la concesión de una comisión rogatoria el requisito de que los hechos que se persiguen constituyan también una infracción penal con arreglo al Derecho de la Parte requerida.

Cualquier Parte contratante autorizará el tránsito por su territorio de una persona reclamada en extradición por otro Estado miembro.

Las solicitudes de extradición y de tránsito podrán transmitirse directamente entre los Ministerios competentes.

Los agentes de una de las Partes contratantes que, en el marco de una investigación judicial, estén observando a una persona que presuntamente haya participado en un hecho delictivo que pueda dar lugar a extradición, estarán autorizados a proseguir dicha observación en el territorio de otra Parte contratante cuando ésta haya autorizado la observación transfronteriza sobre la base de una solicitud de asistencia judicial presentada con anterioridad.

Los agentes de una de las Partes contratantes que, en su país, estén siguiendo a una persona sorprendida in fraganti en la comisión de una de las infracciones que se mencionan estarán autorizados para continuar la persecución, sin autorización previa, en el territorio de otra Parte contratante.

Los servicios de policía de las Partes contratantes podrán comunicar datos de carácter personal directamente en determinados casos.

Las Partes contratantes se comprometen a que sus servicios de aduanas cooperen, especialmente para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes y de armas, la entrada y salida ilegales de mercancías, y el contrabando y la receptación.

Las Partes contratantes procurarán crear oficinas comunes en los pasos fronterizos.

Las Partes contratantes, en materia de lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, se comprometen a tomar las medidas necesarias para prevenir y reprimir dicho tráfico.

Una persona que haya sido juzgada en sentencia firme por una Parte contratante no podrá ser perseguida por los mismos hechos por otra Parte contratante, siempre que, en caso de condena, se haya ejecutado la sanción, se esté ejecutando o no pueda ejecutarse ya según la legislación de la Parte contratante donde haya tenido lugar la condena.

Una Parte contratante podrá, en el momento de la ratificación, declarar que no queda vinculada por el artículo 54 en determinados casos: a) cuando los hechos contemplados en la sentencia extranjera hayan tenido lugar total o parcialmente en su territorio; b) cuando los hechos contemplados constituyan una infracción contra la seguridad del Estado; c) cuando los hechos hayan sido cometidos por un funcionario de dicha Parte.

Si se incoase un nuevo procedimiento por los mismos hechos en otra Parte contratante, deberá deducirse del cumplimiento de la eventual condena todo período de privación de libertad cumplido en otra Parte contratante por dichos hechos.

Las Partes contratantes crean y mantienen un sistema de información común denominado Sistema de Información de Schengen, que constará de una parte nacional en cada una de las Partes contratantes y de una función de soporte técnico.

El Sistema de Información de Schengen tiene como fin preservar el orden público y la seguridad pública, incluida la seguridad del Estado, así como aplicar las disposiciones del presente Convenio sobre circulación de personas en los territorios de las Partes contratantes.

El Sistema de Información de Schengen contendrá exclusivamente las categorías de datos que proporcione cada una de las Partes contratantes con arreglo a los fines previstos en los artículos 95 a 100.

Se integrarán los datos relativos a personas buscadas para su detención a efectos de extradición. La Parte contratante requirente indicará si la solicitud es urgente.

Los datos relativos a extranjeros que estén incluidos en la lista de no admisibles se integrarán sobre la base de una descripción nacional.

Se integrarán los datos relativos a personas desaparecidas o a personas que, por su propia seguridad o para la prevención de amenazas, deban ser puestas provisionalmente bajo protección.

Se integrarán los datos relativos a testigos, a personas citadas para comparecer ante las autoridades judiciales y a personas a las que deba notificarse una sentencia penal.

Se integrarán los datos relativos a las personas o los vehículos en relación con los cuales existan indicios reales de que se preparan o cometen infracciones penales extraordinariamente graves.

Se integrarán los datos relativos a objetos buscados para su incautación o como prueba en un procedimiento penal: vehículos de motor robados, remolques, armas de fuego, documentos vírgenes robados, documentos de identidad expedidos robados, billetes de banco.

El acceso a los datos del Sistema de Información de Schengen, así como el derecho a consultarlos directamente, estarán reservados exclusivamente a las autoridades competentes para el control fronterizo y a las autoridades competentes para las demás verificaciones policiales y aduaneras realizadas dentro del país.

Las Partes contratantes sólo podrán utilizar los datos previstos en los artículos 95 a 100 para los fines indicados en cada uno de dichos artículos.

Cada Parte contratante sólo conservará los datos durante el tiempo necesario para cumplir los fines para los que hayan sido proporcionados. A más tardar tres años después de su integración, la Parte contratante que haya proporcionado los datos examinará la necesidad de conservarlos.

El derecho nacional de la Parte contratante que efectúe la descripción será aplicable a dicha descripción, salvo que el presente Convenio establezca condiciones más estrictas.

Toda persona tendrá derecho a acceder a los datos que le conciernan integrados en el Sistema de Información de Schengen.

Toda persona podrá solicitar la rectificación o supresión de los datos que le conciernan cuando éstos contengan errores de hecho.

Cada Parte contratante designará una autoridad de control encargada de ejercer un control independiente del fichero de la parte nacional del Sistema de Información de Schengen.

Se crea una autoridad de control común, compuesta por dos representantes de cada autoridad nacional de control. Cada Parte contratante dispondrá de un voto deliberativo.

Toda persona podrá recurrir ante el tribunal o la autoridad competente con arreglo al Derecho nacional de cada Parte contratante para acceder a los datos, rectificarlos, suprimirlos o para obtener información o una indemnización.

Las Partes contratantes completarán la información del Sistema de Información de Schengen con datos sobre armas de fuego.

El presente capítulo tiene como objetivo establecer normas sobre circulación de armas entre los territorios de las Partes contratantes.

Las Partes contratantes clasificarán las armas de fuego en cuatro categorías.

Se creará una tarjeta europea de armas de fuego que expedirán las autoridades de una Parte contratante para cada persona que posea legalmente un arma.

Las Partes contratantes podrán prohibir la introducción en su territorio de un arma determinada.

Las disposiciones del presente Convenio sólo serán aplicables en la medida en que sean compatibles con el Derecho comunitario.

Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 relativa al estatuto de los refugiados.

El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados que sean partes en el Acuerdo de Schengen.

El presente Convenio entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en que los cinco Estados signatarios hayan expresado su consentimiento en quedar vinculados por el presente Convenio.

Todo Estado que se convierta en parte en el Acuerdo de 14 de junio de 1985 podrá adherirse al presente Convenio.

No se admitirá reserva alguna al presente Convenio, salvo las contempladas en el artículo 60.

Cualquier Estado podrá declarar que el presente Convenio se aplicará también a los territorios europeos cuyas relaciones exteriores asuma.

El depositario del presente Convenio será el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo.

El presente Convenio, redactado en un solo ejemplar en lengua alemana, española, francesa, italiana, neerlandesa y portuguesa, cuyos seis textos son igualmente auténticos, se depositará en los archivos del Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, que remitirá una copia certificada a cada una de las Partes contratantes.

El presente Reglamento prevé la ausencia de control de las personas en las fronteras interiores y establece las normas aplicables al control de las personas que crucen las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea.

