El Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional

1. Origen y naturaleza de la Corte Penal Internacional

El Estatuto de Roma fue adoptado el 17 de julio de 1998 en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas celebrada en Roma, y entró en vigor el 1 de julio de 2002. España lo ratificó mediante instrumento publicado en el BOE en 2002.

El Estatuto crea la Corte Penal Internacional (CPI), una institución permanente con sede en La Haya (Países Bajos), facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional. Su carácter es complementario de las jurisdicciones penales nacionales: la Corte solo actúa cuando los Estados no pueden o no están dispuestos a enjuiciar tales crímenes. La sede de la Corte es única; está establecida en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos.

La Corte está dotada de personalidad jurídica internacional y tendrá la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones. La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el Estatuto en el territorio de cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado.

2. Competencia material: los crímenes

La competencia de la Corte se limita a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tiene competencia respecto de cuatro categorías de crímenes (artículo 5):

• El crimen de genocidio (artículo 6)

• Los crímenes de lesa humanidad (artículo 7)

• Los crímenes de guerra (artículo 8)

• El crimen de agresión (artículo 8 bis, incorporado mediante la Enmienda de Kampala de 2010)

Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán (artículo 29).

2.1. Genocidio (artículo 6)

Se entiende por genocidio cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

• Matanza de miembros del grupo.

• Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.

• Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.

• Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.

• Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

El elemento definitorio del genocidio es la intención específica (dolus specialis) de destruir al grupo como tal. La deportación o traslado forzoso de población adulta no configura por sí misma genocidio (aunque puede constituir crimen de lesa humanidad).

2.2. Crímenes de lesa humanidad (artículo 7)

Se entiende por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

• Asesinato.

• Exterminio (imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población).

• Esclavitud.

• Deportación o traslado forzoso de población (desplazamiento forzoso de personas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional).

• Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.

• Tortura (causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; no se incluye el dolor o sufrimientos derivados de sanciones lícitas o consecuencia normal o fortuita de ellas).

• Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable.

• Persecución (privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad de un grupo o de una colectividad) de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables, en conexión con cualquier acto mencionado en el artículo 7 o con cualquier crimen de la competencia de la Corte.

• Desaparición forzada de personas.

• El crimen de apartheid (actos inhumanos análogos a los del apartheid cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre otro).

• Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

A efectos del artículo 7, se entiende por «ataque contra una población civil» la línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados (asesinato, exterminio, esclavitud, etc.), de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política.

El traslado de población (o «deportación») es un crimen de lesa humanidad; el traslado de niños por la fuerza al grupo forma parte del genocidio. La persecución y la deportación requieren que el acto se cometa en conexión con otro acto o crimen de la competencia de la Corte.

2.3. Crímenes de guerra (artículo 8)

La Corte tiene competencia respecto de crímenes de guerra, en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.

Se incluyen, entre otros:

a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949:

• El homicidio intencional.

• La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos.

• El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud.

• La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente.

• El hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga.

• La toma de rehenes.

b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales:

• Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades.

• Dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles (bienes que no son objetivos militares).

• Dirigir intencionalmente ataques contra misiones humanitarias o de mantenimiento de la paz, mientras tengan derecho a la protección que el derecho internacional de los conflictos armados otorga a los civiles o a los bienes civiles.

• Lanzar un ataque intencionalmente a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas o lesiones a civiles o daños a bienes civiles que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea.

• Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares. (Nótese: la versión incorrecta que sí configura crimen es atacar ciudades no defendidas, no las que estén defendidas.)

• Usar veneno o armas envenenadas, gases asfixiantes, etc.

• El reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o su utilización para participar activamente en hostilidades.

Se entiende, a estos efectos, que el hecho de causar sufrimientos debe ser deliberado (intencional) para constituir crimen de guerra; los sufrimientos fortuitos o no intencionales no se encuadran en esta categoría.

2.4. Crimen de agresión (artículo 8 bis)

El crimen de agresión fue definido mediante la Enmienda de Kampala (2010). Consiste en la planificación, preparación, iniciación o realización, por una persona en posición de ejercer control o dirigir la acción política o militar de un Estado, de un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.

3. Competencia personal y temporal

3.1. Competencia personal (ratione personae)

La Corte tiene competencia únicamente respecto de personas naturales (artículo 25). No se aplica a Estados ni a personas jurídicas. La responsabilidad es estrictamente individual; quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad con el Estatuto.

La Corte no será competente respecto de quienes fueren menores de dieciocho años en el momento de la presunta comisión del crimen (artículo 26).

Si un candidato a magistrado pudiera ser considerado nacional de más de un Estado, se le considerará nacional del Estado donde ejerza habitualmente sus derechos civiles y políticos.

3.2. Competencia temporal (ratione temporis)

El principio de irretroactividad (artículo 24) establece que nadie será penalmente responsable de conformidad con el Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor. Si se modificare el derecho aplicable a una causa antes de dictarse la sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables a la persona objeto de la investigación, enjuiciamiento o condena.

Un Estado que no sea Parte en el Estatuto podrá aceptar que la Corte ejerza su competencia respecto de crímenes cometidos en su territorio mediante una declaración de conformidad con el artículo 12.3 del Estatuto.

3.3. Condiciones previas para el ejercicio de la competencia (artículo 12)

El Estado que sea Parte acepta la competencia de la Corte. Para los casos iniciados por remisión de un Estado o por el fiscal de oficio (no por el Consejo de Seguridad), la Corte podrá ejercer su competencia si uno o varios de los siguientes Estados son Partes o han aceptado su competencia:

• El Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de que se trate.

• El Estado del que sea nacional el acusado.

4. Principios generales de derecho penal

El Estatuto recoge los principales principios del derecho penal internacional:

• Nullum crimen sine lege (artículo 22): Nadie será penalmente responsable de conformidad con el Estatuto a menos que la conducta constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte. La definición de crimen será interpretada estrictamente y no se hará extensiva por analogía; en caso de ambigüedad, se interpretará en favor de la persona investigada, enjuiciada o condenada.

• Nulla poena sine lege (artículo 23): Quien sea declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado de conformidad con el Estatuto.

• Irretroactividad ratione personae (artículo 24): Nadie será penalmente responsable por conducta anterior a la entrada en vigor del Estatuto. De modificarse el derecho aplicable antes de la sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables a la persona.

• Responsabilidad penal individual (artículo 25): La Corte tiene competencia respecto de personas naturales. La responsabilidad es individual.

• Improcedencia del cargo oficial (artículo 27): El Estatuto se aplicará por igual a todos, sin distinción alguna basada en el cargo oficial. El cargo de Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento u otra función oficial no eximirá de responsabilidad penal ni constituirá motivo para reducir la pena. Las inmunidades y normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre esa persona.

• Responsabilidad de los jefes y otros superiores (artículo 28): El jefe militar o quien actúe como tal será penalmente responsable por crímenes cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo cuando hubiere sabido o, en razón de las circunstancias, hubiere debido saber que esas fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos, y no hubiere adoptado todas las medidas necesarias para prevenirlos o reprimirlos. Esta responsabilidad se extiende a superiores civiles respecto de sus subordinados.

• Imprescriptibilidad (artículo 29): Los crímenes de la competencia de la Corte no prescriben.

• Elemento de intencionalidad (artículo 30): Salvo disposición en contrario, una persona será responsable y podrá ser penada únicamente si los elementos materiales del crimen se realizan con intención y conocimiento. Se actúa intencionalmente cuando en relación con una conducta se propone incurrir en ella; y cuando en relación con una consecuencia se propone causarla o es consciente de que se producirá en el curso normal de los acontecimientos.

• Eximentes de responsabilidad penal (artículo 31): No será penalmente responsable quien:

• Padeciere una enfermedad o deficiencia mental que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud de su conducta o para controlarla.

• Estuviere en estado de intoxicación que le prive de esa capacidad, salvo que se hubiera intoxicado voluntariamente a sabiendas de que probablemente incurriría en una conducta tipificada como crimen, o hubiere hecho caso omiso del riesgo.

• Actuare razonablemente en defensa propia o de un tercero, o en el caso de crímenes de guerra, de un bien esencial para la supervivencia, contra un uso inminente e ilícito de la fuerza, de forma proporcional al grado de peligro.

• Hubiere incurrido en una conducta que fuere consecuencia de una coacción dimanante de una amenaza de muerte inminente o de lesiones graves continuadas o inminentes, siempre que la persona no tuviere la intención de causar un daño mayor que el que se proponía evitar.

• Error de hecho y error de derecho (artículo 32):

• El error de hecho eximirá de responsabilidad penal únicamente si hace desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por el crimen.

• El error de derecho acerca de si una conducta constituye crimen de la competencia de la Corte no se considerará eximente. No obstante, podrá considerarse eximente si hace desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por ese crimen.

• Órdenes superiores y disposiciones legales (artículo 33): Quien hubiere cometido un crimen en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal, a menos que:

• Estuviere obligado por ley a obedecer órdenes del gobierno o el superior de que se trate.

• No supiera que la orden era ilícita.

• La orden no fuera manifiestamente ilícita.

Las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas.

• Cosa juzgada (artículo 20): Salvo que el Estatuto disponga otra cosa, nadie será procesado por la Corte en razón de conductas constitutivas de crímenes por los cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por la Corte. No obstante, la Corte podrá procesar a quien ya hubiere sido procesado por otro tribunal si ese proceso obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte, o el proceso no hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial.

5. Admisibilidad y ejercicio de la competencia

5.1. Principio de complementariedad y admisibilidad (artículo 17)

La Corte resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando:

• El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción y esté dispuesto y sea capaz de llevarlo a cabo.

• El asunto haya sido objeto de investigación por un Estado con jurisdicción que haya decidido no incoar acción penal, salvo que la decisión haya obedecido a que no está dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no puede realmente hacerlo.

• La persona ya haya sido enjuiciada por la conducta denunciada y la Corte no pueda adelantar el juicio conforme al artículo 20.3.

• El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte.

Para determinar la falta de disposición, la Corte examinará si el juicio ha estado o está en marcha con el propósito de sustraer a la persona de su responsabilidad, o si hubo demora injustificada en el juicio.

Para determinar la incapacidad de un Estado, la Corte examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administración de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios, o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio.

5.2. Mecanismos de activación de la competencia (artículo 13)

La Corte podrá ejercer su competencia si:

• Un Estado Parte remite al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes (artículo 14). También puede remitir una situación cualquier Estado Parte.

• El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de la ONU, remite al fiscal una situación.

• El fiscal inicia de oficio una investigación sobre la base de información recibida (artículo 15).

Un Estado Parte puede remitir una situación directamente al fiscal. El fiscal, cuando inicia de oficio, debe presentar una petición de autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares. La Sala de Cuestiones Preliminares que no autorice la investigación no impedirá que el fiscal vuelva a presentar una petición ulterior basada en nuevas pruebas.

5.3. Inhibición en favor de los Estados (artículo 18)

Cuando el fiscal inicia una investigación de oficio o por remisión de un Estado, deberá notificarlo a todos los Estados Partes y a los Estados que normalmente ejercerían jurisdicción. Un Estado dispone de un mes desde la notificación para informar a la Corte de que está llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación sobre sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción, y solicitar que el fiscal se inhiba en su favor.

El fiscal se inhibirá en favor del Estado, salvo que la Sala de Cuestiones Preliminares, a petición del fiscal, autorice la investigación. El fiscal podrá volver a examinar la cuestión transcurridos seis meses o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias.

5.4. Impugnación de la competencia y la admisibilidad (artículo 19)

La impugnación de la admisibilidad o de la competencia de la Corte podrá hacerse una sola vez (en circunstancias excepcionales, la Corte puede autorizar que se repita en una fase ulterior). Podrán impugnar:

• El acusado.

• El Estado que tenga jurisdicción porque está investigando o enjuiciando el asunto.

• El Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12 del Estatuto.

Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación se asignará a la Sala de Cuestiones Preliminares; después de la confirmación, a la Sala de Primera Instancia.

Si la Corte hubiere declarado inadmisible una causa, el fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los que la causa fue considerada inadmisible.

5.5. Suspensión por el Consejo de Seguridad (artículo 16)

El Consejo de Seguridad de la ONU puede solicitar a la Corte que suspenda la investigación o el enjuiciamiento por un período de doce meses. La solicitud puede renovarse por el Consejo de Seguridad.

6. Estructura orgánica de la Corte

6.1. Órganos de la Corte (artículo 34)

La Corte está compuesta de los órganos siguientes:

• La Presidencia.

• Una Sección de Apelaciones, una Sección de Primera Instancia y una Sección de Cuestiones Preliminares.

• La Fiscalía.

• La Secretaría.

No existe ninguna «Sección de Instrucción» ni «Gran Sala» como órgano de la Corte.

6.2. Los magistrados (artículos 36-41)

La Corte estará compuesta de 18 magistrados. La Presidencia podrá proponer que aumente el número (aprobado por mayoría de dos tercios de los Estados Partes en sesión de la Asamblea) o que se reduzca (nunca por debajo de 18).

Los magistrados serán elegidos entre personas de alta consideración moral, imparcialidad e integridad que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países, y que posean reconocida competencia en derecho y procedimientos penales o en derecho internacional pertinente (derecho internacional humanitario, derechos humanos) junto con la necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal, abogado u otra función similar.

Los magistrados son elegidos por votación secreta en una sesión de la Asamblea de los Estados Partes convocada con ese fin. Se tendrá en cuenta la necesidad de:

• Representación de los principales sistemas jurídicos del mundo.

• Distribución geográfica equitativa.

• Representación equilibrada de magistrados mujeres y hombres.

• La necesaria experiencia en asuntos jurídicos relativos a la violencia contra la mujer o la infancia.

No podrá haber más de un magistrado de la misma nacionalidad. Si un candidato puede ser considerado nacional de más de un Estado, se le considerará nacional del Estado donde ejerza habitualmente sus derechos civiles y políticos.

Los magistrados desempeñarán su cargo por un mandato de nueve años, no renovable, salvo que en el momento de la elección se fije un período más breve. El magistrado elegido para cubrir una vacante desempeñará el cargo por el resto del mandato de su predecesor y, si este fuera de tres años o menos, podrá ser reelegido por un mandato completo.

Un magistrado asignado a una Sala de Primera Instancia o de Apelaciones seguirá en funciones a fin de llevar a término el juicio o la apelación de que haya empezado a conocer.

Todos los magistrados serán elegidos en régimen de dedicación exclusiva y estarán disponibles para desempeñar su cargo desde que comience su mandato. Los magistrados que constituyan la Presidencia desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva. La Presidencia podrá, en función del volumen de trabajo de la Corte y en consulta con los miembros de ésta, decidir por cuánto tiempo será necesario que los demás magistrados desempeñen sus cargos en régimen de dedicación exclusiva (si el volumen de trabajo lo requiere) o de dedicación compartida.

6.3. La Presidencia (artículo 38)

El Presidente, el Vicepresidente primero y el Vicepresidente segundo son elegidos por mayoría absoluta de los magistrados. Cada uno desempeñará su cargo por un período de tres años o hasta el término de su mandato como magistrado, si este se produjere antes. Podrán ser reelegidos una vez.

La Presidencia está encargada de la correcta administración de la Corte, con excepción de la Fiscalía, y de las demás funciones que se le confieren.

6.4. Las Secciones y las Salas (artículo 39)

La Corte está organizada en tres secciones:

Los magistrados asignados a la Sección de Apelaciones desempeñarán el cargo únicamente en esa Sección durante todo su mandato. No podrá formar parte de la Sala de Primera Instancia un magistrado que haya participado en la etapa preliminar del mismo asunto. Pueden asignarse temporalmente magistrados de la Sección de Primera Instancia a la Sección de Cuestiones Preliminares, pero no a la inversa.

Las Salas que ejercen las funciones judiciales dentro de cada sección son:

• Sala de Apelaciones: se compone de todos los magistrados de la Sección de Apelaciones.

• Salas de Primera Instancia: compuestas por tres magistrados de la Sección de Primera Instancia.

• Salas de Cuestiones Preliminares: compuestas por uno o tres magistrados de la Sección de Cuestiones Preliminares.

La ejecución del fallo o de la pena será suspendida durante el plazo fijado para la apelación y mientras dure el procedimiento de apelación, salvo que la Sala de Primera Instancia ordene otra cosa.

6.5. Dispensa y recusación de magistrados (artículo 41)

Un magistrado no participará en ninguna causa en que, por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su imparcialidad. También será recusado por los motivos que se establezcan en las Reglas de Procedimiento y Prueba.

• Las cuestiones relativas a la recusación de un magistrado serán dirimidas por mayoría absoluta de los magistrados.

• Las cuestiones relativas a la incompatibilidad de actividades también serán dirimidas por mayoría absoluta de los magistrados.

• El magistrado cuya recusación se pida no tendrá derecho a tomar parte en la decisión (pero podrá hacer observaciones).