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1. «fronteras interiores»: las fronteras terrestres comunes, incluidas las fronteras fluviales y lacustres, de los Estados miembros; los aeropuertos de los Estados miembros para los vuelos interiores; los puertos marítimos, fluviales y lacustres de los Estados miembros para los enlaces regulares de transbordadores interiores;

2. «fronteras exteriores»: las fronteras terrestres de los Estados miembros, incluidas las fronteras fluviales y lacustres, las fronteras marítimas y sus aeropuertos, puertos fluviales, puertos marítimos y puertos lacustres, siempre que no sean fronteras interiores;

3. «vuelo interior»: todo vuelo procedente exclusivamente de los territorios de los Estados miembros o con destino exclusivamente a ellos, sin aterrizaje en el territorio de un tercer Estado;

4. «enlace regular de transbordadores»: todo transporte por transbordador entre los mismos dos o más puertos situados en el territorio de los Estados miembros, sin escalas en puertos situados fuera del territorio de los Estados miembros, y consistente en el transporte de pasajeros y vehículos según un horario publicado;

5. «personas que disfrutan del derecho a la libre circulación con arreglo al Derecho de la Unión»: los ciudadanos de la Unión en el sentido del artículo 20, apartado 1, del TFUE, así como los nacionales de terceros países miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que ejerce su derecho a la libre circulación, a los que se aplica la Directiva 2004/38/CE;

6. «nacional de un tercer país»: cualquier persona que no sea ciudadano de la Unión en el sentido del artículo 20, apartado 1, del TFUE y que no disfrute del derecho a la libre circulación con arreglo al Derecho de la Unión;

7. «persona inscrita como no admisible»: cualquier nacional de tercer país inscrito como no admisible en el Sistema de Información de Schengen (SIS) de conformidad con el artículo 24 del Reglamento (CE) n.o 1987/2006;

8. «paso fronterizo»: todo paso habilitado por las autoridades competentes para cruzar las fronteras exteriores;

9. «punto de cruce fronterizo»: todo punto de cruce de la frontera exterior autorizado por las autoridades competentes de conformidad con el artículo 16, apartado 1;

10. «control fronterizo»: la actividad realizada en la frontera, de conformidad con el presente Reglamento y a efectos del mismo, que, con independencia de cualquier otro motivo, se realice en respuesta a la intención de cruzar la frontera o al acto de cruzarla, y que consista en las inspecciones fronterizas y en la vigilancia de fronteras;

11. «inspecciones fronterizas»: los controles realizados en los pasos fronterizos con el fin de garantizar que pueda autorizarse la entrada de personas, incluidos sus medios de transporte y los objetos en su posesión, en el territorio de los Estados miembros o su abandono;

12. «vigilancia de fronteras»: la vigilancia de las fronteras entre pasos fronterizos y la vigilancia de los pasos fronterizos fuera de los horarios de apertura establecidos, con el fin de impedir que las personas eludan las inspecciones fronterizas;

13. «inspección de segunda línea»: una inspección suplementaria que podrá realizarse en un lugar especial apartado del lugar en que se efectúan las inspecciones de todas las personas (primera línea);

14. «guardia de fronteras»: cualquier agente público asignado, de conformidad con la legislación nacional, a un paso fronterizo o a lo largo de la frontera o en las inmediaciones de la misma, y que desempeñe funciones de control fronterizo;

15. «transportista»: toda persona física o jurídica que se dedique profesionalmente al transporte de personas;

16. «documento de viaje»: un pasaporte u otro documento equivalente que autorice a su titular a cruzar las fronteras exteriores y al que pueda fijarse un visado.

El presente Reglamento se aplicará a toda persona que cruce las fronteras interiores o exteriores de un Estado miembro, sin perjuicio de:

a) los derechos de las personas que disfruten del derecho a la libre circulación con arreglo al Derecho de la Unión;

b) los derechos de los refugiados y de las personas que soliciten protección internacional, en particular en lo que se refiere a la no devolución.

1. Las fronteras exteriores solo podrán cruzarse por los pasos fronterizos y durante las horas de apertura establecidas. Las horas de apertura se indicarán claramente en los pasos fronterizos que no estén abiertos las 24 horas del día.

Los Estados miembros notificarán a la Comisión la lista de sus pasos fronterizos de conformidad con el artículo 39.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, podrán preverse excepciones a la obligación de cruzar las fronteras exteriores únicamente por los pasos fronterizos y durante las horas de apertura:

a) en relación con las personas o grupos de personas, cuando exista un requisito de carácter especial para el paso ocasional de las fronteras exteriores fuera de los pasos fronterizos o de las horas de apertura establecidas;

b) en relación con las personas o grupos de personas en caso de una necesidad imprevista y urgente.

3. Sin perjuicio de las excepciones previstas en el apartado 2 o de sus obligaciones en materia de protección internacional, los Estados miembros establecerán sanciones, de conformidad con su legislación nacional, para el cruce no autorizado de las fronteras exteriores por lugares distintos de los pasos fronterizos o en horas distintas de las horas de apertura establecidas. Las sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Los nacionales de terceros países que cumplan todas las condiciones de entrada siguientes podrán cruzar las fronteras exteriores:

a) estar en posesión de un documento de viaje válido que permita a su titular cruzar la frontera;

b) estar en posesión de un visado válido, si así se exige;

c) justificar el objeto y las condiciones de la estancia prevista y disponer de medios de subsistencia suficientes;

d) no estar inscrito como no admisible en el SIS;

e) no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los Estados miembros.

1. Los guardias de fronteras desempeñarán sus funciones respetando plenamente la dignidad humana, en particular en aquellos casos que afecten a personas vulnerables. Cualquier medida adoptada en el desempeño de sus funciones será proporcionada a los objetivos que persiga.

2. Durante las inspecciones fronterizas, los guardias de fronteras no discriminarán a las personas por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

1. Los movimientos transfronterizos en las fronteras exteriores se someterán a las inspecciones de los guardias de fronteras. Las inspecciones se llevarán a cabo de conformidad con el presente capítulo.

2. Las personas que disfruten del derecho a la libre circulación con arreglo al Derecho de la Unión serán objeto de las siguientes inspecciones: verificación de la identidad y de la nacionalidad de la persona, así como de la autenticidad y la validez de su documento de viaje para cruzar la frontera, inclusive mediante consulta de las bases de datos pertinentes.

3. En la entrada y en la salida, los nacionales de terceros países serán sometidos a una inspección minuciosa.

4. La inspección minuciosa de entrada comprenderá la verificación de las condiciones de entrada establecidas en el artículo 6, apartado 1, así como, en su caso, la verificación de los documentos que autoricen la residencia y el ejercicio de una actividad profesional.

5. Para la inspección minuciosa de salida se verificará que el nacional de un tercer país esté en posesión de un documento válido para cruzar la frontera, que el documento de viaje no haya sido falsificado o no sea falso, y, siempre que resulte posible, que el nacional del tercer país no sea considerado una amenaza para el orden público, la seguridad interior o las relaciones internacionales de uno de los Estados miembros.

6. Podrán realizarse inspecciones de segunda línea en un lugar especial apartado del lugar en que se efectúan las inspecciones de todas las personas.

1. En circunstancias excepcionales e imprevistas, las inspecciones fronterizas en las fronteras exteriores podrán relajarse. Se considerará que existen circunstancias excepcionales e imprevistas cuando acontecimientos imprevistos conduzcan a una intensidad del tráfico tal que los tiempos de espera en el paso fronterizo resulten excesivos, cuando se hayan agotado todos los recursos en lo relativo a personal, medios e instalaciones.

2. En caso de que se relajen las inspecciones fronterizas con arreglo al apartado 1, las inspecciones fronterizas de los flujos de entrada tendrán, en principio, prioridad sobre las inspecciones de los flujos de salida.

3. Incluso en caso de relajación de las inspecciones, los guardias de fronteras sellarán los documentos de viaje de los nacionales de terceros países tanto a la entrada como a la salida.

4. Cada Estado miembro transmitirá al Parlamento Europeo y a la Comisión un informe anual sobre la aplicación del presente artículo.

1. Los Estados miembros establecerán líneas separadas en los pasos fronterizos, en particular en los aeropuertos, para llevar a cabo las inspecciones de las personas. En general, se establecerán líneas separadas indicadas mediante señales: una línea para las personas que disfruten del derecho a la libre circulación con arreglo al Derecho de la Unión (señal «UE/EEE/CH») y otra para todos los demás nacionales (señal «todos los pasaportes»).

2. Los pasos fronterizos de las fronteras marítimas y terrestres podrán aplicar también lo dispuesto en los apartados 1 a 4.

1. Los documentos de viaje de los nacionales de terceros países se sellarán de forma sistemática a la entrada y a la salida. Se estampará un sello de entrada o de salida en:

a) los documentos con visado válido que permitan a los nacionales de terceros países cruzar la frontera;

b) los documentos que permitan a los nacionales de terceros países que no necesiten visado cruzar la frontera.

2. Los documentos de viaje de los nacionales de terceros países miembros de la familia de un ciudadano de la Unión a los que se aplique la Directiva 2004/38/CE, pero que no presenten la tarjeta de residencia prevista en dicha Directiva, se sellarán a la entrada y a la salida.

3. No se estampará ningún sello de entrada o de salida:

a) en los documentos de viaje de los Jefes de Estado y de las personalidades cuya llegada haya sido anunciada oficialmente por vía diplomática;

b) en las licencias de piloto o certificados de tripulación de una aeronave;

c) en los documentos de viaje de la gente de mar que permanezca en el territorio de un Estado miembro exclusivamente durante la escala del buque;

d) en los documentos de viaje de la tripulación y pasajeros de buques de crucero que no estén sujetos a las inspecciones fronterizas;

e) en los documentos que permitan a los nacionales de Andorra, Mónaco y San Marino cruzar la frontera.

1. Si en el documento de viaje de un nacional de un tercer país no figura sello de entrada, las autoridades nacionales competentes podrán presumir que su titular no cumple o ha dejado de cumplir las condiciones de duración de la estancia aplicables en el Estado miembro de que se trate.

2. La presunción a que se refiere el apartado 1 podrá ser refutada cuando el nacional del tercer país presente, por cualquier medio, pruebas creíbles, como billetes de transporte o justificantes de su presencia fuera del territorio de los Estados miembros, que demuestren que ha respetado las condiciones de duración de la estancia.

3. Si se rebate la presunción contemplada en el apartado 1, se estampará en el documento de viaje del nacional del tercer país un sello indicativo.

1. El objeto principal de la vigilancia de fronteras será impedir el cruce no autorizado de la frontera, luchar contra la delincuencia transfronteriza y adoptar medidas contra las personas que hayan cruzado la frontera ilegalmente. Toda persona que haya cruzado una frontera ilegalmente y que carezca de derecho de estancia en el territorio del Estado miembro de que se trate será interceptada y sometida a procedimientos que respeten la Directiva 2008/115/CE.

2. Los guardias de fronteras utilizarán para la vigilancia de fronteras unidades fijas o móviles. Dicha vigilancia se efectuará de tal modo que impida y disuada a las personas de eludir las inspecciones en los pasos fronterizos.

3. La vigilancia entre pasos fronterizos será realizada por guardias de fronteras cuyo número y cuyos métodos se adaptarán a los riesgos y amenazas existentes o previstos. Supondrá cambios frecuentes e imprevistos de los períodos de vigilancia.

1. Se denegará la entrada en el territorio de los Estados miembros al nacional de un tercer país que no cumpla todas las condiciones de entrada previstas en el artículo 6, apartado 1, y que no pertenezca a las categorías de personas a las que se refiere el artículo 6, apartado 5. Ello no será óbice para la aplicación de las disposiciones especiales relativas al derecho de asilo y a la protección internacional o a la expedición de visados de larga duración.

2. La entrada solo podrá denegarse mediante una resolución motivada en la que se indiquen los motivos exactos de la denegación. La resolución será adoptada por una autoridad competente habilitada por la legislación nacional. Los efectos de la resolución serán inmediatos.

3. Las personas a las que se deniegue la entrada tendrán derecho a recurrir. Los recursos se tramitarán de conformidad con la legislación nacional. Se entregará asimismo al nacional del tercer país una indicación escrita de los puntos de contacto que puedan proporcionarle información sobre los representantes competentes para actuar en su nombre de conformidad con la legislación nacional.

4. Los guardias de fronteras velarán por que el nacional de un tercer país al que se haya denegado la entrada no entre en el territorio del Estado miembro de que se trate.

5. Los Estados miembros registrarán estadísticas sobre el número de personas a las que se les haya denegado la entrada, los motivos de la denegación, la nacionalidad y el tipo de frontera (terrestre, aérea, marítima) en que se les haya denegado la entrada.

En caso de que un nacional de un tercer país no cumpla las condiciones previstas en el artículo 6, apartado 1, y no pertenezca a ninguna de las categorías de personas a las que se refiere el artículo 6, apartado 5, se aplicará el procedimiento habitual de denegación de entrada, de conformidad con el artículo 13.

Los Estados miembros realizarán las inspecciones fronterizas en las fronteras marítimas de conformidad con lo dispuesto en el anexo VI. La guardia costera, en la medida en que lleve a cabo funciones de control fronterizo, será considerada guardia de fronteras a efectos del presente Reglamento.

1. Los Estados miembros se prestarán asistencia mutuamente y mantendrán una cooperación estrecha y permanente con vistas a la aplicación efectiva del control fronterizo.

2. Los Estados miembros intercambiarán toda la información pertinente.

Los Estados miembros podrán establecer formas de cooperación bilateral para gestionar sus tramos de fronteras exteriores, como el establecimiento de pasos fronterizos comunes.

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, establecida por el Reglamento (UE) 2016/1624, coordinará y asegurará la aplicación de la gestión europea integrada de las fronteras, incluido el intercambio de las mejores prácticas entre los Estados miembros y la Agencia.

Las normas específicas que figuran en los anexos para los distintos tipos de fronteras o medios de transporte o para determinadas categorías de personas se aplicarán a las inspecciones fronterizas.

Las fronteras interiores podrán cruzarse en cualquier lugar sin que se realice inspección fronteriza alguna de las personas, cualquiera que sea su nacionalidad.

La supresión del control en las fronteras interiores no afectará:

a) al ejercicio de las competencias de policía por las autoridades competentes de los Estados miembros en virtud de la legislación nacional, en la medida en que el ejercicio de tales competencias no tenga un efecto equivalente a las inspecciones fronterizas;

b) a las inspecciones de seguridad de las personas efectuadas en los puertos o aeropuertos por las autoridades competentes en virtud de la legislación de cada Estado miembro, por los responsables portuarios o aeroportuarios o por los transportistas, siempre que dichas inspecciones se efectúen también respecto de personas que viajen dentro de un Estado miembro;

c) a la posibilidad de un Estado miembro de establecer en su legislación nacional la obligación de poseer o llevar consigo documentos;

d) a la obligación de los nacionales de terceros países de declarar su presencia en el territorio de un Estado miembro de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.

Los Estados miembros suprimirán todos los obstáculos a la fluidez del tráfico en los puntos de cruce por carretera de las fronteras interiores, en particular los límites de velocidad que no se basen exclusivamente en consideraciones de seguridad vial. Los Estados miembros estarán dispuestos a proveer instalaciones para las inspecciones en caso de restablecimiento del control en las fronteras interiores.

La supresión del control fronterizo en las fronteras interiores no afectará a las inspecciones realizadas por las autoridades competentes dentro de las zonas fronterizas, siempre y cuando dichas inspecciones no tengan un efecto equivalente al de las inspecciones fronterizas.

Cuando en el espacio sin controles en las fronteras interiores exista una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior de un Estado miembro, dicho Estado miembro podrá, con carácter excepcional, restablecer el control fronterizo en todas sus fronteras interiores o en tramos específicos de las mismas durante un período limitado de treinta días como máximo, o mientras se prevea que va a durar la amenaza grave si su duración es superior a treinta días. El alcance y la duración del restablecimiento temporal del control fronterizo en las fronteras interiores no excederán de lo que sea estrictamente necesario para responder a la amenaza grave.

1. Cuando un Estado miembro decida restablecer el control fronterizo en las fronteras interiores con arreglo al artículo 24 o a su prolongación conforme al artículo 26, el Estado miembro de que se trate notificará a los demás Estados miembros y a la Comisión, a más tardar cuatro semanas antes del restablecimiento previsto, o con menor plazo cuando las circunstancias por las que sea necesario dicho restablecimiento se conozcan con menos de cuatro semanas de antelación.