• La Presidencia podrá, a petición de un magistrado, dispensarlo del ejercicio de alguna de sus funciones.

6.6. La Fiscalía (artículos 42-44)

La Fiscalía actuará en forma independiente como órgano separado de la Corte. Está encargada de recibir remisiones e información sobre crímenes de la competencia de la Corte, examinarlas y realizar investigaciones o ejercitar la acción penal.

La Fiscalía estará dirigida por el fiscal, quien tendrá plena autoridad para dirigirla y administrarla, con inclusión del personal, las instalaciones y otros recursos. El fiscal contará con la ayuda de uno o más fiscales adjuntos.

El fiscal y los fiscales adjuntos:

• Serán personas de alta consideración moral, con gran competencia y experiencia en materia de enjuiciamiento o sustanciación de causas penales.

• Serán elegidos por votación secreta y por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.

• Desempeñarán su cargo por un período de nueve años y no podrán ser reelegidos.

• El fiscal y los fiscales adjuntos no serán de la misma nacionalidad.

• Desempeñarán su cargo en régimen de dedicación exclusiva.

Para cubrir los puestos de fiscal adjunto, el fiscal propondrá tres candidatos para cada puesto, y la Asamblea elegirá.

Las cuestiones relativas a la recusación del fiscal serán dirimidas por la Sala de Apelaciones; las relativas a los fiscales adjuntos, por el fiscal. Las incorrectas en la resolución de recusación: no las dirime la Presidencia.

En determinados temas (por ejemplo, violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra los niños), el fiscal nombrará asesores jurídicos especialistas.

6.7. La Secretaría (artículo 43)

La Secretaría se encargará de los aspectos no judiciales de la administración y del servicio de la Corte. El Secretario es el principal funcionario administrativo de la Corte. La Secretaría establecerá una Dependencia de Víctimas y Testigos en consulta con la Fiscalía.

7. Inicio de investigaciones y procedimiento preliminar

7.1. Remisión de situaciones por los Estados Partes (artículo 14)

Un Estado Parte podrá remitir al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al fiscal que investigue esa situación.

7.2. El fiscal (artículo 15)

El fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la Corte. Para ello:

• Analizará la información recibida y podrá recabar información de Estados, órganos de Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales y otras fuentes fidedignas que considere apropiadas.

• Si concluye que hay fundamento suficiente para abrir una investigación, presentará a la Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello, junto con la documentación justificativa.

• A fin de establecer la veracidad de los hechos, ampliará la investigación a todos los hechos y pruebas pertinentes para determinar responsabilidades, e investigará tanto las circunstancias incriminantes como las eximentes.

• Podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados cuando lo considere necesario a fin de proteger personas, impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas.

• Cuando un Estado notifique a la Corte que está llevando o ha llevado a cabo una investigación, el fiscal se inhibirá en favor de ese Estado, salvo que la Sala de Cuestiones Preliminares autorice la investigación a petición del fiscal.

• Si el fiscal concluye que la información recibida no constituye fundamento suficiente para una investigación, lo notificará a quienes remitieron la información. Si concluyera que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento, notificará también a la Sala de Cuestiones Preliminares.

El fiscal dispondrá de seis meses (o hasta que se produzca un cambio significativo de circunstancias) para volver a examinar la cuestión de la inhibición en favor de un Estado.

8. Derecho aplicable (artículo 21)

La Corte aplicará, en primer lugar:

1. El Estatuto de la Corte, los Elementos de los crímenes y sus Reglas de Procedimiento y Prueba.

2. En segundo lugar: los tratados aplicables y los principios y normas del derecho internacional, incluidos los del derecho internacional de los conflictos armados.

3. En su defecto: los principios generales del derecho que derive la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido, cuando proceda, el derecho interno de los Estados que normalmente ejercerían jurisdicción sobre el crimen, siempre que sean compatibles con el Estatuto y con el derecho internacional.

La aplicación e interpretación del derecho deberá ser compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos y sin distinción alguna fundada en género, edad, raza, color, idioma, religión u otras circunstancias.

9. Los Elementos de los crímenes (artículo 9)

Los Elementos de los crímenes ayudarán a la Corte a interpretar y aplicar los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto. Serán aprobados por mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes. Las enmiendas a los Elementos de los crímenes podrán ser propuestas por:

• Cualquier Estado Parte.

• Los magistrados, por mayoría absoluta.

• El fiscal.

No puede proponer enmiendas el presunto autor de los crímenes ni cualquier persona que tenga un interés legítimo al margen de los anteriores.

10. Las Reglas de Procedimiento y Prueba (artículo 51)

Las Reglas de Procedimiento y Prueba entrarán en vigor tras su aprobación por mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes. En casos urgentes, y cuando las Reglas no resuelvan una situación concreta, los magistrados podrán, por una mayoría de dos tercios, establecer reglas provisionales que se aplicarán hasta que la Asamblea las apruebe, enmiende o rechace en su siguiente período ordinario o extraordinario de sesiones. Una vez aprobadas las Reglas, en casos urgentes, los magistrados podrán establecer esas reglas provisionales por mayoría de dos tercios.

11. La Asamblea de los Estados Partes (artículo 112)

La Asamblea de los Estados Partes es el órgano de supervisión y financiación de la Corte. Aprueba los Elementos de los crímenes, las Reglas de Procedimiento y Prueba, y el acuerdo relativo a la sede entre el Estado anfitrión y la Corte (que deberá ser aprobado por la Asamblea de los Estados Partes). El Presidente de la Corte representará a la Corte en la negociación del acuerdo de sede, pero su aprobación corresponde a la Asamblea.

12. Penas aplicables (artículo 77)

La Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110, imponer a la persona declarada culpable una de las siguientes penas:

• Reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 años.

• Reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado.

Además de la reclusión, la Corte podrá imponer:

• Una multa con arreglo a los criterios enunciados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.

• El decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes directa o indirectamente del crimen, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

13. Otras disposiciones relevantes

13.1. Acuerdo de sede

La sede de la Corte está en La Haya (Países Bajos). El acuerdo relativo a la sede entre la Corte y el Estado anfitrión (los Países Bajos) deberá ser aprobado por la Asamblea de los Estados Partes.

13.2. Circunstancias eximentes adicionales

La Corte podrá tener en cuenta circunstancias eximentes distintas de las enumeradas en el artículo 31; el procedimiento para el examen de ese tipo de circunstancias se establecerá en las Reglas de Procedimiento y Prueba.

13.3. Competencia territorial

La Corte podrá ejercer sus funciones en el territorio de cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado.

13.4. Representación de la Corte ante las Partes

Pueden presentar observaciones a la Corte en cuestiones de competencia o admisibilidad: el fiscal, las víctimas, y quienes hayan remitido la situación conforme al artículo 13 del Estatuto.

Se instituye una Corte Penal Internacional permanente con competencia sobre crímenes graves de trascendencia internacional, complementaria a jurisdicciones penales nacionales.

La Corte se vinculará con las Naciones Unidas mediante acuerdo aprobado por la Asamblea de Estados Partes.

Sede principal en La Haya, Países Bajos. Puede celebrar sesiones en otros lugares cuando lo considere conveniente.

Posee personalidad jurídica internacional y capacidad legal necesaria para ejercer funciones en territorio de Estados Partes.

Competencia limitada a: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.

Actos perpetrados con intención de destruir total o parcialmente grupo nacional, étnico, racial o religioso, incluyendo matanza, lesiones graves, sometimiento intencional, impedimento de nacimientos y traslado forzado de niños.

Actos como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, tortura, violencia sexual, persecución, desaparición forzada y apartheid cometidos como parte de ataque generalizado o sistemático contra población civil con conocimiento de dicho ataque.

Infracciones graves de los Convenios de Ginebra, otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales y no internacionales.

Elementos interpretativos aprobados por mayoría de dos tercios de Estados Partes para ayudar a la Corte en la interpretación y aplicación de los artículos 6, 7 y 8.

Nada de esta parte se interpretará en el sentido de que limite o menoscabe de alguna manera las normas existentes o en desarrollo del derecho internacional.

La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto.

El Estado que pase a ser Parte acepta la competencia de la Corte respecto de los crímenes a que se refiere el artículo 5.

La Corte podrá ejercer su competencia mediante remisión de un Estado Parte, del Consejo de Seguridad o de oficio por el Fiscal.

Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de competencia de la Corte.

El Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de competencia de la Corte.

El Consejo de Seguridad puede solicitar la suspensión por doce meses, renovables.

La Corte teniendo en cuenta el principio de complementariedad resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando sea objeto de investigación o enjuiciamiento nacional.

El Fiscal notificará su intención de investigar a los Estados que normalmente ejercerían jurisdicción.

La Corte se cerciorará de ser competente. La competencia o admisibilidad podrá ser impugnada por el acusado o un Estado.

Nadie será procesado por la Corte en razón de conductas constitutivas de crímenes por los cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por la Corte.

La Corte aplicará en primer lugar el Estatuto, los Elementos de los crímenes y sus Reglas de Procedimiento y Prueba.

Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto a menos que la conducta de que se trate constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte.

Quien sea declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto.

Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor.

La Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales. Será penalmente responsable quien cometa un crimen, ordene, proponga o induzca su comisión.

La Corte no será competente respecto de los que fueren menores de 18 años en el momento de la presunta comisión del crimen.

El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.

El jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo.

Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán.

Salvo disposición en contrario, nadie será penalmente responsable y podrá ser penado por un crimen de la competencia de la Corte únicamente si actúa con intención y conocimiento de los elementos materiales del crimen.

Sin perjuicio de las demás circunstancias eximentes, no será penalmente responsable quien padeciere deficiencia mental, se hallare en estado de intoxicación, actuare razonablemente en defensa propia o actuare bajo coacción.

El error de hecho eximirá de responsabilidad penal únicamente si hace desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por el crimen.

Quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior no será eximido de responsabilidad penal a menos que estuviere obligado por ley a obedecer.

Los órganos de la Corte serán: la Presidencia; una Sección de Apelaciones, una Sección de Primera Instancia y una Sección de Cuestiones Preliminares; la Fiscalía; la Secretaría.

Todos los magistrados serán elegidos como miembros de la Corte en régimen de dedicación exclusiva.

La Corte estará compuesta de 18 magistrados.

En caso de vacante se procederá a una elección.

El Presidente, el Vicepresidente Primero y el Vicepresidente Segundo serán elegidos por mayoría absoluta de los magistrados.

La Sección de Apelaciones se compondrá del Presidente y cuatro magistrados; la Sección de Primera Instancia de no menos de seis; y la Sección de Cuestiones Preliminares de no menos de seis.

Los magistrados serán independientes en el desempeño de sus funciones.

La Presidencia podrá dispensar a un magistrado del ejercicio de alguna de las funciones que le confiere el presente Estatuto.

La Fiscalía actuará en forma independiente como órgano separado de la Corte.

La Secretaría estará encargada de los aspectos no judiciales de la administración de la Corte y de prestarle servicios.

El Fiscal y el Secretario nombrarán el personal calificado que sea necesario en sus respectivas oficinas.

Antes de asumir las obligaciones del cargo, los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos y el secretario declararán solemnemente que ejercerán sus atribuciones con imparcialidad y conciencia.

Un magistrado, el fiscal o un fiscal adjunto será separado del cargo si se determina que ha incurrido en falta grave o incumplimiento grave de funciones.

El magistrado, fiscal, fiscal adjunto o secretario que haya incurrido en una falta de menor gravedad será objeto de medidas disciplinarias.

La Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines.

Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos y el secretario percibirán los sueldos, estipendios y dietas que decida la Asamblea de los Estados Partes.

Los idiomas oficiales de la Corte serán el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso. Los idiomas de trabajo serán el francés y el inglés.

Las Reglas de Procedimiento y Prueba entrarán en vigor tras su aprobación por mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.

Los magistrados adoptarán por mayoría absoluta el Reglamento de la Corte que sea necesario para su funcionamiento ordinario.

El Fiscal, tras evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable.

El Fiscal hará efectiva la investigación de los crímenes, ampliándola para abarcar todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes.

En las investigaciones realizadas de conformidad con el presente Estatuto, nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.

La Sala de Cuestiones Preliminares podrá adoptar las medidas necesarias para preservar la eficacia y la integridad de las actuaciones.

La Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar las providencias y órdenes que sean necesarias a los fines de la investigación.

La Sala de Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del Fiscal, una orden de detención contra una persona si hubiere motivo razonable.

El Estado Parte que haya recibido una solicitud de detención provisional o de detención y entrega tomará inmediatamente las medidas necesarias para la detención.

Una vez entregada la persona a la Corte o comparecida voluntariamente, la Sala de Cuestiones Preliminares se asegurará de que ha sido informada de los crímenes que se le imputan y de sus derechos.

La Sala de Cuestiones Preliminares celebrará una audiencia para confirmar los cargos sobre la base de los cuales el Fiscal tiene la intención de pedir el procesamiento.

El juicio se celebrará en la sede de la Corte, a menos que se decida otra cosa.

El acusado estará presente durante el juicio.

Las funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia se ejercerán de conformidad con el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Si el acusado se declara culpable, la Sala de Primera Instancia determinará si ha comprendido la naturaleza y las consecuencias de la declaración.

Se presumirá que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad ante la Corte de conformidad con el derecho aplicable.

El acusado tendrá derecho a ser oído públicamente, a ser informado de los cargos, a disponer de tiempo y medios para preparar su defensa, a un juicio sin dilaciones indebidas y a estar presente en el juicio.

La Corte adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos.

Los testigos declararán en persona ante la Corte. La Corte podrá solicitar la presentación de todas las pruebas que considere necesarias para determinar la verdad.

La Corte tendrá competencia para conocer de delitos contra su administración de justicia, como falso testimonio, soborno o corrupción de funcionarios.

La Corte podrá sancionar a quienes perturben el proceso con medidas administrativas que no sean la privación de libertad.

El presente artículo se aplicará en todos los casos en que la divulgación de información o documentos de un Estado pueda afectar a los intereses de su seguridad nacional.

Si un Estado Parte recibe solicitud de presentar información de un tercer Estado o de una organización intergubernamental, recabará el consentimiento de los mismos.

Todos los magistrados de la Sala de Primera Instancia estarán presentes en cada fase del juicio y en todas sus deliberaciones.

La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes.

En caso de veredicto de culpabilidad, la Sala de Primera Instancia fijará la pena que proceda imponer.

La Corte podrá imponer reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 años o reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado. Además podrá imponer multa y decomiso.

Al imponer una pena, la Corte tendrá en cuenta la gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado.

Por decisión de la Asamblea de los Estados Partes se establecerá un fondo fiduciario en beneficio de las víctimas de crímenes de la competencia de la Corte y de sus familias.

Nada de lo dispuesto en la presente parte afectará la aplicación por los Estados de las penas prescritas por su legislación nacional.

Los fallos dictados de conformidad con el artículo 74 podrán ser apelados. El Fiscal o el condenado podrán apelar por vicios de procedimiento, error de hecho o de derecho.

Cualquiera de las partes podrá apelar las decisiones de la Sala de Cuestiones Preliminares relativas a competencia o admisibilidad, libertad provisional, medidas de protección de pruebas, u otras decisiones que afecten significativamente el juicio.

La Sección de Apelaciones tendrá todas las atribuciones de la Sala de Primera Instancia.

El condenado o, después de su fallecimiento, el cónyuge, los hijos, los padres o quien estuviere vivo al momento del fallecimiento podrán presentar una demanda de revisión del fallo definitivo de culpabilidad o de la pena.

Quien haya sido ilegalmente detenido o recluido tendrá el derecho efectivo a ser indemnizado.

Los Estados Partes cooperarán plenamente con la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.

La Corte estará facultada para formular solicitudes de cooperación a los Estados Partes, que serán transmitidas por vía diplomática o por cualquier otro conducto adecuado.

Los Estados Partes se asegurarán de que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en la presente parte.

La Corte podrá transmitir una solicitud de detención y entrega de una persona, junto con los documentos justificativos, a todo Estado en cuyo territorio pueda hallarse y solicitará su cooperación.

El Estado Parte que reciba una solicitud de la Corte de entrega de una persona y una solicitud de otro Estado de extradición de la misma persona dará prioridad a la solicitud de la Corte si el Estado requirente es Estado Parte.

La solicitud de detención y entrega deberá formularse por escrito y contener la identificación de la persona buscada, copia de la orden de detención y los documentos, declaraciones e información necesarios.

En caso de urgencia, la Corte podrá solicitar la detención provisional de la persona buscada, en espera de la presentación de la solicitud de entrega.

Los Estados Partes cumplirán las solicitudes de asistencia de la Corte en relación con investigaciones o enjuiciamientos, como identificar y buscar personas, practicar pruebas, interrogar, examinar lugares, ejecutar registros y decomisos.

El Estado Parte podrá aplazar la ejecución de una solicitud si ésta puede interferir en una investigación o enjuiciamiento en curso de un asunto distinto.

Cuando exista una impugnación de admisibilidad pendiente, el Estado requerido podrá aplazar la ejecución de una solicitud.

La solicitud de asistencia se formulará por escrito. En caso de urgencia, podrá hacerse por cualquier medio que deje constancia escrita.

El Estado Parte que reciba una solicitud consultará sin dilación con la Corte cuando identifique problemas que puedan obstaculizar o impedir su cumplimiento.

La Corte no dará curso a una solicitud de entrega o asistencia si para ello el Estado requerido debiera actuar de forma incompatible con las obligaciones que le imponga el derecho internacional.

Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido.

Los gastos ordinarios que se deriven del cumplimiento de las solicitudes en el territorio del Estado requerido correrán a cargo de dicho Estado.

Quien haya sido entregado a la Corte no será procesado, castigado o detenido por una conducta anterior a su entrega a menos que ésta constituya la base del delito por el cual haya sido entregado.

A los efectos del presente Estatuto: a) por «entrega» se entenderá la entrega de una persona por un Estado a la Corte; b) por «extradición» se entenderá la entrega de una persona por un Estado a otro Estado.

La pena privativa de libertad se cumplirá en un Estado designado por la Corte sobre la base de una lista de Estados que hayan manifestado a la Corte que están dispuestos a recibir condenados.

La Corte podrá en todo momento decidir el traslado del condenado a una prisión de otro Estado.

La pena privativa de libertad será obligatoria para los Estados Partes, quienes no podrán modificarla en caso alguno.

La ejecución de la pena privativa de libertad estará sujeta a la supervisión de la Corte y se ajustará a las normas generalmente aceptadas de las convenciones internacionales.

Una vez cumplida la pena, quien no sea nacional del Estado de ejecución podrá ser trasladado al Estado que esté obligado a aceptarlo o a otro Estado que lo acepte.

El condenado que se halle bajo la custodia del Estado de ejecución no será sometido a enjuiciamiento o pena por una conducta anterior a su entrega a ese Estado, a menos que la Corte lo haya aprobado.

Los Estados Partes harán efectivas las multas y las órdenes de decomiso sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de oír al recluso.

Si un condenado se evade y huye del Estado de ejecución, éste podrá pedir su entrega al Estado en que se encuentre.

Se instituye una Asamblea de los Estados Partes. Cada Estado Parte tendrá un representante en la Asamblea, que podrá hacerse acompañar de suplentes y asesores.

Salvo que se indique expresamente otra cosa, todas las cuestiones financieras relacionadas con la Corte y las reuniones de la Asamblea de los Estados Partes se regirán por el presente Estatuto.

Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes se sufragarán con cargo a los fondos de la Corte.

Los gastos de la Corte y de la Asamblea se sufragarán con cuotas de los Estados Partes y fondos procedentes de las Naciones Unidas sujetos a aprobación de la Asamblea General.

Sin perjuicio del artículo 115, la Corte podrá recibir y utilizar contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras entidades.

Las contribuciones de los Estados Partes se prorratearán con arreglo a una escala de cuotas convenida.

Las cuentas de la Corte serán examinadas anualmente por un auditor independiente.

Las controversias relativas a las funciones judiciales de la Corte serán dirimidas por ella. Cualquier otra controversia entre dos o más Estados Partes se remitirá a la Asamblea de los Estados Partes.

No se admitirán reservas al presente Estatuto.

Transcurridos siete años desde la entrada en vigor del presente Estatuto, cualquier Estado Parte podrá proponer enmiendas.

Las enmiendas a disposiciones de carácter exclusivamente institucional entrarán en vigor para todos los Estados Partes seis meses después de su aprobación por la Asamblea o la conferencia de revisión.

Siete años después de que entre en vigor el presente Estatuto, el Secretario General de las Naciones Unidas convocará una Conferencia de Revisión para examinar las enmiendas.

No obstante lo dispuesto en los artículos 12(1) y (2), un Estado, al hacerse parte en el presente Estatuto, podrá declarar que durante un período de siete años no aceptará la competencia de la Corte sobre crímenes de guerra cometidos por sus nacionales o en su territorio.

El presente Estatuto estará abierto a la firma de todos los Estados en la sede de la FAO en Roma.

El presente Estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

Todo Estado Parte podrá retirarse del presente Estatuto mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

El original del presente Estatuto, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Los Gobiernos signatarios, miembros del Consejo de Europa,

Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es conseguir una unión más estrecha entre sus miembros con objeto de salvaguardar y promover los ideales y principios que son su patrimonio común, y favorecer su progreso económico y social, en particular mediante la defensa y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales;

Considerando que, por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y sus Protocolos, los Estados miembros del Consejo de Europa convinieron en garantizar a sus pueblos los derechos civiles y políticos y las libertades especificados en esos instrumentos;

Considerando que, por la Carta Social Europea, abierta a la firma en Turín el 18 de octubre de 1961, y sus Protocolos, los Estados miembros del Consejo de Europa convinieron en garantizar a sus pueblos los derechos sociales especificados en esos instrumentos con objeto de mejorar su nivel de vida y de promover su bienestar social;

Recordando que la Conferencia Ministerial sobre los derechos del hombre, celebrada en Roma el 5 de noviembre de 1990, subrayó la necesidad, por una parte, de preservar el carácter indivisible de todos los derechos humanos, sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales y, por otra parte, de dotar a la Carta Social Europea de un nuevo impulso;

Resueltos, como se decidió con ocasión de la Conferencia Ministerial celebrada en Turín los días 21 y 22 de octubre de 1991, a actualizar y adaptar el contenido material de la Carta, con el fin de tener en cuenta, en particular, los cambios sociales fundamentales que se han producido con posterioridad a su adopción;

Reconociendo la utilidad de consagrar en una Carta revisada, destinada a reemplazar progresivamente la Carta Social Europea, los derechos garantizados por la Carta una vez enmendada, los derechos garantizados por el Protocolo Adicional de 1998 y de añadir nuevos derechos;

Convienen en lo siguiente:

Carta Social Europea: estructura, aceptación, control y disposiciones finales

La Carta Social Europea es el tratado del Consejo de Europa que reconoce los derechos sociales y económicos. La versión original se abrió a la firma el 18 de octubre de 1961; la versión revisada se firmó el 3 de mayo de 1996. En España, la Carta Social Europea revisada entró en vigor el 1 de julio de 2021 (ratificada por el Rey y refrendada por la persona titular del Ministerio de Asuntos Exteriores).

Estructura

• Parte I: declaración de objetivos/principios de política a alcanzar (los 31 derechos enunciados como metas).

• Parte II: 31 artículos que contienen las obligaciones jurídicas.

• Partes III a VI: aceptación de compromisos, control, y cláusulas finales.

Aceptación de compromisos (Parte III, art. A)

Cada Parte se considera obligada por la Parte I y se compromete a aceptar un número mínimo de artículos/párrafos de la Parte II: debe aceptar al menos 6 de los 9 artículos del "núcleo duro" (arts. 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 y 20) y un número total no inferior a 16 artículos o 63 párrafos numerados. El art. B regula los vínculos con la Carta de 1961.

Suspensión de obligaciones

En caso de guerra o peligro público, una Parte puede tomar medidas que dejen en suspenso las obligaciones, informando plenamente al Secretario General del Consejo de Europa de las medidas y de sus motivos.

Control del cumplimiento

El cumplimiento se controla mediante un sistema de informes; un Comité de Expertos Independientes (Comité Europeo de Derechos Sociales) determina si las Partes cumplen las obligaciones. Las enmiendas a las Partes I y II se examinan y se consulta a la Asamblea Parlamentaria.

Firma, ratificación y entrada en vigor

• Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositan ante el Secretario General del Consejo de Europa.

• No se puede ratificar sin aceptar como mínimo el número de artículos del núcleo (no cabe ratificación parcial por debajo de ese mínimo).

• Para un Estado que ratifique con posterioridad, la Carta entra en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de un mes desde el depósito. Igual regla para los territorios no metropolitanos designados.

Denuncia

• Ninguna Parte podrá denunciar la Carta hasta que haya transcurrido un período de cinco (5) años desde su entrada en vigor para ella (o de los sucesivos períodos de dos años), mediante notificación al Secretario General con seis (6) meses de antelación.

• Cabe denunciar artículos o párrafos concretos de la Parte II, respetando el número mínimo de compromisos aceptados.

Otras cláusulas

• Cada Parte dispondrá de un sistema de inspección del trabajo.

• El Secretario General notifica a los Estados miembros y al Director General de la OIT las firmas, ratificaciones, fechas de entrada en vigor, denuncias y notificaciones.

Artículo 1 — Derecho al trabajo

Las Partes se comprometen a reconocer como uno de sus principales objetivos y responsabilidades la obtención y el mantenimiento del nivel más elevado y estable posible del empleo, con el fin de lograr el pleno empleo; a proteger de manera eficaz el derecho del trabajador a ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido; a establecer o mantener servicios gratuitos de empleo para todos los trabajadores; y a proporcionar orientación, formación y readaptación profesionales. (No procede establecer servicios "onerosos" de empleo.)

Artículo 2 — Derecho a unas condiciones de trabajo equitativas

Las Partes se comprometen, entre otros: a fijar una duración razonable de la jornada; a establecer días festivos pagados; a conceder vacaciones anuales pagadas de, al menos, cuatro semanas; a eliminar riesgos en ocupaciones peligrosas o insalubres; y a informar por escrito a los trabajadores de los aspectos esenciales del contrato lo antes posible y, en todo caso, no más tarde de dos meses desde el inicio.

Las Partes se comprometen a definir, aplicar y revisar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad, salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo.

Artículo 4 — Derecho a una remuneración equitativa

Las Partes se comprometen a reconocer: el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione, a ellos y a sus familias, un nivel de vida decoroso; el derecho a un incremento de remuneración por horas extraordinarias; el derecho de los trabajadores, de ambos sexos, a igual remuneración por un trabajo de igual valor; y a un plazo razonable de preaviso en caso de terminación del empleo.

Las Partes se comprometen a garantizar la libertad de los trabajadores y empleadores de constituir organizaciones locales, nacionales e internacionales para la protección de sus intereses económicos y sociales.

Las Partes se comprometen a favorecer la consulta paritaria entre trabajadores y empleadores, la negociación voluntaria entre ambas partes con objeto de regular las condiciones de empleo por medio de convenios colectivos.

Artículo 7 — Derecho de los niños y adolescentes a protección

Las Partes se comprometen, entre otros: a fijar en 15 años la edad mínima de admisión al trabajo (16 años para trabajos peligrosos o insalubres determinados); a que los menores sujetos a instrucción obligatoria no realicen trabajos que les priven del pleno beneficio de su educación; a prohibir el trabajo nocturno a los menores de 18 años (salvo en empleos determinados por la legislación); y a conceder a los trabajadores menores de 18 años vacaciones anuales pagadas de cuatro semanas como mínimo.

Artículo 8 — Derecho de las trabajadoras a la protección de la maternidad

Las Partes se comprometen a garantizar a las trabajadoras, antes y después del parto, un descanso de una duración total de, al menos, catorce (14) semanas; a considerar ilegal el despido durante el permiso de maternidad; a regular el tiempo de lactancia; y a limitar el empleo de mujeres embarazadas, que hayan dado a luz recientemente o en período de lactancia en trabajos nocturnos o subterráneos/peligrosos.

Artículo 9 — Derecho a la orientación profesional

Las Partes se comprometen a proporcionar o promover un servicio que ayude a todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, a resolver los problemas de elección de profesión o de promoción, atendiendo a sus aptitudes e intereses. La ayuda se prestará gratuitamente tanto a jóvenes (incluidos los escolares) como a adultos.

Artículo 10 — Derecho a la formación profesional

Las Partes se comprometen, entre otros, a asegurar o favorecer la formación técnica y profesional y el acceso a la enseñanza superior según el mérito; a fomentar el aprendizaje; a adoptar medidas como la reducción o supresión de derechos y cargas (tasas) y ayudas económicas; y a incluir la formación, dentro y fuera de las horas normales de trabajo, computada como tiempo de trabajo.

Artículo 11 — Derecho a la protección de la salud

Las Partes se comprometen a adoptar medidas para: eliminar en lo posible las causas de una salud deficiente; establecer servicios de consulta y educación sobre salud; y prevenir, en lo posible, las enfermedades epidémicas, endémicas y de otra clase, así como los accidentes.

Artículo 12 — Derecho a la seguridad social

Las Partes se comprometen a establecer o mantener un régimen de seguridad social; a mantenerlo en un nivel satisfactorio; a esforzarse por elevarlo progresivamente; y a adoptar medidas, mediante acuerdos, para garantizar la igualdad de trato y la conservación de derechos a los nacionales de otras Partes.

Artículo 13 — Derecho a la asistencia social y médica

Las Partes se comprometen a velar por que toda persona que no disponga de recursos suficientes y no pueda conseguirlos pueda obtener asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que su estado requiera; a que ello no suponga merma de derechos políticos o sociales; y a que cualquier persona pueda recibir el asesoramiento y la ayuda (de servicios públicos o privados) necesarios.

Las Partes se comprometen a fomentar u organizar servicios que, utilizando los métodos de un servicio social, contribuyan al bienestar y al desarrollo de los individuos y de los grupos en la comunidad.

Las Partes se comprometen a tomar las medidas adecuadas para procurar a las personas con discapacidad orientación, educación y formación profesional en el marco de derecho común.

Artículo 16 — Derecho de la familia a protección social, jurídica y económica

Con miras a lograr las condiciones de vida indispensables para el pleno desarrollo de la familia, célula fundamental de la sociedad, las Partes se comprometen a fomentar la protección económica, jurídica y social de la vida familiar, especialmente mediante prestaciones sociales y familiares, disposiciones fiscales, apoyo a la vivienda familiar y ayudas a los recién casados.

Las Partes se comprometen a tomar las medidas necesarias y adecuadas para garantizar a los niños y adolescentes los cuidados, la asistencia, la educación y la formación que necesiten.

Las Partes se comprometen a aplicar la reglamentación existente con espíritu liberal, a simplificar las formalidades y a reducir o suprimir los derechos y cargas.

Las Partes se comprometen a mantener servicios de información gratuitos y adecuados para los trabajadores migrantes y a adoptar las medidas apropiadas para facilitar el viaje y la acogida de estos trabajadores y sus familias.

Las Partes se comprometen a reconocer dicho derecho y a tomar las medidas adecuadas para garantizar o promover su aplicación en el acceso al empleo, protección contra el despido y reinserción profesional.

Las Partes se comprometen a tomar o promover medidas que permitan a los trabajadores o a sus representantes ser informados periódicamente o en el momento oportuno sobre la situación económica y financiera de la empresa.

Las Partes se comprometen a tomar o promover medidas que permitan a los trabajadores o sus representantes contribuir a la determinación y mejora de las condiciones de trabajo, la organización del trabajo y el entorno laboral.

Las Partes se comprometen a tomar o promover medidas adecuadas para permitir a las personas de edad avanzada seguir siendo miembros de pleno derecho de la sociedad durante el mayor tiempo posible.

Artículo 24 — Derecho a protección en caso de despido

Las Partes reconocen: el derecho de todos los trabajadores a no ser despedidos sin razón válida relacionada con su capacidad o conducta o las necesidades de la empresa; y el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada u otra reparación apropiada. El trabajador que estime que se le ha despedido sin razón válida tendrá derecho a recurrir ante un organismo imparcial.

Las Partes se comprometen a disponer que los créditos de los trabajadores derivados de contratos de trabajo o de relaciones laborales estén garantizados por una institución de garantía.

Las Partes se comprometen a promover la sensibilización, información y prevención en materia de acoso sexual y moral en el lugar de trabajo.

Las Partes se comprometen a tomar las medidas apropiadas para permitir que los trabajadores con responsabilidades familiares puedan ejercer su derecho a ello y para desarrollar o promover servicios, públicos o privados, en particular guarderías.

Las Partes se comprometen a garantizar que los representantes de los trabajadores gocen de una protección eficaz contra los actos que puedan causarles un perjuicio.

Las Partes se comprometen a velar por que los empleadores informen y consulten a los representantes de los trabajadores con la debida antelación sobre los despidos colectivos previstos.

Las Partes se comprometen a tomar medidas en el marco de un planteamiento global y coordinado para promover el acceso efectivo al empleo, la vivienda, la formación, la enseñanza, la cultura y la asistencia social y médica.

Artículo 31 — Derecho a la vivienda

Las Partes se comprometen a adoptar medidas destinadas a: favorecer el acceso a una vivienda de nivel suficiente; prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminarla progresivamente; y hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Antecedentes: la antigua Comisión de Derechos Humanos

Antes de 2006, el principal órgano intergubernamental de la ONU encargado de los derechos humanos era la Comisión de Derechos Humanos, creada en 1946 como órgano subsidiario del Consejo Económico y Social (ECOSOC). Durante sus seis décadas de existencia la Comisión elaboró los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, desde la Declaración Universal (1948) hasta los dos Pactos Internacionales de 1966.