2. El Estado miembro facilitará la siguiente información:

a) los motivos del restablecimiento previsto, indicando todos los datos pertinentes que precisen los acontecimientos que constituyen una amenaza grave para su orden público o su seguridad interior;

b) el alcance del restablecimiento previsto, indicando el tramo o los tramos de fronteras interiores en los que se va a restablecer el control fronterizo;

c) la denominación de los pasos autorizados;

d) la fecha y duración del restablecimiento previsto;

e) en su caso, las medidas que deben adoptar los demás Estados miembros.

3. La información a que se refiere el apartado 2 podrá también presentarse conjuntamente por dos o más Estados miembros.

4. El Estado miembro que haga la notificación con arreglo a los apartados 1, 2 y 3 podrá, si es necesario y de conformidad con la legislación nacional, clasificar toda la información proporcionada o parte de ella.

Cuando el orden público o la seguridad interior de un Estado miembro exija una actuación inmediata, el Estado miembro de que se trate podrá restablecer de forma excepcional e inmediata el control fronterizo en las fronteras interiores por un período de tiempo no superior a diez días.

1. En circunstancias excepcionales en las que el funcionamiento global del espacio sin controles en las fronteras interiores se vea puesto en peligro como resultado de deficiencias graves persistentes en el control de las fronteras exteriores, y en la medida en que dichas circunstancias constituyan una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior en el espacio sin controles en las fronteras interiores o en partes del mismo, podrá restablecerse el control en las fronteras interiores de conformidad con el apartado 2 del presente artículo, por un período de seis meses como máximo. Dicho período podrá prorrogarse, como máximo en tres ocasiones, por un período adicional de seis meses como máximo, si las circunstancias excepcionales persisten.

2. El Consejo podrá, como último recurso y como medida para proteger los intereses comunes dentro del espacio sin controles en las fronteras interiores, cuando todas las demás medidas, en particular las mencionadas en el artículo 21 del Reglamento (UE) n.o 2016/1624, resulten ineficaces para mitigar la amenaza grave detectada, recomendar que uno o más Estados miembros decidan restablecer el control fronterizo en todas sus fronteras interiores o en tramos específicos de las mismas.

Cuando un Estado miembro restablezca con carácter inmediato el control fronterizo en las fronteras interiores, informará de ello a los demás Estados miembros y a la Comisión al mismo tiempo que adopte la decisión de restablecimiento.

El Estado miembro que restablezca el control fronterizo en las fronteras interiores presentará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión sobre el restablecimiento del control fronterizo en las fronteras interiores, al término del período durante el cual se haya restablecido dicho control. El informe indicará, en particular, la evaluación inicial y el seguimiento de la necesidad de las inspecciones fronterizas y del cumplimiento de los criterios a que se refieren los artículos 24 y 25.

El Parlamento Europeo y el Consejo serán informados sin demora de los procedimientos llevados a cabo en virtud del presente título.

Las disposiciones del presente Reglamento no afectarán a las normas específicas aplicables a las ciudades de Ceuta y Melilla, tal como se definen en la Declaración del Reino de España relativa a las ciudades de Ceuta y Melilla que figura en el Acta Final del Acuerdo de adhesión del Reino de España al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.

1. Los Estados miembros notificarán a la Comisión la lista de documentos de viaje que permitan a su titular cruzar las fronteras exteriores.

2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión los permisos de residencia por ellos expedidos.

3. Los Estados miembros publicarán sin demora la información pertinente, en particular las condiciones de entrada, a través de la red de consulta en materia de visados creada por la Decisión 2003/C 272/01 del Consejo.

La denegación de entrada se dispondrá por medio del formulario normalizado que figura en el anexo V, parte B. Dicho formulario normalizado cumplimentado será entregado al nacional de tercer país afectado, que acusará recibo de la resolución de denegación de entrada por medio de dicho formulario.

Podrán adoptarse disposiciones prácticas para la estampación de sellos mediante actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 38, apartado 2.

Los Estados miembros podrán celebrar o mantener acuerdos bilaterales con terceros países vecinos en relación con las fronteras exteriores, siempre que tales acuerdos sean conformes con el presente Reglamento y las demás disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión.

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 37 en lo que se refiere a la modificación de los anexos III, IV y VIII.

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 13, apartado 5, y en el artículo 36 se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 12 de abril de 2016.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 13, apartado 5, y el artículo 36 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo.

1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.o 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 182/2011.

1. Los Estados miembros notificarán a la Comisión la lista de los pasos fronterizos de conformidad con el artículo 4, apartado 1.

2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión el modelo de autorización que hayan fijado a efectos de las excepciones previstas en el artículo 4, apartado 2.

3. Las notificaciones efectuadas con arreglo al presente artículo se publicarán en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea.

Queda derogado el Reglamento (CE) n.o 562/2006. Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo X.

De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1053/2013 del Consejo, los Estados miembros y la Comisión serán responsables conjuntamente de la aplicación del mecanismo de evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del acervo de Schengen, incluido el control de las fronteras.

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

1. De conformidad con los Tratados y sin perjuicio de sus disposiciones en materia de procedimientos de infracción, la aplicación del presente Reglamento por parte de cada uno de los Estados miembros se evaluará estimará mediante un mecanismo de evaluación. 2. Las disposiciones del mecanismo de evaluación se especificarán en el Reglamento (UE) n.o 1053/2013. Con arreglo a dicho mecanismo de evaluación, los Estados miembros y la Comisión realizarán conjuntamente evaluaciones periódicas, objetivas e imparciales con objeto de verificar la correcta aplicación del presente Reglamento, y la Comisión coordinará las evaluaciones en estrecha cooperación con los Estados miembros. Con arreglo a dicho mecanismo, cada Estado miembro será sometido a una evaluación cada cinco años como mínimo por parte de un pequeño equipo integrado por representantes de la Comisión y expertos designados por los Estados miembros. Las evaluaciones podrán constar de visitas in situ a las fronteras exteriores o interiores, con o sin previo aviso. Con arreglo a dicho mecanismo de evaluación, la Comisión tendrá la responsabilidad de adoptar los programas de evaluación plurianuales y anuales y los informes de evaluación. 3. En caso de posibles deficiencias, se dirigirán a los Estados miembros afectados recomendaciones de actuación para subsanarlas. (1) DO L 239 de 22.9.2000, p. 73. 23.3.2016 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 77/27 En caso de que se detecten deficiencias graves en la realización de los controles en las fronteras exteriores en el informe de evaluación adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 14 del Reglamento (UE) n.o 1053/2013, se aplicarán los artículos 21 y 29 del presente Reglamento. 4. Se informará al Parlamento Europeo y al Consejo en todas las fases de la evaluación y se transmitirán todos los documentos pertinentes, de conformidad con las normas sobre documentos clasificados. 5. Se informará puntual y cumplidamente al Parlamento Europeo de cualquier propuesta de modificación o sustitución de las disposiciones establecidas en el Reglamento (UE) n.o 1053/2013.

Queda derogado el Reglamento (CE) n.o 562/2006. Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo X.

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados. Hecho en Estrasburgo, el 9 de marzo de 2016. Por el Parlamento Europeo Por el Consejo El Presidente La Presidenta M. SCHULZ J. A. HENNIS-PLASSCHAERT L 77/28 ES Diario Oficial de la Unión Europea 23.3.2016

1. Se consideran extranjeros, a los efectos de la aplicación de la presente Ley, a los que carezcan de la nacionalidad española.

2. Lo dispuesto en esta Ley se entenderá, en todo caso, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales y en los Tratados internacionales en los que España sea parte.

3. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por las normas que lo regulan, siéndoles de aplicación la presente Ley en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables.

1. Corresponde al Gobierno, de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.2.ª de la Constitución, la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración, sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por las Comunidades Autónomas y por las Entidades Locales.