Con el tiempo, no obstante, la Comisión fue objeto de críticas crecientes por su politización y por la práctica de algunos Estados con graves registros en materia de derechos humanos de solicitar la membresía precisamente para blindarse frente a escrutinio. El Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005 (Resolución 60/1 de la Asamblea General, de 16 de septiembre de 2005) reconoció la necesidad de una reforma en profundidad y encomendó a la Asamblea General la creación de un nuevo organismo. La última sesión de la Comisión tuvo lugar el 27 de marzo de 2006.

Creación: Resolución 60/251 (2006)

El 15 de marzo de 2006, mediante la Resolución 60/251, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer el Consejo de Derechos Humanos en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos. La resolución fue aprobada con 170 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones.

Aspectos fundamentales que establece la resolución:

• El Consejo es un órgano subsidiario de la Asamblea General (a diferencia de la antigua Comisión, que dependía del ECOSOC), lo que eleva su rango institucional.

• Tendrá su sede en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

• La Asamblea General decidió que revisaría el funcionamiento del Consejo cinco años después de su establecimiento e informaría al respecto (dicha revisión se completó en 2011).

• Se fijó el 9 de mayo de 2006 como fecha para la elección de los primeros miembros y el 19 de junio de 2006 como fecha de la primera sesión.

Naturaleza y sede

El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas, encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo, de abordar las situaciones de violaciones de derechos humanos y de formular recomendaciones al respecto. Tiene capacidad para debatir todas las cuestiones temáticas y situaciones concretas relativas a los derechos humanos durante todo el año.

Se reúne en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (Palacio de las Naciones), aunque puede celebrar sesiones en otros lugares cuando resulte apropiado.

Composición: 47 Estados miembros

El Consejo está integrado por 47 Estados Miembros de las Naciones Unidas, elegidos por la Asamblea General.

Proceso de elección

• Los miembros son elegidos directa e individualmente por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea General (es decir, por mayoría de todos sus integrantes, no solo de los presentes), mediante sufragio individual y secreto en sesión abierta y plenaria.

• Al votar, la Asamblea General tiene en cuenta la contribución de los Estados candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos, así como las promesas y compromisos voluntarios contraídos al presentar sus candidaturas.

• Los miembros electos ejercen su cargo durante tres años y no son reelegibles inmediatamente después de dos mandatos consecutivos.

• La Asamblea General puede, por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, suspender los derechos inherentes a la membresía del Consejo de todo miembro que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.

• Los Estados miembros de nueva elección asumen su condición de miembro el primer día del año del Consejo, reemplazando a quienes hayan concluido sus mandatos.

Distribución geográfica equitativa

Los 47 escaños se distribuyen entre los grupos regionales de la siguiente forma:

La Mesa del Consejo

La Mesa del Consejo se compone del Presidente y cuatro Vicepresidentes, que en conjunto reciben la denominación de «Mesa». Ejercen sus funciones durante un año, de acuerdo con el ciclo anual del Consejo, y pueden ser reelegidos.

• Dos semanas antes del comienzo de cada año del Consejo, el Presidente convoca una reunión de organización en la que el Consejo elige, de entre los representantes de sus miembros, al Presidente y a los cuatro Vicepresidentes.

• En la elección del Presidente se presta debida consideración a la rotación geográfica equitativa entre los grupos regionales.

• Los cuatro Vicepresidentes son elegidos sobre la base de la distribución geográfica equitativa, de entre los grupos regionales distintos del grupo al que pertenezca el Presidente.

• El Presidente actúa también como Relator del Consejo.

• Los componentes de la Mesa sirven durante un período de un año (no tres) y no son elegibles para reelección inmediata después de dos mandatos consecutivos.

Períodos de sesiones

El Consejo se reúne periódicamente a lo largo del año y celebra como mínimo tres períodos de sesiones ordinarios por año, incluido un período de sesiones principal, con una duración total de no menos de diez semanas.

Además, puede celebrar períodos extraordinarios de sesiones cuando sea necesario, a solicitud de un miembro del Consejo con el apoyo de un tercio de los miembros del Consejo.

Principios rectores

La labor del Consejo está guiada por los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, así como por el diálogo internacional constructivo y la cooperación. Sus métodos de trabajo deben ser transparentes, justos e imparciales, y estar orientados a los resultados; asimismo deben posibilitar un diálogo productivo y la participación efectiva.

Funciones y responsabilidades

La Resolución 60/251 enumera las funciones del Consejo, entre las que se incluyen:

1. Promover la educación y el aprendizaje sobre los derechos humanos, así como la prestación de asesoramiento y asistencia técnica y el fomento de la capacidad, en consulta con los Estados Miembros y con su consentimiento.

2. Servir de foro para el diálogo sobre cuestiones temáticas relativas a todos los derechos humanos.

3. Formular recomendaciones (no «denuncias») a la Asamblea General para seguir desarrollando el derecho internacional en la esfera de los derechos humanos.

4. Promover el pleno cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas por los Estados.

5. Ocuparse de las situaciones en que se violen los derechos humanos, incluidas las violaciones graves y sistemáticas, y hacer recomendaciones al respecto.

6. Promover la coordinación eficaz y la incorporación de los derechos humanos en la actividad general del sistema de Naciones Unidas.

7. Promover la responsabilidad universal y el respeto a todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas sin distinción.

8. Realizar el Examen Periódico Universal (EPU).

9. Cooperar estrechamente con los gobiernos, las organizaciones regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil.

10. Presentar un informe anual a la Asamblea General.

La participación de observadores y la celebración de consultas con ellos en el Consejo deberá estar basada en las disposiciones y las prácticas observadas por la antigua Comisión de Derechos Humanos.

Paquete de construcción institucional: Resolución 5/1 (2007)

Un año después de su primera reunión, en junio de 2007, el Consejo adoptó la Resolución 5/1 («paquete de construcción institucional»), que desarrolló los mecanismos que la Resolución 60/251 había dejado en líneas generales:

• Una nueva agenda y un marco para el programa de trabajo.

• Los métodos de trabajo y el reglamento.

• El Examen Periódico Universal (modalidades detalladas).

• El Comité Asesor (en sustitución de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos).

• El procedimiento de denuncia (en sustitución del denominado «procedimiento 1503» del ECOSOC).

• Los criterios de revisión, racionalización y mejora de los mandatos de los procedimientos especiales.

Examen Periódico Universal (EPU)

El Examen Periódico Universal (EPU) es la innovación más importante introducida por el nuevo Consejo. Su objetivo es examinar el cumplimiento por cada uno de los 193 Estados Miembros de la ONU de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos, garantizando la universalidad del examen y la igualdad de trato respecto de todos los Estados.

Características del EPU

• Es un mecanismo cooperativo, basado en un diálogo interactivo con la participación plena del Estado examinado.

• Tiene en consideración las necesidades de fomento de la capacidad del Estado.

• Complementa (y no duplica) la labor de los órganos convencionales creados en virtud de tratados.

• Se basa en información objetiva y fidedigna.

Bases documentales del examen

El examen se fundamenta en los siguientes documentos:

1. Base principal: la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los instrumentos de derechos humanos en los que el Estado en cuestión es Parte, y las promesas y compromisos voluntarios asumidos por ese Estado (incluidos los contraídos al presentar su candidatura al Consejo).

2. Tenidos en cuenta (pero no base principal): el derecho internacional humanitario aplicable.

El Consejo Económico y Social (ECOSOC) y los Pactos Internacionales en sí mismos no figuran como «base» independiente del EPU (aunque los tratados ratificados por el Estado sí se incluyen dentro de los instrumentos en los que es Parte).

Ciclos

Cada Estado es examinado en ciclos de aproximadamente cuatro años y medio. El primer ciclo comenzó en 2008; el segundo en 2012; el tercero en 2017; el cuarto ciclo se inició en 2022 y se extiende hasta 2027.

El EPU se desarrolla en el seno de un Grupo de Trabajo integrado por los 47 miembros del Consejo. Los demás Estados Miembros de la ONU también pueden participar como observadores.

Procedimientos Especiales

Los procedimientos especiales constituyen el mayor conjunto de mecanismos del Consejo. Son mandatos conferidos a expertos independientes (denominados «titulares de mandatos») para examinar, vigilar, asesorar e informar públicamente sobre situaciones de derechos humanos en países concretos (mandatos por país) o sobre fenómenos de violaciones de derechos humanos en todo el mundo (mandatos temáticos).

Los titulares de mandatos pueden ser Relatores Especiales, Expertos Independientes o Grupos de Trabajo.

Criterios de selección y nombramiento

Al proponer, seleccionar y nombrar a los titulares de mandatos son de fundamental importancia los criterios siguientes:

• Pericia (conocimientos especializados en el campo del mandato).

• Experiencia en el ámbito del mandato.

• Independencia.

• Imparcialidad.

• Integridad personal.

• Objetividad.

La «subjetividad» no es un criterio válido y constituye la respuesta incorrecta en los exámenes que pregunten por los criterios de selección.

Se presta también debida atención al equilibrio de género y a la representación geográfica equitativa, así como a la representación de diferentes sistemas jurídicos.

Proceso de nombramiento

1. La Secretaría del Consejo publica una convocatoria de candidaturas.

2. Un Grupo Asesor de cinco representantes de alto nivel (uno por cada grupo regional) examina las solicitudes y preselecciona candidatos.

3. El Presidente del Consejo presenta un candidato que, a continuación, es aprobado por el Consejo.

Los titulares de mandatos actúan a título personal y no reciben remuneración por su labor. Presentan informes anuales al Consejo y, en su caso, a la Asamblea General.

Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos

El Comité Asesor fue creado por la Resolución 5/1 en sustitución de la antigua Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Actúa como el «grupo de reflexión» del Consejo y le presta asesoramiento y asistencia en sus labores de investigación.

Composición

El Comité Asesor está integrado por 18 expertos que ejercen sus funciones a título personal. La distribución geográfica de sus miembros es la siguiente:

Los expertos son propuestos por los gobiernos y elegidos por el Consejo en votación secreta. Su mandato tiene una duración de tres años y pueden ser reelegidos una sola vez.

Procedimiento de Denuncia

El procedimiento de denuncia (sustituto del «procedimiento 1503» del ECOSOC) es el mecanismo orientado a las víctimas destinado a abordar los cuadros persistentes de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de todos los derechos humanos y libertades fundamentales que se produzcan en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia.

Quién puede presentar comunicaciones

Pueden presentar comunicaciones:

• Personas, grupos o entidades no gubernamentales que afirmen ser víctimas de violaciones de derechos humanos.

• Personas, grupos o entidades no gubernamentales que tengan conocimiento directo y fidedigno de tales violaciones.

Criterios de admisibilidad

Para que una comunicación sea admisible, entre otros requisitos, no debe basarse exclusivamente en informes difundidos por los medios de comunicación. Es decir, las comunicaciones sustentadas únicamente en noticias de prensa u otros medios de difusión no son admisibles.

Las comunicaciones deben presentarse por escrito, en uno de los seis idiomas oficiales de la ONU (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso).

Resumen de datos numéricos clave

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;

Ahora, por tanto,

La Asamblea General,

Proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): contexto general, estructura y contenido

Contexto histórico y aprobación

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, mediante la Resolución 217 (III). Su adopción respondió directamente a los horrores de la Segunda Guerra Mundial: los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad pusieron de relieve la necesidad de codificar, por primera vez con vocación universal, los derechos que pertenecen a todo ser humano por el mero hecho de serlo.

La Declaración constituyó el primer intento jurídico internacional de establecer que los derechos humanos fundamentales deben protegerse en todo el mundo, con independencia de la nacionalidad, la raza o el régimen político de cada Estado.

Objetivos y naturaleza jurídica

El objetivo de la DUDH es doble: promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. No es un tratado vinculante en sentido formal, sino una declaración de principios que la Asamblea General proclama como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Con el tiempo, sus disposiciones se han convertido en normas consuetudinarias del Derecho Internacional.

El Preámbulo

El preámbulo comienza en gerundio («Considerando que...»), forma verbal que imprime a sus párrafos el carácter de motivaciones o considerandos. Los elementos clave del preámbulo son:

• Dignidad intrínseca (no extrínseca) y derechos iguales e inalienables (no alienables) de todos los miembros de la familia humana como base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.

• El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad.

• Es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.

• Los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe (no su «respeto», ni su «compromiso») en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres.

• Los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas (no «bajo la autoridad de»), el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre.

• Una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso.

El preámbulo proclama la Declaración como modelo o patrón que sirva de inspiración a los pueblos y naciones, difundido a través de la enseñanza y la educación para la defensa y promoción de los derechos humanos y libertades.

Estructura: preámbulo y 30 artículos

La DUDH consta de un preámbulo (considerandos) y 30 artículos que pueden agruparse en tres bloques:

Principios generales (artículos 1 y 2)

• Art. 1 — Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

• Art. 2 — Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición.

Derechos civiles y políticos (artículos 3 a 21)

• Art. 3 — Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona.

• Art. 4 — Prohibición de la esclavitud y la servidumbre en todas sus formas.

• Art. 5 — Prohibición de la tortura y de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

• Art. 6 — Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica en todas partes.

• Art. 7 — Igualdad ante la ley y protección igual de la ley.

• Art. 8 — Derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales contra actos que violen los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley.

• Art. 9 — Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

• Art. 10 — Derecho a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de derechos u obligaciones o para el examen de cualquier acusación en materia penal.

• Art. 11 — Presunción de inocencia y principio de legalidad penal.

• Art. 12 — Derecho a la intimidad; nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación.

• Art. 13 — Derecho a circular libremente y a elegir residencia en el territorio de un Estado; y derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.

• Art. 14 — Derecho de asilo en caso de persecución; no podrá invocarse por delitos comunes ni por actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

• Art. 15 — Derecho a una nacionalidad; nadie puede ser privado arbitrariamente de ella ni del derecho a cambiarla.

• Art. 16 — Derecho al matrimonio y a fundar familia; solo con libre y pleno consentimiento de los futuros esposos; los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio tienen igual protección social. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, con derecho a la más amplia protección de la sociedad y del Estado. Los niños no pueden contraer matrimonio en ningún caso mientras sean niños.

• Art. 17 — Derecho a la propiedad, individual y colectivamente; nadie será privado de su propiedad arbitrariamente.

• Art. 18 — Libertad de pensamiento, conciencia y religión, incluida la libertad de cambiar de religión o creencia y de manifestarla pública o privadamente.

• Art. 19 — Libertad de opinión y expresión, incluyendo no ser molestado a causa de las propias opiniones y buscar, recibir y difundir información.

• Art. 20 — Libertad de reunión y asociación pacíficas; nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación.

• Art. 21 — Derecho a participar en el gobierno del propio país, directamente o por representantes libremente escogidos; derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país; la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público.

Derechos económicos, sociales y culturales (artículos 22 a 27)

• Art. 22 — Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social (recogido expresamente en la DUDH, no solo en los Pactos).

• Art. 23 — Derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias, a la protección contra el desempleo; derecho a igual salario por trabajo igual; remuneración que asegure una existencia conforme a la dignidad humana; derecho a fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de sus intereses.

• Art. 24 — Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la jornada laboral y a vacaciones periódicas pagadas.

• Art. 25 — Derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar, y en especial: la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Derecho a seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de medios de subsistencia (no en caso de guerra). La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales; todos los niños, nacidos dentro o fuera del matrimonio, gozan de igual protección social.

• Art. 26 — Derecho a la educación, que debe ser gratuita al menos en la instrucción elemental y fundamental; la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales (no «obligaciones»; no «recursos económicos»). Los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación para sus hijos.

• Art. 27 — Derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

Artículos de cierre (artículos 28 a 30)

• Art. 28 — Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en la Declaración se hagan plenamente efectivos.

• Art. 29 — Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, pues solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. El ejercicio de derechos solo puede estar sujeto a las limitaciones establecidas por la ley.

• Art. 30 — Nada en la Declaración puede interpretarse para que un Estado, grupo o persona tenga derecho a desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de los derechos y libertades que en ella se proclaman.

Los Pactos Internacionales y el derecho de libre determinación

La DUDH no recoge expresamente el derecho de los pueblos a la libre determinación. Este derecho figura expresamente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ambos de 1966), pero no en el texto de la DUDH de 1948.

La Carta de las Naciones Unidas y los órganos de la ONU

La Carta de las Naciones Unidas fue firmada en 1945. Establece como propósitos de la Organización, entre otros, servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar sus propósitos comunes.

Los seis órganos principales de las Naciones Unidas (artículo 7 de la Carta) son:

1. Asamblea General

2. Consejo de Seguridad

3. Consejo Económico y Social

4. Consejo de Administración Fiduciaria

5. Corte Internacional de Justicia

6. Secretaría

No son órganos principales: el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Civiles y Políticos, la Asamblea Parlamentaria, el Comité de las Regiones, ni la Comisión Económica y Social (denominación que no existe; el órgano correcto es «Consejo Económico y Social»). La Organización podrá establecer los órganos subsidiarios que se estimen necesarios (sin límite), de conformidad con las disposiciones de la propia Carta.