2. Todas las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de sus competencias vinculadas con la inmigración en el respeto a los siguientes principios:

a) la coordinación con las políticas definidas por la Unión Europea;

b) la ordenación de los flujos migratorios laborales, de acuerdo con las necesidades de la situación nacional del empleo;

c) la integración social de los inmigrantes mediante políticas transversales dirigidas a toda la ciudadanía;

d) la igualdad efectiva entre mujeres y hombres;

e) la efectividad del principio de no discriminación y, consecuentemente, el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para todos aquellos que vivan o trabajen legalmente en España, en los términos previstos en la Ley;

f) la garantía del ejercicio de los derechos que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes reconocen a todas las personas;

g) la lucha contra la inmigración irregular y la persecución del tráfico ilícito de personas;

h) la persecución de la trata de seres humanos;

i) la igualdad de trato en las condiciones laborales y de Seguridad Social;

j) la promoción del diálogo y la colaboración con los países de origen y tránsito de inmigración, mediante acuerdos marco dirigidos a ordenar de manera efectiva los flujos migratorios, así como a fomentar y coordinar las iniciativas de cooperación al desarrollo y codesarrollo.

3. El Estado garantizará el principio de solidaridad, consagrado en la Constitución, atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia.

1. Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución en los términos establecidos en los Tratados internacionales, en esta Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos. Como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros serán interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en España, sin que pueda alegarse la profesión de creencias religiosas o convicciones ideológicas o culturales de signo diverso para justificar la realización de actos o conductas contrarios a las mismas.

1. Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y el deber de conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su situación en España.

2. Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una autorización para permanecer en España por un período superior a seis meses, obtendrán la tarjeta de identidad de extranjero, que deberán solicitar personalmente en el plazo de un mes desde su entrada en España o desde que se conceda la autorización, respectivamente. Estarán exceptuados de dicha obligación los titulares de un visado de residencia y trabajo de temporada.

Reglamentariamente se desarrollarán los supuestos en que se podrá obtener dicha tarjeta de identidad cuando se haya concedido una autorización para permanecer en España por un periodo no superior a seis meses.

3. Los extranjeros no podrán ser privados de su documentación, salvo en los supuestos y con los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

1. Los extranjeros residentes en España podrán ser titulares del derecho de sufragio, en las elecciones municipales, en los términos establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales, en su caso, y en la Ley.

2. Los extranjeros residentes, empadronados en un municipio, tienen todos los derechos establecidos por tal concepto en la legislación de bases de régimen local, pudiendo ser oídos en los asuntos que les afecten de acuerdo con lo que disponga la normativa de aplicación.

3. Los Ayuntamientos incorporarán al padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio y mantendrán actualizada la información relativa a los mismos.

4. Los poderes públicos facilitarán el ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en los procesos electorales democráticos del país de origen.

1. Los extranjeros menores de dieciséis años tienen el derecho y el deber a la educación, que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Los extranjeros menores de dieciocho años también tienen derecho a la enseñanza posobligatoria.

Este derecho incluye la obtención de la titulación académica correspondiente y el acceso al sistema público de becas y ayudas en las mismas condiciones que los españoles.

En caso de alcanzar la edad de dieciocho años en el transcurso del curso escolar, conservarán ese derecho hasta su finalización.

2. Los extranjeros mayores de dieciocho años que se hallen en España tienen derecho a la educación de acuerdo con lo establecido en la legislación educativa. En todo caso, los extranjeros residentes mayores de dieciocho años tienen el derecho a acceder a las demás etapas educativas posobligatorias, a la obtención de las titulaciones correspondientes, y al sistema público de becas en las mismas condiciones que los españoles.

3. Los poderes públicos promoverán que los extranjeros puedan recibir enseñanzas para su mejor integración social.

4. Los extranjeros residentes que tengan en España menores a su cargo en edad de escolarización obligatoria, deberán acreditar dicha escolarización, mediante informe emitido por las autoridades autonómicas competentes, en las solicitudes de renovación de su autorización o en su solicitud de residencia de larga duración.

1. Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles.

2. Los extranjeros residentes tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles. En cualquier caso, los extranjeros con discapacidad, menores de dieciocho años, que tengan su domicilio habitual en España, tendrán derecho a recibir el tratamiento, servicios y cuidados especiales que exija su estado físico o psíquico.

3. Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos aplicables sobre doble imposición internacional, los extranjeros estarán sujetos, con carácter general, a los mismos impuestos que los españoles.

2. Los extranjeros tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros obtenidos en España a su país, o a cualquier otro, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación española y de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables. El Gobierno adoptará las medidas necesarias para facilitar dichas transferencias.

1. Los extranjeros que se propongan entrar en territorio español deberán estar provistos de visado, válidamente expedido y en vigor, extendido en su pasaporte o documento de viaje o, en su caso, en documento aparte, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 25 de esta Ley.

2. Los visados a que se refiere el apartado anterior serán de una de las clases siguientes:

a) Visado de tránsito, que habilita a transitar por la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español o a atravesar el territorio español. No será exigible la obtención de dicho visado en casos de tránsito de un extranjero a efectos de repatriación o alejamiento por vía aérea solicitado por un Estado miembro de la Unión Europea o por un tercer estado que tenga suscrito con España un acuerdo internacional sobre esta materia.

b) Visado de estancia, que habilita para una estancia ininterrumpida o estancias sucesivas por un período o suma de períodos cuya duración total no exceda de tres meses por semestre a partir de la fecha de la primera entrada.

c) Visado de residencia, que habilita para residir sin ejercer actividad laboral o profesional.

d) Visado de residencia y trabajo, que habilita para la entrada y estancia por un período máximo de tres meses y para el comienzo, en ese plazo, de la actividad laboral o profesional para la que hubiera sido previamente autorizado. En este tiempo deberá producirse el alta del trabajador en la Seguridad Social, que dotará de eficacia a la autorización de residencia y trabajo, por cuenta propia o ajena. Si transcurrido el plazo no se hubiera producido el alta, el extranjero quedará obligado a salir del territorio nacional, incurriendo, en caso contrario, en la infracción contemplada en el artículo 53.1.a) de esta Ley.

e) Visado de residencia y trabajo de temporada, que habilita para trabajar por cuenta ajena hasta nueve meses en un período de doce meses consecutivos.

f) Visado de estudios, que habilita a permanecer en España para la realización de cursos, estudios, trabajos de investigación o formación, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado, no remunerados laboralmente.

g) Visado de investigación, que habilita al extranjero a permanecer en España para realizar proyectos de investigación en el marco de un convenio de acogida firmado con un organismo de investigación.

3. Reglamentariamente, se desarrollarán los diferentes tipos de visados.

1. El visado se solicitará y expedirá en las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de España, salvo en los supuestos excepcionales que se contemplen reglamentariamente o en los supuestos en los que el Estado español, de acuerdo con la normativa comunitaria sobre la materia, haya acordado su representación con otro Estado miembro de la Unión Europea en materia de visados de tránsito o estancia.

2. La concesión del visado:

a) Habilitará al extranjero para presentarse en un puesto fronterizo español y solicitar su entrada.

b) Habilitará al extranjero, una vez se ha efectuado la entrada en territorio español, a permanecer en España en la situación para la que hubiese sido expedido, sin perjuicio de la obligatoriedad de obtener, en su caso, la tarjeta de identidad de extranjero.

3. Reglamentariamente se establecerá la normativa específica del procedimiento de concesión y expedición de visados, conforme a lo previsto en la disposición adicional undécima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En dicho procedimiento podrá requerirse la comparecencia personal del solicitante.

4. El ejercicio de la potestad de otorgamiento o denegación de visados se sujetará a los compromisos internacionales vigentes en la materia y se orientará al cumplimiento de los fines de la política exterior del Reino de España y de otras políticas públicas españolas o de la Unión Europea, como la política de inmigración, la política económica y la de seguridad ciudadana.

5. Para supuestos excepcionales podrán fijarse por vía reglamentaria otros criterios a los que haya de someterse el otorgamiento y denegación de visados.

6. La denegación de visado deberá ser motivada cuando se trate de visados de residencia para reagrupación familiar o para el trabajo por cuenta ajena, así como en el caso de visados de estancia o de tránsito. Si la denegación se debe a que el solicitante del visado está incluido en la lista de personas no admisibles prevista en el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1990, se le comunicará así de conformidad con las normas establecidas por dicho Convenio. La resolución expresará los recursos que contra la misma procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

1. Las salidas del territorio español podrán realizarse libremente, excepto en los casos previstos en el Código Penal y en la presente Ley. La salida de los extranjeros a los que no les sea de aplicación el régimen comunitario, podrá ser registrada por las autoridades españolas a los efectos de control de su período de permanencia legal en España de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

2. Excepcionalmente, el Ministro del Interior podrá prohibir la salida del territorio español por razones de seguridad nacional o de salud pública. La instrucción y resolución de los expedientes de prohibición tendrá siempre carácter individual.

3. La salida será obligatoria en los siguientes supuestos:

a) Expulsión del territorio español por orden judicial, en los casos previstos en el Código Penal.

b) Expulsión o devolución acordadas por resolución administrativa en los casos previstos en la presente Ley.

c) Denegación administrativa de las solicitudes formuladas por el extranjero para continuar permaneciendo en territorio español, o falta de autorización para encontrarse en España.

d) Cumplimiento del plazo en el que un trabajador extranjero se hubiera comprometido a regresar a su país de origen en el marco de un programa de retorno voluntario.

1. Los extranjeros podrán encontrarse en España en las situaciones de estancia o residencia.

2. Las diferentes situaciones de los extranjeros en España podrán acreditarse mediante pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, visado o tarjeta de identidad de extranjero, según corresponda.

1. Estancia es la permanencia en territorio español por un período de tiempo no superior a 90 días, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33 para la admisión a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado.

2. Transcurrido dicho tiempo, para permanecer en España será preciso obtener o una prórroga de estancia o una autorización de residencia.

3. En los supuestos de entrada con visado, cuando la duración de éste sea inferior a tres meses, se podrá prorrogar la estancia, que en ningún caso podrá ser superior a tres meses, en un período de seis meses.

4. En los supuestos de entrada sin visado, cuando concurran circunstancias excepcionales que lo justifiquen, podrá autorizarse la estancia de un extranjero en el territorio español más allá de tres meses.

1. Son residentes los extranjeros que se encuentren en España y sean titulares de una autorización para residir.

2. Los residentes podrán encontrarse en la situación de residencia temporal o de residencia de larga duración.

1. Podrá ser autorizado, en régimen de estancia, conforme a lo dispuesto en la presente ley, el extranjero que tenga como fin único o principal realizar una de las siguientes actividades de carácter no laboral:

a) Cursar o ampliar estudios.

b) Realizar actividades de investigación o formación, sin perjuicio del régimen especial de los investigadores.

c) Participar en programas de intercambio de alumnos en cualesquiera centros docentes o científicos, públicos o privados, oficialmente reconocidos.

d) Realizar prácticas no laborales.

e) Realizar servicios de voluntariado.

2. La vigencia de la autorización coincidirá con la duración del curso para el que esté matriculado, de los trabajos de investigación, del intercambio de alumnos, de las prácticas o del servicio de voluntariado. En el caso de los estudios superiores, en los supuestos en los que el solicitante vaya a estudiar más de un curso académico, la vigencia de la autorización coincidirá con la duración oficial de los estudios en las condiciones que reglamentariamente se determinen, que incluirán el mantenimiento y comprobación de los requisitos que dieron lugar al otorgamiento de la autorización.

3. La autorización se prorrogará con el límite de un año en cada prórroga en los términos y con los periodos de cada actividad de conformidad con su legislación específica siempre y cuando el titular demuestre que sigue reuniendo las condiciones requeridas en la autorización inicial y que cumple los requisitos exigidos con carácter general y los específicos de cada una de ellas.

4. Los extranjeros admitidos con fines de estudio, prácticas no laborales o voluntariado podrán ser autorizados para ejercer una actividad retribuida por cuenta propia o ajena, en la medida en que ello no limite la prosecución de los estudios o actividad asimilada, en los términos que reglamentariamente se determinen.

5. La realización de trabajo en una familia para compensar la estancia y mantenimiento en la misma, mientras se mejoran los conocimientos lingüísticos o profesionales se regulará de acuerdo con lo dispuesto en los acuerdos internacionales sobre colocación «au pair».

6. Se facilitará la entrada y permanencia en España, en los términos establecidos reglamentariamente, de los estudiantes extranjeros que participen en programas de la Unión Europea destinados a favorecer la movilidad con destino a la Unión o en la misma.

7. Todo extranjero, admitido en calidad de estudiante en otro Estado miembro de la Unión Europea, que solicite cursar parte de sus estudios ya iniciados o completar éstos en España podrá solicitar una autorización de estancia por estudios y obtenerla, si reúne los requisitos reglamentarios para ello, no siendo exigible el visado.

A fin de que todo extranjero admitido en calidad de estudiante en España pueda solicitar cursar parte de sus estudios ya iniciados o completar éstos en otro Estado miembro de la Unión Europea, las Autoridades españolas facilitarán la información oportuna sobre la permanencia de aquél en España, a instancia de las Autoridades competentes de dicho Estado miembro.

8. Se someten al régimen de estancia previsto en este artículo los extranjeros que cursen en España estudios de formación sanitaria especializada de acuerdo con la Ley 44/2003, de 11 de noviembre, de profesiones sanitarias, salvo que ya contaran con una autorización de residencia previamente al inicio de los mismos, en cuyo caso podrán continuar en dicha situación.

1. El Ministro del Interior reconocerá la condición de apátrida a los extranjeros que manifestando que carecen de nacionalidad reúnen los requisitos previstos en la Convención sobre el Estatuto de Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, y les expedirá la documentación prevista en el artículo 27 de la citada Convención. El estatuto de apátrida comportará el régimen específico que reglamentariamente se determine.

2. En cualquier caso, el extranjero que se presente en dependencias del Ministerio del Interior acreditando que no puede ser documentado por las autoridades de ningún país y que desea ser documentado por España, una vez verificada la pertinente información y siempre que concurran y se acrediten razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por España, podrá obtener, en los términos que reglamentariamente se determinen, un documento identificativo que acredite su inscripción en las referidas dependencias. En todo caso, se denegará la documentación solicitada cuando el peticionario esté incurso en alguno de los supuestos del artículo 26, o se haya dictado contra él una orden de expulsión.

3. La resolución favorable sobre la petición de asilo en España supondrá el reconocimiento de la condición de refugiado del solicitante, el cual tendrá derecho a residir en España y a desarrollar actividades laborales, profesionales y mercantiles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, y su normativa de desarrollo. Dicha condición supondrá su no devolución ni expulsión en los términos del artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951.

1. Los extranjeros mayores de dieciséis años precisarán, para ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, de la correspondiente autorización administrativa previa para residir y trabajar. La autorización de trabajo se concederá conjuntamente con la de residencia, salvo en los supuestos de penados extranjeros que se hallen cumpliendo condenas o en otros supuestos excepcionales que se determinen reglamentariamente.

2. La eficacia de la autorización de residencia y trabajo inicial se condicionará al alta del trabajador en la Seguridad Social. La Entidad Gestora comprobará en cada caso la previa habilitación de los extranjeros para residir y realizar la actividad.

3. Cuando el extranjero se propusiera trabajar por cuenta propia o ajena, ejerciendo una profesión para la que se exija una titulación especial, la concesión de la autorización se condicionará a la tenencia y, en su caso, homologación del título correspondiente y, si las leyes así lo exigiesen, a la colegiación.

4. Para la contratación de un extranjero, el empleador deberá solicitar la autorización a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, que en todo caso deberá acompañarse del contrato de trabajo que garantice una actividad continuada durante el periodo de vigencia de la autorización.

5. La carencia de la autorización de residencia y trabajo, sin perjuicio de las responsabilidades del empresario a que dé lugar, incluidas las de Seguridad Social, no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni será obstáculo para la obtención de las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por los convenios internacionales de protección a los trabajadores u otras que pudieran corresponderle, siempre que sean compatibles con su situación. En todo caso, el trabajador que carezca de autorización de residencia y trabajo no podrá obtener prestaciones por desempleo.

Salvo en los casos legalmente previstos, el reconocimiento de una prestación no modificará la situación administrativa del extranjero.