La Organización no establecerá restricciones en cuanto a la elegibilidad de hombres y mujeres para participar en condiciones de igualdad en las funciones de sus órganos principales y subsidiarios.

Asamblea General

• Está integrada por todos los Miembros de las Naciones Unidas; cada Estado puede tener un máximo de cinco representantes.

• Puede discutir cualquier asunto dentro de los límites de la Carta o relativo a los poderes y funciones de cualquiera de sus órganos.

• Puede considerar los principios de cooperación para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluidos el desarme y la regulación de los armamentos.

• Puede formular recomendaciones sobre paz y seguridad, pero no mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando sus funciones respecto a una situación o controversia (salvo que un Miembro lo solicite).

• Puede llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales.

• Examina y aprueba el presupuesto de la Organización. Un Miembro en mora (deuda igual o superior a las cuotas de los dos años anteriores completos) puede ser privado del voto, salvo que la mora se deba a circunstancias ajenas a su voluntad.

• Un Miembro que haya violado repetidamente los principios de la Carta puede ser expulsado a recomendación del Consejo de Seguridad.

• Nombra al Secretario General (a recomendación del Consejo de Seguridad, según la Carta; en la práctica, la Asamblea General lo nombra).

Consejo de Seguridad

• Formado por 15 miembros: 5 permanentes (China, Francia, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos; Italia no es miembro permanente) y 10 no permanentes elegidos por la Asamblea General.

• Entre los 10 no permanentes hay 5 de África y Asia.

• Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se toman por el voto afirmativo de nueve miembros.

• Las decisiones sobre otras cuestiones requieren nueve votos afirmativos incluidos los cinco permanentes (derecho de veto).

Secretaría

• Se compone de un Secretario General y del personal que requiera la Organización.

• El Secretario General es el más alto funcionario administrativo de la Organización (no «Director General», no «Subsecretario»).

• Es nombrado por la Asamblea General.

Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El Consejo de Derechos Humanos es el principal órgano intergubernamental de las Naciones Unidas responsable de los derechos humanos. Cuenta con el apoyo sustantivo, técnico y de secretaría de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). Los escaños se distribuyen equitativamente entre los cinco grupos regionales y cada año se renueva un tercio de los miembros. Revisa el historial de derechos humanos de todos los Estados miembros a través del Examen Periódico Universal (no «Examen Anual General»).

Convenio Europeo de Derechos Humanos y el TEDH

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es el órgano que supervisa el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de DDHH). El Comité de Ministros vela por la ejecución de las sentencias definitivas del Tribunal.

Convención contra la Tortura (CAT)

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada en 1984, establece que:

• El Comité contra la Tortura presenta un informe anual sobre sus actividades a los Estados Partes y a la Asamblea General.

• Para que exista tortura a efectos de la Convención, el autor no tiene que ser necesariamente un funcionario público; puede ser cualquier persona que actúe a título oficial o con la aquiescencia del Estado.

• No se consideran torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o inherentes a estas.

• El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura fue aprobado en 2002 (en vigor desde 2006).

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) recoge, entre otros:

• La prohibición de la esclavitud en todas sus formas sin limitación alguna (no hay excepciones).

• Nadie será sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes; nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

• La prisión preventiva no debe ser la regla general (es la opción incorrecta afirmar que «debe ser la regla general»).

• Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar el indulto o la conmutación; la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.

• Toda persona tendrá derecho a salir de cualquier país, incluso del propio.

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea

La Carta de Derechos Fundamentales de la UE establece, entre otros aspectos, que los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal libre, directo y secreto.

Carta Social Europea

La Carta Social Europea garantiza el derecho de los trabajadores a participar en la determinación de las condiciones de trabajo. Las partes se comprometen a adoptar medidas que permitan a los trabajadores o sus representantes contribuir a la determinación y a la mejora de las condiciones de trabajo, de la organización del trabajo y del entorno de trabajo.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: derecho a la vida, la libertad y la seguridad

Texto del artículo

El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama:

«Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.»

Esta es la formulación exacta y completa del artículo. No incluye referencias al «bienestar social» ni «mental», ni a la «servidumbre» ni a ningún otro contenido: esos derechos figuran en otros artículos de la Declaración.

Los tres derechos que reconoce

El artículo 3 enuncia tres derechos de manera conjunta:

1. Derecho a la vida. Es el presupuesto de todos los demás derechos; sin vida no cabe ejercer ningún otro derecho fundamental. La Declaración lo proclama de manera absoluta, sin excepciones ni condicionantes.

2. Derecho a la libertad. Comprende la libertad física de las personas frente a detenciones o restricciones arbitrarias. Junto con el artículo 9 (prohibición de la detención arbitraria), forma un sólido núcleo de protección de la libertad personal.

3. Derecho a la seguridad de su persona. Protege a las personas frente a amenazas, ataques o violencia que pongan en peligro su integridad. Complementa el derecho a la vida al impedir que el Estado o terceros sometan al individuo a situaciones de peligro.

Ubicación sistemática en la Declaración y artículos relacionados

El artículo 3 inaugura el bloque de derechos civiles y políticos de la Declaración (artículos 3 a 21) y actúa como pórtico de un conjunto de artículos que protegen aspectos concretos de la libertad y la integridad:

• Art. 4 — Prohíbe la esclavitud y la servidumbre en todas sus formas (derecho relacionado pero distinto).

• Art. 5 — Prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes (también relacionado pero distinto).

• Art. 9 — Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Confundir el contenido del artículo 3 con el del artículo 4 (esclavitud) o el del artículo 5 (tortura) es un error frecuente que las preguntas de examen buscan detectar.

Titulares del derecho

El artículo utiliza la expresión «todo individuo», lo que subraya la universalidad absoluta: el derecho a la vida, la libertad y la seguridad corresponde a toda persona humana, sin distinción de nacionalidad, estatus jurídico, condición social, raza, sexo, religión ni ninguna otra circunstancia.

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: prohibición de la tortura

Texto del artículo

El artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece:

«Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.»

La palabra exacta que cierra el artículo es «degradantes» (no «denigrantes», no «decepcionantes», no «vejatorios», no «humillantes»). Es uno de los datos que los exámenes comprueban con mayor frecuencia mediante preguntas de completar el enunciado.

Alcance y contenido de la prohibición

El artículo 5 contiene una prohibición absoluta que abarca dos categorías:

1. Torturas. Infligir deliberadamente dolor o sufrimiento grave, físico o mental, generalmente con el fin de obtener información, castigar o intimidar.

2. Penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Categoría más amplia que incluye formas de maltrato que, sin alcanzar la gravedad de la tortura en sentido estricto, suponen una vulneración grave de la dignidad humana. Los tres adjetivos (cruel, inhumano, degradante) son acumulativos en el texto y cubren un espectro completo de conductas.

La prohibición se aplica a «nadie», sin excepción alguna: el artículo no contempla casos en que los tratos crueles o la tortura puedan estar autorizados, ni siquiera en estados de emergencia.

Conexión con la Convención contra la Tortura

El artículo 5 de la DUDH inspiró directamente la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General en 1984 y en vigor desde 1987. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) también recoge esta prohibición en su artículo 7, añadiendo expresamente que nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

Artículos de la DUDH con los que se confunde con mayor frecuencia

Las preguntas de examen suelen proponer como opciones los artículos 4, 5 y 9 de forma cruzada:

Artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: personalidad jurídica

Texto del artículo

El artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece:

«Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.»

Alcance y contenido

El artículo 6 reconoce la personalidad jurídica de toda persona. Este derecho significa que todo ser humano es reconocido como sujeto de derechos y obligaciones ante el ordenamiento jurídico, con capacidad de ser titular de derechos y de comparecer ante los tribunales.

Los dos elementos del artículo que más se examinan son:

1. El titular: «Todo ser humano» (no «todo ciudadano», no «toda persona residente en un Estado parte»).

2. El ámbito de aplicación: «En todas partes», es decir, con carácter universal e independientemente del territorio en que se encuentre la persona o de la condición política, jurídica o internacional del país o territorio del que dependa.

El reconocimiento de la personalidad jurídica en todas partes implica que ningún Estado puede negar a un ser humano su condición de sujeto de derecho, con independencia de su nacionalidad o del Estado que reivindique jurisdicción sobre él.

Distinción con derechos de artículos próximos

El artículo 6 no reconoce una defensa judicial gratuita (eso forma parte del derecho a un recurso efectivo, artículo 8), ni la seguridad jurídica como tal. Su contenido específico es el reconocimiento de la subjetividad jurídica de la persona, presupuesto de todos los derechos posteriores.

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: prohibición de la detención arbitraria

Texto del artículo

El artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece:

«Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.»

La palabra clave es «arbitrariamente»: el artículo no prohíbe toda detención o prisión, sino aquella que carezca de fundamento jurídico legítimo o que se lleve a cabo de manera contraria a los principios del Estado de Derecho. Una detención acordada conforme a la ley y con las garantías procesales adecuadas es compatible con la Declaración; lo que se prohíbe es la arbitrariedad.

Alcance y contenido

El artículo protege frente a tres formas de privación de libertad:

1. Detención arbitraria. Aprehensión de una persona sin base legal, sin ser informada de los cargos o sin posibilidad de impugnar la medida ante un juez.

2. Prisión arbitraria. Mantenimiento en prisión de una persona sin proceso judicial o sin los mínimos de garantía legal.

3. Destierro arbitrario. Expulsión de una persona de su país o de un territorio sin fundamento legal.

El sujeto protegido es «nadie»: la prohibición es universal y no admite excepciones por razón de raza, origen, opinión política o cualquier otra condición.

Titulares y alcance personal

Ninguna persona puede ser detenida y desterrada arbitrariamente. El artículo no establece distinción entre nacionales y extranjeros, ni entre personas acusadas de delitos graves o leves: la protección frente a la arbitrariedad se aplica a toda persona.

Relación con otros artículos de la DUDH y con el Pacto

El artículo 9 de la DUDH tiene su desarrollo en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), que añade el derecho a ser informado sin demora de los cargos, a ser llevado ante un juez y a impugnar la legalidad de la detención (habeas corpus).

No debe confundirse el artículo 9 con:

El artículo 10 (audiencia ante tribunal) complementa al artículo 9: si alguien es detenido, tiene derecho a comparecer ante un tribunal imparcial. Pero el contenido literal del artículo 9 se limita exclusivamente a la prohibición de la detención, prisión y destierro arbitrarios.

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

Roma, 4.XI.1950

Los Gobiernos signatarios, miembros del Consejo de Europa,

Considerando la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948;

Considerando que esta Declaración tiende a asegurar el reconocimiento y la aplicación universales y efectivos de los derechos en ella enunciados;

Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es realizar una unión más estrecha entre sus miembros, y que uno de los medios para alcanzar esta finalidad es la protección y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales;

Reafirmando su profunda adhesión a estas libertades fundamentales que constituyen las bases mismas de la justicia y de la paz en el mundo, y cuyo mantenimiento reposa esencialmente, de una parte, en un régimen político verdaderamente democrático, y, de otra, en una concepción y un respeto comunes de los derechos humanos de los cuales dependen;

Resueltos, en cuanto Gobiernos de Estados europeos animados por un mismo espíritu y en posesión de un patrimonio común de ideales y de tradiciones políticas, de respeto a la libertad y de primacía del Derecho, a tomar las primeras medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de algunos de los derechos enunciados en la Declaración Universal;

El Convenio Europeo de Derechos Humanos — Visión general y funcionamiento del TEDH

El Consejo de Europa y el CEDH

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), conocido como Convenio de Roma, fue firmado el 4 de noviembre de 1950 en Roma y entró en vigor el 3 de septiembre de 1953. Es el instrumento jurídico vinculante más importante del Consejo de Europa en materia de derechos humanos.

El Consejo de Europa (con sede en Estrasburgo) no debe confundirse con las instituciones de la Unión Europea. Es una organización internacional independiente que actualmente agrupa a 46 Estados miembros. España lo ratificó en 1979.

Diferencia con la Carta Social Europea (Carta de Turín)

El CEDH y la Carta Social Europea (firmada en Turín en 1961) son los dos grandes instrumentos del Consejo de Europa, pero con diferencias sustanciales:

• La Carta de Turín protege exclusivamente derechos sociales y laborales, y en principio solo se aplica a nacionales de los Estados miembros del Consejo de Europa.

• El Convenio de Roma protege derechos civiles y políticos, y se aplica a toda persona que se encuentre bajo la jurisdicción de los Estados Parte (independientemente de su nacionalidad).

Derechos y libertades garantizados

El CEDH garantiza un catálogo de derechos civiles y políticos, entre los que destacan:

• Derecho a la vida (art. 2).

• Prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (art. 3).

• Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado (art. 4).

• Derecho a la libertad y a la seguridad (art. 5).

• Derecho a un proceso equitativo (art. 6).

• Derecho a la vida privada y familiar (art. 8).

• Libertad de expresión (art. 10).

• Derecho a contraer matrimonio (art. 12).

Los derechos del acusado en el proceso penal (art. 6) incluyen: ser informado en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y causa de la acusación; disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa; y ser asistido gratuitamente de un intérprete si no comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia.

Derogaciones en caso de guerra o emergencia

El Convenio permite que las Altas Partes Contratantes adopten medidas que deroguen sus obligaciones únicamente en caso de guerra u otro peligro público que amenace la vida de la nación, siempre que tales medidas no contradigan otras obligaciones del Derecho Internacional. Quedan absolutamente prohibidas las derogaciones de ciertos derechos (prohibición de tortura, prohibición de la esclavitud, etc.).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene su sede en Estrasburgo y funciona de forma permanente. Es el órgano judicial internacional encargado de garantizar el cumplimiento del CEDH.

Las instituciones que velan por el cumplimiento del CEDH son:

• El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

• El Comité de Ministros del Consejo de Europa (supervisor de la ejecución de las sentencias).

(La antigua Comisión Europea de Derechos Humanos fue suprimida con la entrada en vigor del Protocolo núm. 11, en 1998.)

Competencia del Tribunal

En caso de que se impugne la competencia del Tribunal, éste decidirá sobre la misma (principio de competencia sobre la competencia o «Kompetenz-Kompetenz»). Ni el Comité de Ministros, ni la Asamblea Parlamentaria, ni ningún otro órgano exterior resuelven esta cuestión.

El Tribunal puede conocer de demandas de dos tipos:

• Demandas interestatales: presentadas por un Estado Parte contra otro.

• Demandas individuales: presentadas por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación de los derechos reconocidos en el Convenio por una de las Altas Partes Contratantes.

Formaciones del Tribunal y composición

El Tribunal actúa en las siguientes formaciones:

El juez único no puede examinar asuntos contra el Estado respecto del cual fue elegido como juez.

Si el juez único no declara inadmisible la demanda ni la elimina del registro, la remite a un Comité o a una Sala para su examen complementario.

Las demandas presentadas por particulares pueden ser inadmitidas inicialmente por un Comité de tres jueces.

El Tribunal reunido en Pleno

El Pleno del Tribunal:

• Elige, por un período de tres años (reelegibles), a su Presidente y a uno o dos Vicepresidentes.

• Elige a los Presidentes de las Salas (reelegibles).

• Elige al Secretario y a uno o varios Secretarios adjuntos.

• Constituye las Salas por un período determinado.

• Aprueba su Reglamento.

Inhibición en favor de la Gran Sala (art. 30)

Una Sala puede inhibirse en favor de la Gran Sala, mientras no haya dictado sentencia, cuando:

• El asunto plantee una cuestión grave relativa a la interpretación del Convenio o de sus Protocolos.

• La solución a una cuestión del caso pudiera ser contradictoria con una sentencia dictada anteriormente por el Tribunal.

Sentencias de Sala: remisión a la Gran Sala

En el plazo de tres meses desde la fecha de la sentencia de una Sala, cualquier parte puede solicitar, en casos excepcionales, la remisión del asunto ante la Gran Sala. Un colegio de cinco jueces de la Gran Sala acepta o rechaza la solicitud. Si el colegio acepta la demanda, la Gran Sala se pronunciará sobre el asunto mediante sentencia (no resolución).

Ningún juez de la Sala que haya dictado la sentencia puede actuar en la Gran Sala cuando se examine el mismo asunto en fase de remisión (salvo el Presidente de la Sala y el juez que actuó en representación del Estado interesado, según el Reglamento).

Sentencias definitivas

Una sentencia es definitiva cuando:

1. La dicta la Gran Sala.

2. Las partes declaran que no solicitarán la remisión.

3. Transcurren tres meses sin que se solicite la remisión ante la Gran Sala.

La sentencia definitiva se publica y se transmite al Comité de Ministros, que velará por su ejecución.