6. En la concesión inicial de la autorización administrativa para trabajar podrán aplicarse criterios especiales para determinadas nacionalidades en función del principio de reciprocidad.

7. No se concederá autorización para residir y realizar una actividad lucrativa, laboral o profesional, a los extranjeros que, en el marco de un programa de retorno voluntario a su país de origen, se hubieran comprometido a no retornar a España durante un plazo determinado en tanto no hubiera transcurrido dicho plazo.

8. Reglamentariamente se determinarán las condiciones y requisitos para hacer posible la participación de trabajadores extranjeros en sociedades anónimas laborales y sociedades cooperativas.

1. Para la realización de actividades económicas por cuenta propia habrá de acreditarse el cumplimiento de todos los requisitos que la legislación vigente exige a los nacionales para la apertura y funcionamiento de la actividad proyectada, así como los relativos a la suficiencia de la inversión y la potencial creación de empleo, entre otros que reglamentariamente se establezcan.

2. La autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta propia se limitará a un ámbito geográfico no superior al de una Comunidad Autónoma, y a un sector de actividad. Su duración se determinará reglamentariamente.

3. La concesión de la autorización inicial de trabajo, en necesaria coordinación con la que corresponde al Estado en materia de residencia, corresponderá a las Comunidades Autónomas de acuerdo con las competencias asumidas en los correspondientes Estatutos.

1. Para la concesión inicial de la autorización de residencia y trabajo, en el caso de trabajadores por cuenta ajena, se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo.

2. La situación nacional de empleo será determinada por el Servicio Público de Empleo Estatal con la información proporcionada por las Comunidades Autónomas y con aquella derivada de indicadores estadísticos oficiales y quedará plasmada en el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. Dicho catálogo contendrá una relación de empleos susceptibles de ser satisfechos a través de la contratación de trabajadores extranjeros y será aprobado previa consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.

Igualmente, se entenderá que la situación nacional de empleo permite la contratación en ocupaciones no catalogadas cuando de la gestión de la oferta se concluya la insuficiencia de demandantes de empleo adecuados y disponibles. Reglamentariamente se determinarán los requisitos mínimos para considerar que la gestión de la oferta de empleo es considerada suficiente a estos efectos.

3. El procedimiento de concesión de la autorización de residencia y trabajo inicial, sin perjuicio de los supuestos previstos cuando el extranjero que se halle en España se encuentre habilitado para solicitar u obtener una autorización de residencia y trabajo, se basará en la solicitud de cobertura de un puesto vacante, presentada por un empresario o empleador ante la autoridad competente, junto con el contrato de trabajo y el resto de documentación exigible, ofrecido al trabajador extranjero residente en un tercer país. Verificado el cumplimiento de los requisitos, la autoridad competente expedirá una autorización cuya eficacia estará condicionada a que el extranjero solicite el correspondiente visado y que, una vez en España, se produzca el alta del trabajador en la Seguridad Social.

4. El empresario o empleador estará obligado a comunicar el desistimiento de la solicitud de autorización si, mientras se resolviera la autorización o el visado, desapareciera la necesidad de contratación del extranjero o se modificasen las condiciones del contrato de trabajo que sirvió de base a la solicitud. Asimismo, cuando el extranjero habilitado se hallase en España deberá registrar en los Servicios Públicos de Empleo el contrato de trabajo que dio lugar a la solicitud y formalizar el alta del trabajador en la Seguridad Social, y si no pudiera iniciarse la relación laboral, el empresario o empleador estará obligado a comunicarlo a las autoridades competentes.

5. La autorización inicial de residencia y trabajo se limitará, salvo en los casos previstos por la Ley y los Convenios Internacionales firmados por España, a un determinado territorio y ocupación. Su duración se determinará reglamentariamente.

6. La autorización de residencia y trabajo se renovará a su expiración:

a) Cuando persista o se renueve el contrato de trabajo que motivó su concesión inicial, o cuando se cuente con un nuevo contrato.

b) Cuando por la autoridad competente, conforme a la normativa de la Seguridad Social, se hubiera otorgado una prestación contributiva por desempleo.

c) Cuando el extranjero sea beneficiario de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral.

d) Cuando concurran otras circunstancias previstas reglamentariamente, en particular, los supuestos de extinción del contrato de trabajo o suspensión de la relación laboral como consecuencia de ser víctima de violencia de género.

7. A partir de la primera concesión, las autorizaciones se concederán sin limitación alguna de ámbito geográfico u ocupación.

8. La concesión de la autorización inicial de trabajo, en necesaria coordinación con la que corresponde al Estado en materia de residencia, corresponderá a las Comunidades Autónomas de acuerdo con las competencias asumidas en los correspondientes Estatutos.

1. El presente Reglamento establece los procedimientos y condiciones para la expedición de visados de tránsito o para estancias previstas en el territorio de los Estados miembros no superiores a 90 días en cualquier período de 180 días.

2. Las disposiciones del presente Reglamento serán de aplicación a los nacionales de los terceros países enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 539/2001 del Consejo.

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1. «visado»: la autorización expedida por un Estado miembro para el tránsito por el territorio de los Estados miembros o una estancia prevista en él de una duración no superior a 90 días;

2. «visado uniforme»: un visado válido para el conjunto del territorio de los Estados miembros;

3. «visado con validez territorial limitada»: un visado válido para el territorio de uno o varios Estados miembros, pero no para todos;

4. «visado de tránsito aeroportuario»: un visado que permite a su titular el tránsito por la zona internacional de tránsito de uno o varios aeropuertos de los Estados miembros;

5. «solicitante»: toda persona que haya presentado una solicitud de visado.

Los nacionales de los terceros países que figuran en el anexo IV estarán sujetos a la obligación de visado de tránsito aeroportuario al transitar por la zona internacional de tránsito de los aeropuertos situados en el territorio de los Estados miembros.

1. Las solicitudes se examinarán y las decisiones sobre las mismas serán adoptadas por los consulados.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las solicitudes podrán ser examinadas y las decisiones sobre ellas adoptadas en las fronteras exteriores de los Estados miembros por las autoridades responsables de los controles de personas en dichas fronteras.

1. El Estado miembro competente para examinar una solicitud de visado uniforme y decidir al respecto será:

a) el Estado miembro cuyo territorio constituya el destino único de la visita;

b) si la visita incluye más de un destino, o si se prevén varios viajes separados dentro de un período de dos meses, el Estado miembro cuyo territorio constituya el destino principal de la visita o las visitas en términos de la duración de la estancia, calculada en días, o del objeto del viaje;

c) si no puede determinarse un destino principal, el Estado miembro por cuya frontera exterior tenga intención el solicitante de entrar en el territorio de los Estados miembros.

Los consulados de cada Estado miembro serán competentes en materia de solicitudes de visados presentadas por los nacionales de terceros países que residan legalmente pero que no sean nacionales del tercer país en el que se encuentre el consulado.

Los nacionales de terceros países que se encuentren legalmente en el territorio de un Estado miembro y que deban obtener un visado para entrar en el territorio de uno o más Estados miembros solicitarán el visado ante el consulado del Estado miembro competente.

1. Un Estado miembro podrá acordar representar a otro Estado miembro que sea competente de conformidad con el artículo 5 a los efectos de examinar las solicitudes y expedir los visados en nombre de dicho Estado miembro.

2. El Estado miembro que represente al Estado miembro competente completará el examen de la solicitud y expedirá, en su caso, el visado.

1. Las solicitudes se presentarán con una antelación no superior a seis meses respecto de la visita prevista o, en el caso de los marinos, al menos con una antelación de nueve meses.

2. Los solicitantes podrán estar obligados a concertar una cita para la presentación de la solicitud.

3. Cuando el solicitante deba comparecer en persona, la cita se concertará, por regla general, en un plazo de dos semanas a partir de la fecha en que se haya solicitado.

Los solicitantes comparecerán en persona al presentar la solicitud para la recogida de las impresiones dactilares.

Los solicitantes presentarán un formulario de solicitud debidamente cumplimentado y firmado.

El solicitante presentará un documento de viaje válido que cumpla los criterios siguientes:

a) su período de validez será superior al menos en tres meses a la fecha prevista de salida del territorio de los Estados miembros;

b) contendrá al menos dos páginas en blanco;

c) habrá sido expedido en los diez años anteriores.

1. Los Estados miembros recogerán los identificadores biométricos del solicitante, a saber, una fotografía y diez impresiones dactilares.

2. Se exigirá que todo solicitante que presente por primera vez una solicitud comparezca en persona.

1. El solicitante presentará documentos justificativos del objeto del viaje previsto, medios de subsistencia suficientes, alojamiento, intención de abandonar el territorio de los Estados miembros y seguro médico de viaje.

2. Al evaluar una solicitud de visado uniforme, el consulado verificará si el solicitante cumple las condiciones de entrada.

1. Los solicitantes de un visado uniforme de una o dos entradas deberán acreditar que son titulares de un seguro médico de viaje adecuado y válido para cubrir los gastos que pudieran derivarse de una repatriación por motivos médicos, atención médica de urgencia, atención hospitalaria de urgencia o fallecimiento durante su estancia.

2. La cobertura mínima del seguro ascenderá a 30 000 EUR.

1. Los solicitantes abonarán unos derechos de visado de 80 EUR.

2. Los niños de seis a doce años de edad abonarán unos derechos de visado de 40 EUR.

3. Estarán exentos del pago de derechos de visado los menores de seis años.

1. Podrá cobrarse un gasto de servicio adicional por el proveedor de servicios externo.

2. El gasto de servicio no excederá de la mitad de los derechos de visado.

El consulado verificará si es competente para examinar y decidir sobre una solicitud de visado y, en caso de no serlo, indicará al solicitante cuál es el consulado competente.

1. El consulado comprobará si la solicitud es admisible.

2. Se declarará inadmisible la solicitud que no cumpla los requisitos del artículo 10, apartado 1, o del artículo 11.

El consulado del Estado miembro de destino principal estampará un sello en el formulario de solicitud y en el documento de viaje del solicitante.

1. Al examinar una solicitud de visado uniforme, se comprobará si el solicitante cumple las condiciones de entrada establecidas en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/399.

2. Se evaluará si el solicitante presenta un riesgo de inmigración ilegal, si representa una amenaza para la seguridad de los Estados miembros, y si tiene intención de abandonar el territorio de los Estados miembros.

Un Estado miembro podrá exigir que las autoridades centrales de otros Estados miembros consulten a sus autoridades centrales al examinar las solicitudes presentadas por nacionales de terceros países concretos o de determinadas categorías de tales nacionales.

1. Las solicitudes se tramitarán en un plazo de 15 días naturales a partir de la fecha de su presentación.

2. Dicho plazo podrá ampliarse hasta un máximo de 45 días naturales en casos individuales, en particular cuando sea necesaria una investigación más profunda de la solicitud.

1. El período de validez y la duración de la estancia autorizada se basarán en el examen realizado de conformidad con el artículo 21.

2. Un visado podrá ser expedido para una, dos o múltiples entradas. El período de validez no será superior a cinco años.

Un visado con validez territorial limitada se expedirá excepcionalmente cuando el Estado miembro de que se trate considere necesario, por motivos humanitarios, por razones de interés nacional o en virtud de obligaciones internacionales, conceder la entrada a un nacional de un tercer país que no cumpla las condiciones de entrada.

1. El visado de tránsito aeroportuario será válido para el tránsito por las zonas internacionales de tránsito de los aeropuertos situados en el territorio de los Estados miembros.

2. El período de validez del visado permitirá el tránsito.

La etiqueta de visado se cumplimentará de conformidad con las disposiciones del anexo VII.

Si se detecta un error en una etiqueta de visado antes de su adhesión al documento de viaje, la etiqueta será invalidada.

La etiqueta de visado se adherirá al documento de viaje de conformidad con las disposiciones del anexo VIII.

La mera posesión de un visado uniforme o de un visado con validez territorial limitada no conferirá un derecho de entrada automático.

Cuando se expida un visado con validez territorial limitada con arreglo al artículo 25, apartado 1, la autoridad central del Estado miembro que expida el visado transmitirá la información correspondiente a las autoridades centrales de los demás Estados miembros.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25, apartado 1, se denegará el visado cuando el solicitante:

a) presente un documento de viaje falso;

b) no justifique el objeto y las condiciones de la estancia prevista;

c) no demuestre que dispone de medios de subsistencia suficientes;

d) ya haya residido durante 90 días del período actual de 180 días en el territorio de los Estados miembros;

e) sea objeto de una descripción en el SIS a efectos de denegación de entrada;

f) se considere una amenaza para el orden público, la seguridad interior o la salud pública;

g) no presente pruebas de que dispone de un seguro médico de viaje adecuado.

2. La denegación del visado y los motivos en que se base se notificarán al solicitante mediante el formulario normalizado que figura en el anexo VI.

3. Los solicitantes a quienes se deniegue el visado podrán recurrir la decisión.

1. El período de validez y/o la duración de la estancia de un visado expedido se ampliarán cuando el titular del visado demuestre la existencia de fuerza mayor o razones humanitarias que le impidan abandonar el territorio de los Estados miembros antes de la expiración del período de validez del visado o de la duración de la estancia autorizada.

2. La prórroga será gratuita cuando obedezca a causas de fuerza mayor o razones humanitarias.

1. Un visado será anulado cuando resulte evidente que en el momento de su expedición no se cumplían las condiciones de expedición, en particular si existen motivos fundados para considerar que se obtuvo de forma fraudulenta.

2. Un visado será revocado cuando resulte evidente que las condiciones de expedición ya no se cumplen.

Con carácter excepcional podrá expedirse un visado en un paso fronterizo cuando el nacional de un tercer país cumpla las condiciones establecidas en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/399 y no haya podido solicitar un visado con antelación.

Se podrá expedir un visado de tránsito en la frontera a los marinos que deban estar en posesión de un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros.

Se simplificará la expedición de visados a los miembros de las tripulaciones aéreas civiles que estén sujetos a la obligación de visado.

1. Los Estados miembros serán responsables de la organización de sus respectivos consulados.

2. Los consulados garantizarán que el personal que examine las solicitudes haya recibido la formación adecuada.

Los consulados de los Estados miembros garantizarán que los solicitantes sean tratados con cortesía y que las oficinas sean accesibles para las personas con discapacidad.

Los Estados miembros cooperarán entre sí y con la Comisión para garantizar una aplicación coherente de la política común de visados.

Los cónsules honorarios también podrán ser autorizados para desempeñar alguna o la totalidad de las funciones a que se refiere el artículo 43.

Los Estados miembros podrán cooperar con un proveedor de servicios externo para la recogida de solicitudes.

Los consulados podrán cooperar con intermediarios comerciales, como agencias de viaje, para la presentación de solicitudes.

Los Estados miembros garantizarán que los datos sean cifrados durante su transferencia electrónica.

Los Estados miembros cooperarán con la Agencia europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (eu-LISA).

Los Estados miembros recopilarán estadísticas anuales sobre los visados, de conformidad con el cuadro que figura en el anexo XII.

Las autoridades centrales de los Estados miembros y sus consulados facilitarán al público toda la información pertinente en relación con la solicitud de visado.

1. Los consulados de los Estados miembros y la Comisión cooperarán en cada jurisdicción a fin de garantizar una aplicación armonizada de la política común de visados.

2. La cooperación abarcará el intercambio de información sobre los nacionales de terceros países que presenten un riesgo para la seguridad local.

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con el fin de modificar los anexos.

1. La Comisión estará asistida por un comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el procedimiento de examen.

La Comisión elaborará instrucciones operativas relativas a la aplicación práctica de las disposiciones del presente Reglamento.

Quedan derogados los artículos 9 a 17 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.

1. Dos años después de que todas las disposiciones del presente Reglamento sean de aplicación, la Comisión elaborará un informe de evaluación de su aplicación.

2. La Comisión transmitirá la evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo.

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Será aplicable a partir del 5 de abril de 2010.