Solución amistosa y archivo del asunto

Si las partes alcanzan una transacción (solución amistosa), el Tribunal eliminará el asunto del registro mediante una resolución que se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución adoptada.

Opiniones consultivas

La Gran Sala es la formación competente para examinar las solicitudes de opiniones consultivas presentadas por las Altas Partes Contratantes sobre cuestiones relativas a la interpretación del Convenio y sus Protocolos (art. 47).

Secretaría del Tribunal

El Tribunal tendrá una Secretaría cuyas funciones y organización se establecerán en el Reglamento del Tribunal (no en el propio Convenio).

Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el título I del presente Convenio.

1. El derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga la pena capital dictada por un tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena.

2. La muerte no se considerará infligida con infracción del presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario:

a) en defensa de una persona contra una agresión ilegítima;

b) para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido legalmente;

c) para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección.

Artículo 3 CEDH — Prohibición de la tortura

Texto y alcance del artículo

El artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos establece:

«Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.»

Es uno de los derechos absolutos del Convenio: no admite excepción, restricción ni derogación alguna bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en caso de guerra o de emergencia pública. El artículo 15 del CEDH, que permite derogaciones en situaciones excepcionales, excluye expresamente el artículo 3 de su ámbito de aplicación.

Distingo con otros artículos próximos

Conviene no confundir el artículo 3 con otros preceptos del CEDH que protegen bienes jurídicos distintos:

• Artículo 2: protege el derecho a la vida («El derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley»).

• Artículo 3: prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes («Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes»).

• Artículo 4: prohíbe la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzado («Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre»).

Categorías de prohibición

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado en su jurisprudencia una gradación de los tratos prohibidos por el artículo 3:

• Tortura: el trato más severo, consistente en causar deliberadamente sufrimiento intenso (físico o mental) con una finalidad concreta (obtener información, castigar, intimidar, discriminar, etc.).

• Trato inhumano: el que causa sufrimiento físico o mental de especial intensidad, aunque no alcance el umbral de la tortura.

• Trato degradante: el que humilla o envilece gravemente a la persona, aunque no cause necesariamente sufrimiento físico.

Carácter absoluto e inderogable

A diferencia de la mayoría de los derechos del Convenio, la prohibición del artículo 3 es absoluta: no puede ser limitada por ley, ni justificada por motivos de seguridad nacional, de orden público o de ningún otro tipo. Ni siquiera en caso de guerra o de peligro público que amenace la vida de la nación puede un Estado derogar o suspender las obligaciones derivadas de este artículo.

Obligaciones del Estado

El artículo 3 impone al Estado una doble obligación:

• Obligación negativa: abstenerse de infligir tortura o tratos inhumanos o degradantes (directamente o a través de sus agentes).

• Obligación positiva: investigar de forma efectiva las denuncias de malos tratos, proteger a las personas bajo su custodia y, en determinados casos, no extraditar o expulsar a nadie a un país donde corra un riesgo real de ser sometido a tales tratos (doctrina de la «no devolución» o non-refoulement).

Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio.

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley.

Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella.

Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el Derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida.

Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.

Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho de fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses.

A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho.

Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.

El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.

En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte Contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente Convenio en la medida estricta en que lo exija la situación, y supuesto que tales medidas no estén en contradicción con las otras obligaciones que dimanan del Derecho internacional.

Ninguna de las disposiciones de los artículos 10, 11 y 14 podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe a las Altas Partes Contratantes imponer restricciones a la actividad política de los extranjeros.

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podrá ser interpretada en el sentido de que implique para un Estado, grupo o individuo, un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el presente Convenio o a limitaciones más amplias de estos derechos o libertades que las previstas en el mismo.

Las restricciones que, en los términos del presente Convenio, se impongan a los citados derechos y libertades no podrán ser aplicadas más que con la finalidad para la cual han sido previstas.

Con el fin de asegurar el respeto de los compromisos que resultan para las Altas Partes Contratantes del presente Convenio, se instituye un Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Funcionará de manera permanente.

Artículo 20 CEDH — Número de jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Composición del Tribunal

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene su sede en Estrasburgo (Francia) y funciona de manera permanente. Fue creado por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (CEDH), firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 en el seno del Consejo de Europa.

El artículo 20 del Convenio establece la regla fundamental sobre su composición: el Tribunal se compone de un número de jueces igual al de las Altas Partes Contratantes. No se fija un número cerrado en el texto del Convenio; el número varía conforme los Estados ratifican o se retiran del Convenio. Actualmente, con 46 Estados miembros del Consejo de Europa (tras la expulsión de Rusia en 2022), el Tribunal cuenta con 46 jueces.

La clave es que la equivalencia es uno por Estado Parte, nunca dos ni la mitad. No podrá haber dos magistrados que sean nacionales de un mismo Estado.

Elección de los jueces

Los jueces son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a razón de uno por cada Alta Parte Contratante, de una lista de tres candidatos presentada por cada Estado. Ejercen sus funciones a título individual (no como representantes de su Estado), con plena independencia.

El mandato ordinario es de nueve años, sin posibilidad de reelección. El mandato finaliza en todo caso al alcanzar la edad de 70 años.

Un juez solo puede ser relevado de sus funciones si los demás jueces deciden, por mayoría de dos tercios, que ha dejado de reunir las condiciones requeridas para serlo.

Formaciones del Tribunal

Para el examen de los asuntos que se le sometan, el Tribunal actúa en cuatro formaciones:

• El juez único puede declarar inadmisible una demanda o eliminarla del registro. Si no lo hace, la remite a un Comité o a una Sala para examen complementario.

• Los Comités (3 jueces) pueden declarar inadmisibles demandas individuales o pronunciarse sobre el fondo cuando la cuestión relativa a la interpretación o a la aplicación del Convenio ya es objeto de jurisprudencia consolidada.

• Las Salas (7 jueces) conocen tanto de la admisibilidad como del fondo de los asuntos.

• La Gran Sala (17 jueces) conoce de los asuntos más complejos, de las remisiones de Sala y de las opiniones consultivas.

El Tribunal reunido en Pleno

El Pleno del Tribunal ejerce funciones organizativas y no jurisdiccionales:

• Elige, por un período de tres años (reelegibles), a su Presidente y a uno o dos Vicepresidentes.

• Elige a los Presidentes de las Salas (reelegibles).

• Elige al Secretario y a uno o varios Secretarios adjuntos.

• Constituye las Salas por un período determinado.

• Aprueba su Reglamento (no lo «propone», sino que lo aprueba directamente).

Sentencias definitivas

Una sentencia es definitiva en tres supuestos:

1. Cuando es dictada por la Gran Sala (siempre definitiva).

2. Cuando las partes declaran que no solicitarán la remisión ante la Gran Sala.

3. Cuando han transcurrido tres meses desde la fecha de la sentencia de una Sala sin que se haya solicitado la remisión.

Dentro de ese plazo de tres meses, cualquier parte puede solicitar la remisión ante la Gran Sala en casos excepcionales (cuestión grave de interpretación o de aplicación del Convenio, o cuestión grave de carácter general).

La sentencia definitiva es pública. Se transmite al Comité de Ministros del Consejo de Europa, que vela por su ejecución.

Remuneración de los jueces

Los miembros del Tribunal perciben, por cada día que desempeñen sus funciones, una remuneración o dieta fijada por el Comité de Ministros.

Los jueces deberán gozar de la más alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de reconocida competencia. Los jueces actúan a título individual.

Los jueces son elegidos por la Asamblea Parlamentaria en razón de cada Alta Parte Contratante, por mayoría de votos emitidos, de una lista de tres candidatos presentada por la Alta Parte Contratante.

Los jueces son elegidos por un período de nueve años. No son reelegibles. El mandato de los jueces finalizará cuando alcancen la edad de setenta años.

El Tribunal dispondrá de una secretaría cuyas funciones y organización se establecerán en el reglamento del Tribunal. Estará asistido por ponentes.

El Pleno del Tribunal: a) elegirá, por un período de tres años, a su presidente y a uno o dos vicepresidentes, que son reelegibles; b) constituirá Secciones por un período determinado; c) elegirá a los presidentes de las Secciones del Tribunal, que son reelegibles; d) adoptará el reglamento del Tribunal; e) elegirá al secretario y a uno o varios secretarios adjuntos; f) presentará cualquier solicitud en virtud del artículo 26, apartado 2.

Para el examen de los asuntos que se le sometan, el Tribunal actuará en formación de juez único, en comités de tres jueces, en Salas de siete jueces y en una Gran Sala de diecisiete jueces.

Un juez único podrá declarar inadmisible o eliminar del registro de asuntos del Tribunal una demanda individual presentada en virtud del artículo 34, cuando tal resolución pueda adoptarse sin necesidad de un examen complementario.

Un comité podrá, por voto unánime: a) declarar inadmisible o eliminar del registro de asuntos una demanda individual presentada en virtud del artículo 34, cuando tal resolución pueda adoptarse sin necesidad de un examen complementario; b) declarar admisible una demanda individual presentada en virtud del artículo 34 y dictar sentencia sobre el fondo cuando la cuestión relativa a la interpretación o la aplicación del Convenio o de sus Protocolos que se encuentre en el origen del asunto ya haya dado lugar a jurisprudencia bien establecida del Tribunal.

Si no se ha adoptado ninguna resolución en virtud de los artículos 27 o 28, ni ninguna sentencia dictada en virtud del artículo 28, una Sala se pronunciará sobre la admisibilidad y el fondo de las demandas individuales presentadas en virtud del artículo 34 y de las demandas interestatales presentadas en virtud del artículo 33.

Si el asunto pendiente ante una Sala plantea una cuestión grave relativa a la interpretación del Convenio o de sus Protocolos, o si la solución dada a una cuestión pudiera ser contradictoria con una sentencia dictada anteriormente por el Tribunal, la Sala podrá inhibirse en favor de la Gran Sala, mientras no haya dictado sentencia, a menos que una de las partes se oponga a ello.

La Gran Sala: a) se pronunciará sobre las demandas presentadas en virtud del artículo 33 o del artículo 34, cuando el asunto le haya sido elevado por la Sala en virtud del artículo 30 o cuando el asunto le haya sido deferido en virtud del artículo 43; b) se pronunciará sobre las cuestiones sometidas al Tribunal por el Comité de Ministros en virtud del artículo 46, apartado 4; y c) examinará las solicitudes de opiniones consultivas presentadas en virtud del artículo 47.

La competencia del Tribunal se extiende a todos los asuntos relativos a la interpretación y la aplicación del Convenio y de sus Protocolos que le sean sometidos en las condiciones previstas por los artículos 33, 34, 46 y 47.

Toda Alta Parte Contratante podrá someter al Tribunal cualquier incumplimiento de lo dispuesto en el Convenio y sus Protocolos que, a su juicio, pueda ser imputado a otra Alta Parte Contratante.

El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación por una de las Altas Partes Contratantes de los derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho.

Al Tribunal no podrá recurrirse sino después de agotar las vías de recurso internas, tal como se entiende según los principios de derecho internacional generalmente reconocidos y en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la resolución interna definitiva.

En cualquier asunto que se suscite ante una Sala o ante la Gran Sala, la Alta Parte Contratante cuyo nacional sea el demandante tendrá derecho a presentar observaciones por escrito y a participar en la vista.

En cualquier momento del procedimiento, el Tribunal podrá decidir cancelar una demanda del registro de entrada cuando las circunstancias permitan comprobar: a) que el demandante ya no está dispuesto a mantenerla; o b) que el litigio ha sido ya resuelto; o c) que, por cualquier otro motivo verificado por el Tribunal, ya no está justificada la prosecución del examen de la demanda.

El Tribunal procederá al examen contradictorio del asunto con los representantes de las partes y, si procede, a una indagación, para cuya eficaz realización los Estados interesados proporcionarán todas las facilidades necesarias.

En cualquier fase del procedimiento, el Tribunal podrá ponerse a disposición de las partes interesadas para conseguir un arreglo amistoso del asunto, inspirándose para ello en el respeto a los derechos humanos tal como los reconocen el Convenio y sus Protocolos.

La vista es pública, a menos que el Tribunal decida otra cosa por circunstancias excepcionales. Los documentos depositados en la secretaría serán accesibles al público, a menos que el presidente del Tribunal decida de otro modo.

Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa.

Las sentencias de las Salas serán definitivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, apartado 2.

En el plazo de tres meses a partir de la fecha de la sentencia de una Sala, cualquier parte en el asunto podrá solicitar, en casos excepcionales, la remisión del asunto ante la Gran Sala.

La sentencia de la Gran Sala será definitiva. La sentencia de una Sala será definitiva cuando las partes declaren que no solicitarán la remisión del asunto ante la Gran Sala, o tres meses después de la fecha de la sentencia, si no se ha solicitado la remisión del asunto ante la Gran Sala, o cuando el colegio de la Gran Sala rechace la demanda de remisión formulada en virtud del artículo 43.

Las sentencias, así como las decisiones por las que las demandas se declaren admisibles o inadmisibles, serán motivadas. Si la sentencia no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, todo juez tendrá derecho a unir a ella su opinión por separado.

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes. La sentencia definitiva del Tribunal será transmitida al Comité de Ministros, que velará por su ejecución.

El Tribunal podrá emitir opiniones consultivas, a solicitud del Comité de Ministros, acerca de cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del Convenio y de sus Protocolos.

El Tribunal resolverá si la solicitud de opinión consultiva presentada por el Comité de Ministros es de su competencia, tal como la define el artículo 47.

Las opiniones consultivas del Tribunal serán motivadas. Si la opinión consultiva no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, todo juez tendrá derecho a unir a ella su opinión por separado.

Artículo 50 CEDH — Gastos de funcionamiento del Tribunal

Financiación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El artículo 50 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos establece de forma inequívoca que los gastos de funcionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos correrán a cargo del Consejo de Europa.

No son sufragados por las Altas Partes Contratantes directamente, ni por los propios Estados de la Unión Europea como tal, ni por el Parlamento Europeo, ni por el propio Tribunal. El Consejo de Europa asume íntegramente la financiación de la institución, dado que el TEDH es su principal órgano judicial y forma parte de su estructura institucional.

El Consejo de Europa como marco institucional

El Consejo de Europa (con sede en Estrasburgo) es una organización internacional intergubernamental fundada en 1949, distinta de la Unión Europea. Agrupa actualmente a 46 Estados miembros y tiene como misión principal la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en Europa.

El presupuesto del Consejo de Europa se nutre de las contribuciones de sus Estados miembros y es el que financia el funcionamiento ordinario del TEDH: personal, infraestructuras, traducciones, tecnología y demás gastos operativos.

Remuneración de los jueces

Aunque el artículo 50 se refiere a los gastos de funcionamiento en sentido amplio, la remuneración de los jueces se regula en conexión con este artículo: los miembros del Tribunal perciben, por cada día que desempeñen sus funciones, una remuneración o dieta fijada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa.

Los jueces gozarán, durante el ejercicio de sus funciones, de los privilegios e inmunidades previstos en el artículo 40 del Estatuto del Consejo de Europa y en los acuerdos concluidos en virtud de dicho artículo.

A requerimiento del Secretario General del Consejo de Europa, toda Alta Parte Contratante suministrará las explicaciones pertinentes sobre la manera en que su Derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de este Convenio.

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio será interpretada en el sentido de limitar o perjudicar aquellos derechos humanos y libertades fundamentales que podrían ser reconocidos conforme a las leyes de cualquier Alta Parte Contratante o en cualquier otro Convenio en el que ésta sea parte.

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio prejuzgará los poderes conferidos al Comité de Ministros por el Estatuto del Consejo de Europa.

Las Altas Partes Contratantes renuncian recíprocamente, salvo compromiso especial, a prevalerse de los tratados, convenios o declaraciones que existan entre ellas, a fin de someter, por vía de demanda, una diferencia surgida de la interpretación o de la aplicación del presente Convenio a un procedimiento de solución distinto de los previstos en el mismo.

Todo Estado puede, en el momento de la ratificación o con posterioridad a la misma, declarar, mediante notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, que el presente Convenio se aplicará, sin perjuicio del párrafo 4 del presente artículo, a todos los territorios o a alguno de los territorios de cuyas relaciones internacionales es responsable.

Todo Estado podrá formular, en el momento de la firma del presente Convenio o del depósito de su instrumento de ratificación, una reserva a propósito de una disposición particular del Convenio en la medida en que una ley en vigor en su territorio esté en desacuerdo con esta disposición. Este artículo no autoriza las reservas de carácter general.

Una Alta Parte Contratante sólo podrá denunciar el presente Convenio al término de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio para dicha Parte y mediante un preaviso de seis meses, dado en una notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, quien informará a las restantes Altas Partes Contratantes.

El presente Convenio está abierto a la firma de los Miembros del Consejo de Europa. Será ratificado. Las ratificaciones serán depositadas ante el Secretario General del Consejo de Europa. El presente Convenio entrará en vigor después del depósito de diez instrumentos de ratificación.

Hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar que se depositará en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario General remitirá copias certificadas a todos los signatarios.

Los Estados Partes en el presente Pacto,

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,

Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana,

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece está obligado a procurar la vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este Pacto,

Convienen en los artículos siguientes:

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

1. Origen, adopción y entrada en vigor

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, y quedó abierto a la firma en Nueva York ese mismo día.

El Pacto entró en vigor el 3 de enero de 1976, una vez depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión, conforme a lo previsto en su propio artículo 27. Junto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), aprobado en la misma fecha y por la misma resolución, y a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, forma la denominada Carta Internacional de Derechos Humanos.

La Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos. El preámbulo del PIDESC reconoce que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables.

España y el PIDESC

Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos fueron firmados por España el 28 de septiembre de 1976. El Instrumento de Ratificación de España fue depositado el 27 de abril de 1977 (BOE-A-1977-10734). El Pacto entró en vigor para España el 27 de julio de 1977 (tres meses después del depósito del instrumento de ratificación, conforme al artículo 27.2).

2. Estructura del Pacto: las cinco partes

El PIDESC se articula en cinco partes que agrupan sus 31 artículos:

Parte I (artículo 1) — Derecho de libre determinación de los pueblos.

Parte II (artículos 2 a 5) — Disposiciones generales: obligaciones de los Estados Partes, principio de no discriminación, igualdad entre hombres y mujeres, y cláusula de interpretación.

Parte III (artículos 6 a 15) — Catálogo de derechos sustantivos: trabajo, condiciones laborales, sindicatos, seguridad social, familia, nivel de vida adecuado, salud, educación y cultura.

Parte IV (artículos 16 a 25) — Mecanismos de supervisión e informes de los Estados Partes.

Parte V (artículos 26 a 31) — Disposiciones finales: firma, ratificación, adhesión, enmiendas y entrada en vigor.

3. Parte I: Derecho de libre determinación de los pueblos (artículo 1)

Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

4. Parte II: Obligaciones generales y principios transversales

4.1 Obligación de realización progresiva (artículo 2)

Cada Estado Parte se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales (especialmente económicas y técnicas), hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados (inclusive la adopción de medidas legislativas), la plena efectividad de los derechos reconocidos.

Los Estados se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

4.2 Igualdad entre hombres y mujeres (artículo 3)

Los Estados Partes se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el Pacto.

4.3 Cláusula de limitaciones (artículo 4)

Los derechos reconocidos en el Pacto solo podrán ser sometidos a las limitaciones establecidas por ley, únicamente en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática.

4.4 Cláusula de interpretación (artículo 5)

Ninguna disposición del Pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en él.

5. Parte III: Derechos reconocidos

5.1 Derecho al trabajo (artículo 6)

Los Estados Partes reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.

Entre las medidas que habrá de adoptar cada Estado para lograr la plena efectividad del derecho al trabajo deben figurar: la orientación y formación técnico-profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante.

5.2 Condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (artículo 7)

Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

• Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual.

• Condiciones de existencia dignas para las personas y sus familias conforme a las disposiciones del Pacto.

• Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad.

• La seguridad y la higiene en el trabajo.

• La limitación razonable de las horas de trabajo.

• El descanso, el disfrute del tiempo libre y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.

5.3 Derechos sindicales y derecho de huelga (artículo 8)

Los Estados Partes se comprometen a garantizar:

• El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales.

• El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de estas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas.

• El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática.

• El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.

El artículo 8 permite que se impongan restricciones legales al ejercicio de estos derechos por los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de la Administración del Estado.

5.4 Derecho a la seguridad social (artículo 9)

Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.

5.5 Protección de la familia, la maternidad y los menores (artículo 10)

Los Estados Partes reconocen que:

• Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges.

• Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social.

• Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna. Se les debe proteger contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o que perjudiquen su normal desarrollo, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.

5.6 Derecho a un nivel de vida adecuado (artículo 11)

Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.

Todo Estado Parte tiene la obligación de asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades. Las medidas en este ámbito deben tener en cuenta los problemas tanto de los países importadores como de los países exportadores de productos alimenticios. Los Estados deben mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos.

5.7 Derecho a la salud (artículo 12)

Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Entre las medidas que deberán adoptar los Estados a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho figuran las necesarias para:

• La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños.

• El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente.

• La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas.

• La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

5.8 Derecho a la educación (artículos 13 y 14)

Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. La educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre.

El Pacto establece las siguientes modalidades de enseñanza:

Para la investigación científica, la libertad es indispensable.

Artículo 14 — Plan de acción: Todo Estado Parte que, en el momento de hacerse parte en el Pacto, aún no haya podido instituir en su territorio la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria, se compromete a elaborar y adoptar un plan detallado de acción dentro de un plazo de dos años, para su aplicación progresiva en un número razonable de años.

5.9 Derechos culturales y científicos (artículo 15)

Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a:

• Participar en la vida cultural.

• Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones.

• Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Los Estados Partes se comprometen a respetar la libertad indispensable para la investigación científica y la actividad creadora.

6. Parte IV: Sistema de informes y supervisión

6.1 Obligación de presentar informes (artículo 16)

Los Estados Partes se comprometen a presentar informes sobre las medidas que hayan adoptado y los progresos realizados con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el Pacto.

Todos los informes serán presentados al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias al Consejo Económico y Social para que las examine. Los Estados presentan sus informes por etapas, con arreglo al programa que establezca el Consejo Económico y Social (en el plazo de un año desde la entrada en vigor para cada Estado). En caso de que la información ya hubiera sido proporcionada a las Naciones Unidas o a algún Organismo especializado, no será necesario repetirla, bastará con hacer referencia concreta a la misma.

6.2 Papel del Consejo Económico y Social (ECOSOC) (artículos 17-22)

El Consejo Económico y Social podrá señalar, a la atención de otros órganos de las Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios y los Organismos especializados interesados, toda cuestión surgida de los informes que pueda ser de interés. Asimismo, podrá presentar de vez en cuando a la Asamblea General informes que contengan recomendaciones de carácter general, así como un resumen de la información recibida de los Estados Partes y de los Organismos especializados sobre las medidas adoptadas y los progresos realizados para lograr el respeto general de los derechos reconocidos en el Pacto.

Los Organismos especializados de las Naciones Unidas podrán presentar informes al Consejo sobre los progresos realizados en cuanto al cumplimiento de las disposiciones del Pacto que entren en el ámbito de sus actividades.

7. Parte V: Disposiciones finales

7.1 Firma, ratificación y adhesión

El Pacto está abierto a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún Organismo especializado, de los Estados Partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General a ser parte. El Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Para los Estados que ratifiquen o se adhieran después de haberse depositado el 35.º instrumento, el Pacto entra en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

7.2 Enmiendas

Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

7.3 Estados federales

Las disposiciones del Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

8. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC / CESCR)

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en inglés, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, CESCR) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del PIDESC. No fue creado directamente por el Pacto, sino que fue establecido por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) en 1985, mediante la Resolución 1985/17.

Composición

El Comité está integrado por 18 expertos independientes de alta consideración moral y reconocida competencia en el campo de los derechos humanos, que actúan a título personal y no como representantes de sus gobiernos.

Funciones principales

• Examen de informes periódicos: Los Estados Partes presentan informes iniciales en el plazo de dos años desde la ratificación y posteriormente cada cinco años. El Comité examina los informes y emite observaciones finales con sus preocupaciones y recomendaciones.

• Observaciones generales: El Comité interpreta y desarrolla el contenido de los derechos del Pacto mediante observaciones generales de carácter doctrinal.

• Comunicaciones individuales, interestatales e investigaciones: Competencias ampliadas mediante el Protocolo Facultativo (desde 2013).

9. Protocolo Facultativo del PIDESC (PF-PIDESC)

El Protocolo Facultativo del PIDESC fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008, abierto a la firma el 24 de septiembre de 2009, y entró en vigor el 5 de mayo de 2013.

España ratificó el Protocolo Facultativo mediante Instrumento publicado en el BOE (BOE-A-2013-2081). Tanto la entrada en vigor general como la entrada en vigor para España se produjeron el 5 de mayo de 2013.

Mecanismos del Protocolo Facultativo

El Protocolo establece tres mecanismos de protección gestionados por el Comité DESC:

1. Comunicaciones individuales: Permite a las personas que aleguen ser víctimas de una violación de los derechos consagrados en el PIDESC presentar una queja directamente ante el Comité DESC, siempre que se hayan agotado los recursos internos disponibles. El Comité puede solicitar medidas provisionales para evitar daños irreparables. El Protocolo también prevé la posibilidad de alcanzar una solución amigable entre las partes.

2. Comunicaciones interestatales: Permite a un Estado Parte denunciar que otro Estado Parte no está cumpliendo con sus obligaciones del PIDESC. Este mecanismo solo es operativo cuando ambos Estados han hecho una declaración de aceptación expresa de la competencia del Comité para este procedimiento.

3. Procedimiento de investigación: Permite al Comité iniciar una investigación por violaciones graves o sistemáticas de los derechos del PIDESC, cuando reciba información fiable al respecto. El Comité puede visitar el territorio del Estado con su consentimiento. Este mecanismo también requiere que el Estado afectado haya aceptado expresamente la competencia del Comité, salvo que haya optado por excluirlo al ratificar.

10. Fechas clave para el examen

11. Resumen de los derechos reconocidos en la Parte III

Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen a su desarrollo económico, social y cultural. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales.

Cada Estado Parte se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos. Los Estados garantizarán el ejercicio de estos derechos sin discriminación por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Los Estados Partes se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.

En el ejercicio de los derechos garantizados, los Estados pueden someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, solo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática.

Ninguna disposición del Pacto podrá interpretarse como reconocimiento de derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades encaminadas a la destrucción de cualesquiera derechos o libertades reconocidos.

Los Estados Partes reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho, incluyendo orientación y formación técnico-profesional.

Los Estados reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas. Incluye remuneración equitativa e igual por trabajo de igual valor, seguridad e higiene en el trabajo, igualdad de oportunidades de promoción, descanso, tiempo libre y vacaciones pagadas.

Los Estados garantizan el derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección. Reconocen el derecho de los sindicatos a formar federaciones, fundar organizaciones internacionales, funcionar sin obstáculos y el derecho de huelga, ejercido conforme a las leyes de cada país.

Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.

Se debe conceder a la familia protección y asistencia. Se otorgará especial protección a las madres durante período razonable antes y después del parto. Se adoptarán medidas especiales de protección de niños y adolescentes contra explotación económica y social, y empleo en trabajos nocivos.

Los Estados reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados, y mejora continua de condiciones de existencia. Reconocen el derecho fundamental a estar protegido contra el hambre.

Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Adoptarán medidas para reducir mortinatalidad e infantil, mejorar higiene laboral y ambiental, prevenir enfermedades y asegurar asistencia médica.

Los Estados reconocen el derecho de toda persona a la educación. La educación debe orientarse hacia el desarrollo de la personalidad humana y fortalecer respeto por derechos humanos. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y gratuita. La secundaria y superior deben ser accesibles a todos.

Todo Estado que al momento de ratificar aún no haya podido instituir obligatoriedad y gratuidad de enseñanza primaria se compromete a elaborar y adoptar, dentro de dos años, plan detallado para aplicación progresiva dentro de número razonable de años.

Los Estados reconocen el derecho de toda persona a participar en vida cultural, gozar beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, y beneficiarse de protección de intereses morales y materiales por producciones científicas, literarias o artísticas.

Los Estados Partes se comprometen a presentar informes sobre medidas adoptadas y progresos realizados para asegurar respeto a los derechos reconocidos.

Los Estados presentarán informes por etapas conforme a programa establecido por Consejo Económico y Social.

El Consejo Económico y Social puede concluir acuerdos con organismos especializados sobre presentación de informes relativos al cumplimiento de disposiciones del Pacto.

El Consejo Económico y Social puede transmitir a la Comisión de Derechos Humanos los informes sobre Derechos Humanos presentados por Estados e informes de organismos especializados.

Los Estados Partes y organismos especializados interesados pueden presentar al Consejo Económico y Social observaciones sobre toda recomendación de carácter general.

El Consejo Económico y Social puede presentar a la Asamblea General informes conteniendo recomendaciones de carácter general y resumen de información recibida.

El Consejo Económico y Social puede señalar a la atención de otros órganos de Naciones Unidas cuestiones surgidas de informes que puedan servir para la aplicación efectiva del Pacto.

Los Estados Partes convienen que medidas internacionales para asegurar respeto de derechos reconocidos comprenden procedimientos tales como conclusión de convenciones, aprobación de recomendaciones, prestación de asistencia técnica y celebración de reuniones.

Ninguna disposición del Pacto deberá interpretarse en menoscabo de disposiciones de la Carta de Naciones Unidas o constituciones de organismos especializados.

Ninguna disposición del Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales.

El Pacto estará abierto a la firma de Estados Miembros de Naciones Unidas. Está sujeto a ratificación.

El Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o adhesión.

Las disposiciones del Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

Los Estados Partes pueden proponer enmiendas y depositarlas ante Secretario General.

El Secretario General comunicará a todos los Estados las firmas, ratificaciones, adhesiones y la fecha de entrada en vigor del Pacto.

El Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en archivos de Naciones Unidas.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, 1966)

1. Contexto histórico y adopción

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, en la ciudad de Nueva York. Se firmó el 19 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976, una vez alcanzado el número mínimo de ratificaciones exigido.

Junto con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el PIDCP forma los denominados «Pactos de Nueva York» (o Pactos Internacionales de 1966), que convirtieron los derechos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en obligaciones jurídicas vinculantes para los Estados que los adoptaron. Ambos pactos, junto con la Declaración Universal, integran la llamada «Carta Internacional de Derechos Humanos».

España firmó el Pacto el 28 de septiembre de 1976 y depositó su instrumento de ratificación el 27 de abril de 1977; entró en vigor para España el 27 de julio de 1977 (publicado en el BOE el 30 de abril de 1977).

El PIDCP, además de los derechos recogidos en la Declaración Universal, incluye derechos nuevos, entre ellos:

• El derecho a la libre determinación de los pueblos (Parte I).

• Los derechos de las minorías a la propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma (artículo 27).

2. Estructura general del Pacto

El PIDCP consta de un Preámbulo y seis Partes, con un total de 53 artículos:

Preámbulo

El Preámbulo reconoce que «la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables». Recuerda además que los Estados tienen la obligación, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, de promover el «respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos», y que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la observancia de los derechos reconocidos en el Pacto.

3. Parte I: Derecho a la libre determinación (artículo 1)

Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

4. Parte II: Condiciones generales de aplicación (artículos 2–5)

Artículo 2: Garantía de los derechos reconocidos

Cada uno de los Estados Partes se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna.

Los Estados se comprometen a garantizar que:

• Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo.

• La autoridad competente (judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra prevista por el sistema legal del Estado) decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y desarrollará las posibilidades de recurso judicial.

• Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Artículo 3: Igualdad de género

Los Estados Partes se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el Pacto.

Artículo 4: Suspensión de obligaciones en situaciones excepcionales

Los Estados podrán suspender las obligaciones contraídas en virtud del Pacto únicamente en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente. Las suspensiones deberán comunicarse inmediatamente a los demás Estados Partes por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, indicando las disposiciones suspendidas y los motivos de la suspensión.

No podrán suspenderse, en ningún caso, los derechos recogidos en los artículos: 6 (vida), 7 (tortura), 8 párrafos 1 y 2 (esclavitud y servidumbre), 11 (no prisión por deudas contractuales), 15 (irretroactividad penal), 16 (reconocimiento de la personalidad jurídica) y 18 (libertad de pensamiento, conciencia y religión).

Artículo 5: Límites a las restricciones

Ninguna disposición del Pacto podrá interpretarse en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de los derechos y libertades reconocidos en él.

5. Parte III: Catálogo de derechos sustantivos (artículos 6–27)

Artículo 6: Derecho a la vida

El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

En los países que no hayan abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves y en cumplimiento de sentencia definitiva de tribunal competente. No se impondrá por delitos cometidos por personas de menos de dieciocho años de edad, ni se aplicará a mujeres en estado de gravidez.

Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.

Nada de lo dispuesto en este artículo podrá ser invocado por ningún Estado Parte para demorar o impedir la abolición de la pena capital.

Artículo 7: Prohibición de la tortura

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

Artículo 8: Prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio.

No se considerarán trabajo forzoso u obligatorio:

• El servicio de carácter militar y, en los países donde se admita la exención por razones de conciencia, el servicio nacional alternativo.

• El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el bienestar de la comunidad.

• El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Artículo 9: Derecho a la libertad y seguridad personales

Todo individuo tiene derecho a la libertad y seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ella.

Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada ante un juez u otro funcionario autorizado.

Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.

Artículo 10: Trato humano a los privados de libertad

Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Los procesados estarán separados de los condenados (salvo en circunstancias excepcionales) y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.

El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados.

Artículo 11: Prohibición de prisión por deudas contractuales

Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. (Derecho no suspendible según el artículo 4.)

Artículo 12: Libertad de circulación

Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.

Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. El derecho a entrar en el propio país no podrá ser arbitrariamente restringido. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.

Artículo 13: Expulsión de extranjeros

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte solo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional exijan que se actúe de otra manera, tendrá la posibilidad de exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión.

Artículo 14: Garantías procesales y igualdad ante los tribunales

Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con todas las garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley, para la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.

Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

• A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella.

• A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección.

• A ser juzgada sin dilaciones indebidas.

• A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección.

• A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones.

• A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal.

• A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.

Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya haya sido condenado o absuelto (principio non bis in idem).

En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales, se tendrá en cuenta su edad y la importancia de estimular su readaptación social.

Artículo 15: Irretroactividad de las leyes penales

Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional.

No se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

Nada de lo dispuesto se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.

Artículo 16: Reconocimiento de la personalidad jurídica

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. (Derecho no suspendible según el artículo 4.)

Artículo 17: Derecho a la intimidad

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

Artículo 18: Libertad de pensamiento, conciencia y religión

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye:

• La libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.

• La libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.

Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.

La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

Los Estados Partes se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

(Derecho no suspendible según el artículo 4.)

Artículo 19: Libertad de expresión

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. El ejercicio de este derecho puede estar sujeto a restricciones para asegurar el respeto de los derechos o reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Artículo 20: Prohibición de propaganda

Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por ley. Todo apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por ley.

Artículo 21: Derecho de reunión

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de:

• La seguridad nacional o la seguridad pública.

• El orden público.

• La salud o la moral públicas.

• La protección de los derechos y libertades de los demás.

Artículo 22: Libertad de asociación

Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

El ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública, del orden público, para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

Artículo 23: Protección de la familia

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello.

Artículo 24: Derechos del niño

Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna, a las medidas de protección que su condición de menor requiere. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.

Artículo 25: Derechos políticos

Todo ciudadano tendrá el derecho y la oportunidad de participar en la dirección de los asuntos públicos, de votar y de tener acceso a las funciones públicas de su país.

Artículo 26: Igualdad ante la ley y no discriminación

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley.

Artículo 27: Derechos de las minorías

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

6. Parte IV: El Comité de Derechos Humanos (artículos 28–45)

6.1. Composición y características (artículos 28–29)

El Comité de Derechos Humanos es el órgano de supervisión del PIDCP. Está compuesto por 18 miembros que serán nacionales de los Estados Partes, elegidos a título personal (no como representantes de sus gobiernos). Deberán ser personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos. En la elección se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización y de los principales sistemas jurídicos.

Cada Estado Parte podrá proponer hasta dos personas para ser elegidas como miembros del Comité. El Comité no podrá comprender más de un nacional de un mismo Estado.

6.2. Elección y mandato (artículos 30–34)

Los miembros del Comité se elegirán en votación secreta de una lista de candidatos propuestos por los Estados Partes. Se elegirán por un período de cuatro años y podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura.

La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en vigor del Pacto. Antes de entrar en funciones, los miembros declararán solemnemente en sesión pública del Comité que desempeñarán su cometido con toda imparcialidad y conciencia.

Las elecciones de la mitad de los miembros del Comité se celebran a intervalos de dos años en la sede de las Naciones Unidas.

En caso de muerte o renuncia de un miembro, el Presidente lo notificará inmediatamente al Secretario General de las Naciones Unidas, quien declarará vacante el puesto desde la fecha del fallecimiento o desde la fecha en que sea efectiva la renuncia.

Los miembros del Comité recibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que la Asamblea General determine (sin necesidad de aprobación previa para el cobro, pues los fondos proceden directamente de las Naciones Unidas).

6.3. Organización interna (artículo 39)

El Comité elegirá su Mesa (Presidente y demás miembros de la Mesa) por un período de dos años. Los miembros de la Mesa podrán ser reelegidos.

El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre otras cosas, que doce miembros constituirán quórum.

El Comité se reunirá normalmente en la sede de las Naciones Unidas o en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité.

6.4. Sistema de informes de los Estados (artículo 40)

Los Estados Partes presentarán informes sobre las medidas adoptadas para dar efecto a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso realizado:

• Primer informe: en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del Pacto para el Estado interesado.

• Informes sucesivos: cuando el propio Comité lo solicite.

Los informes se presentarán al Comité de Derechos Humanos. El Comité presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, un informe anual sobre sus actividades.

El Comité podrá transmitir al Consejo Económico y Social los comentarios generales que estime oportunos, junto con copia de los informes que haya recibido de los Estados Partes.

6.5. Procedimiento entre Estados (artículo 41)

Mediante declaración facultativa (que puede formularse en cualquier momento), un Estado Parte puede reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone el Pacto.

Para que el Comité intervenga, el asunto debe haberse sometido previamente al Estado Parte interesado. Si en el plazo de seis meses no se resuelve satisfactoriamente, cualquiera de los dos Estados podrá someterlo al Comité.

6.6. Comisión Especial de Conciliación (artículo 42)

Si el Comité no resuelve satisfactoriamente el asunto entre los dos Estados Partes, podrá constituirse, con el consentimiento previo de los Estados interesados, una Comisión Especial de Conciliación integrada por cinco personas aceptables para los Estados Partes interesados. La Comisión elegirá su propio Presidente y aprobará su propio reglamento.

7. Derechos no susceptibles de suspensión (artículo 4, párrafo 2)

Aun en situaciones de emergencia, los Estados no podrán suspender los siguientes derechos:

8. Parte V: Salvaguardas (artículos 46–47)

Ninguna disposición del Pacto menoscabará las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas ni de las constituciones de los organismos especializados. Asimismo, nada impedirá a todos los pueblos disfrutar plena y libremente de sus riquezas y recursos naturales.

9. Los Protocolos Facultativos

9.1. Primer Protocolo Facultativo (1966)

Adoptado el mismo día que el Pacto (16 de diciembre de 1966) y entrado en vigor el 23 de marzo de 1976.

Otorga al Comité de Derechos Humanos la competencia de recibir y examinar comunicaciones de personas individuales (particulares) que aleguen ser víctimas de una violación, por parte de un Estado Parte en el Protocolo, de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto.

España se adhirió al Primer Protocolo Facultativo el 17 de enero de 1985 (publicado en el BOE el 2 de abril de 1985).

9.2. Segundo Protocolo Facultativo (1989)

Adoptado por la Asamblea General el 15 de diciembre de 1989 y entrado en vigor el 11 de julio de 1991. Está destinado a abolir la pena de muerte.

Su artículo 1 establece que «no se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte» y que «cada uno de los Estados Partes adoptará todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción».

Excepción (reserva): Se permite una reserva formulada en el momento de la ratificación o la adhesión en la que se prevea la aplicación de la pena de muerte en tiempo de guerra como consecuencia de una condena por un delito sumamente grave de carácter militar cometido en tiempo de guerra.

España ratificó el Segundo Protocolo Facultativo, instrumento publicado en el BOE el 25 de julio de 1991.

10. Resumen de fechas clave

11. Derechos NO recogidos en el PIDCP

El PIDCP recoge derechos civiles y políticos, no derechos económicos, sociales o laborales. En consecuencia, no está recogido en el PIDCP el derecho a tener un trabajo digno (ese derecho pertenece al PIDESC). Sí están recogidos, entre otros: el derecho a la intimidad (artículo 17), el derecho a la vida (artículo 6) y el derecho a la integridad física (artículo 7, prohibición de tortura).

Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

Cada uno de los Estados Partes se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos en su territorio los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión u otra condición.

Los Estados Partes se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.

En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación, los Estados Partes podrán adoptar disposiciones que suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con el derecho internacional.

Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades encaminadas a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos.

El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas. Nadie estará sometido a servidumbre.

Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias.

Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual.

Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte sólo podrá ser expulsado en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.

Todas las personas son iguales ante los tribunales. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial.

Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional.

Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia.

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; este derecho incluye la libertad de tener o adoptar la religión o creencias de su elección.

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación estará prohibida.

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática.

Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Se reconoce el derecho a contraer matrimonio y fundar una familia.

Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna, a las medidas de protección que su condición de menor requiere. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento.

Todos los ciudadanos gozarán, sin restricciones indebidas, del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, votar y ser elegidos, y tener acceso a las funciones públicas.

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. La ley prohibirá toda discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u otra condición.

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho a tener su propia vida cultural, religión e idioma.

Se establecerá un Comité de Derechos Humanos que se compondrá de dieciocho miembros. El Comité estará compuesto de nacionales de los Estados Partes que sean personas de gran integridad moral.

Los miembros del Comité serán elegidos por votación secreta de una lista de personas que reúnan las condiciones previstas. Cada Estado Parte podrá proponer hasta dos personas.

La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Pacto.

El Comité no podrá comprender más de un nacional de un mismo Estado. En la elección se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa y la representación de diferentes formas de civilización.

Los miembros del Comité se elegirán por cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura.

Si los demás miembros estiman, por unanimidad, que un miembro ha dejado de desempeñar sus funciones, el Presidente lo notificará al Secretario General de las Naciones Unidas.

Si se declara una vacante, el Secretario General lo notificará a los Estados Partes, los cuales podrán presentar candidatos para llenar la vacante dentro de dos meses.

Los miembros del Comité percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas, previa aprobación de la Asamblea General.

El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité.

El Secretario General convocará la primera reunión del Comité en la sede de las Naciones Unidas. El Comité se reunirá normalmente en la sede o en la Oficina en Ginebra.

Antes de entrar en funciones, los miembros del Comité declararán solemnemente que desempeñarán su cometido con toda imparcialidad y conciencia.

El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá que doce miembros constituirán quórum.

Los Estados Partes se comprometen a presentar informes sobre las disposiciones adoptadas para dar efecto a los derechos reconocidos en el Pacto, en el plazo de un año desde la entrada en vigor.

Todo Estado Parte podrá declarar que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro no cumple las obligaciones del Pacto.

Si un asunto no se resuelve a satisfacción de los Estados interesados, el Comité podrá designar una Comisión Especial de Conciliación cuyos buenos oficios se pondrán a disposición de los Estados.

Los miembros del Comité y de las comisiones especiales tendrán derecho a las facilidades, privilegios e inmunidades concedidos a expertos que desempeñan misiones para las Naciones Unidas.

Las disposiciones del Pacto se aplicarán sin perjuicio de los procedimientos previstos en otros instrumentos constitutivos de las Naciones Unidas y organismos especializados.

El Comité presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas un informe anual sobre sus actividades, a través del Consejo Económico y Social.

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas que definen las atribuciones de diversos órganos.

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plenamente sus riquezas y recursos naturales.

El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado.

El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses, a partir de la fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o adhesión.

Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General.

El Secretario General comunicará a todos los Estados las firmas, ratificaciones, adhesiones, la fecha de entrada en vigor del Pacto y las enmiendas.

El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados para ello por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Pacto, el cual ha sido abierto a la firma en Nueva York, el decimonoveno día del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.

El presente Pacto Internacional entrará en vigor el 27 de julio de 1977, de conformidad con lo establecido en su artículo 49, apartado 2, habiendo sido depositado el Instrumento de Ratificación de España el 27 de abril de 1977.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 20 de abril de 1977.–El Secretario general Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Fernando Arias-Salgado y Montalvo.

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Introducción y contexto histórico

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es el instrumento jurídico más importante en materia de derechos humanos en el ámbito de la Unión Europea. Recoge en un único texto todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que la Unión Europea reconoce a sus ciudadanos y a todas las personas que residen en su territorio.

Proclamación en Niza (año 2000)

La Carta fue proclamada solemnemente por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea el 7 de diciembre de 2000 en Niza (Francia), durante el Consejo Europeo. En ese momento, sin embargo, la Carta no tenía fuerza jurídica vinculante: se trató de una proclamación solemne de carácter político, sin efecto normativo autónomo equiparable al de los Tratados.

Valor jurídico tras el Tratado de Lisboa (2009)

El Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007 y en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, transformó radicalmente el estatus de la Carta. El artículo 6.1 del Tratado de la Unión Europea (TUE), en su versión consolidada, dispone que la Carta tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados. Desde ese momento, la Carta es Derecho primario de la Unión Europea, con plena eficacia vinculante para las instituciones y para los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión.

La versión aplicable actualmente es la publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 26 de octubre de 2012 (2012/C 326/02), que coincide con la publicada en 2010 (2010/C 83/02).

Fundamento y valores de la Unión

El preámbulo de la Carta establece que los pueblos de Europa, al crear entre sí una unión cada vez más estrecha, han decidido compartir un porvenir pacífico basado en valores comunes. La Unión, consciente de su patrimonio espiritual y moral, está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y del Estado de Derecho. Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa en el centro de su actuación a la persona.

Estructura general: 7 títulos y 54 artículos

La Carta se organiza en un preámbulo y 54 artículos agrupados en siete títulos:

Los seis primeros títulos recogen derechos y libertades bajo una rúbrica temática. El séptimo está destinado a las disposiciones generales que rigen la interpretación y la aplicación de la Carta.

Título I: Dignidad (artículos 1 a 5)

El primer título consagra los derechos más fundamentales relacionados con la dignidad intrínseca de toda persona.

Artículo 1. Dignidad humana

La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida. Este artículo es la piedra angular de toda la Carta: la dignidad no solo fundamenta los demás derechos, sino que en sí misma constituye un derecho que debe ser protegido frente a cualquier acto que la menoscabe. Es importante recordar que la dignidad humana no se promueve (expresión incorrecta que aparece en los exámenes) sino que se respeta y protege.

Artículo 2. Derecho a la vida

Toda persona tiene derecho a la vida. Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado. La Carta prohíbe la pena de muerte de manera absoluta en el ámbito de la Unión: nadie podrá ser condenado a muerte, sin excepción alguna.

Artículo 3. Derecho a la integridad de la persona

Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica. En el marco de la medicina y la biología se respetarán en particular:

• El consentimiento libre e informado de la persona de que se trate, de acuerdo con las modalidades establecidas en la ley.

• La prohibición de las prácticas eugenésicas, en particular las que tienen por finalidad la selección de las personas.

• La prohibición de que el cuerpo humano o partes del mismo en cuanto tales se conviertan en objeto de lucro.

• La prohibición de la clonación reproductora de seres humanos.

Artículo 4. Prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes

Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

Artículo 5. Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado

Nadie podrá ser sometido a esclavitud ni a servidumbre. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio. Se prohíbe la trata de seres humanos.

Título II: Libertades (artículos 6 a 19)

El segundo título reconoce los derechos y libertades clásicos de la tradición liberal: libertad personal, privacidad, expresión, religión, propiedad, asilo, etc.

Artículo 6. Derecho a la libertad y a la seguridad

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.

Artículo 7. Respeto de la vida privada y familiar

Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones. Los tres elementos (vida privada y familiar, domicilio y comunicaciones) están protegidos conjuntamente.

Artículo 8. Protección de datos de carácter personal

Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a obtener su rectificación. El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente.

(Nota: es incorrecto afirmar que basta solo el consentimiento; la Carta admite también "otro fundamento legítimo previsto por la ley".)

Artículo 9. Derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia

Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales que regulen su ejercicio.

Artículo 10. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica:

• La libertad de cambiar de religión o de convicciones.

• La libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.

Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio.

Artículo 11. Libertad de expresión e información

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin injerencia de autoridades públicas. Se respetan la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación.

Artículo 12. Libertad de reunión y de asociación

Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico. Ello implica el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a ellos para la defensa de los propios intereses. Los partidos políticos a escala de la Unión contribuirán a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión (no a abstenerse, como planteado en preguntas trampa).

Artículo 13. Libertad de las artes y de las ciencias

Las artes y la investigación científica son libres. Se respeta la libertad de cátedra.

Artículo 14. Derecho a la educación

Toda persona tiene derecho a:

• La educación y al acceso a la formación profesional y permanente.

• Recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria.

• La libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos y del derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.

Artículo 15. Libertad profesional y derecho a trabajar

Toda persona tiene derecho a trabajar y a ejercer una profesión libremente elegida o aceptada. Todo ciudadano de la Unión tiene la libertad de buscar un empleo, de trabajar, de establecerse o de prestar servicios en cualquier Estado miembro. Los nacionales de terceros países que estén autorizados a trabajar en el territorio de los Estados miembros tienen derecho a unas condiciones laborales equivalentes a aquellas que disfrutan los ciudadanos de la Unión.

Artículo 16. Libertad de empresa

Se reconoce la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales.

Artículo 17. Derecho a la propiedad

Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio de una justa indemnización. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general. El derecho a la propiedad incluye la propiedad intelectual.

Artículo 18. Derecho de asilo

Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Artículo 19. Protección en caso de devolución, expulsión y extradición

Se prohíben las expulsiones colectivas. Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes.

Título III: Igualdad (artículos 20 a 26)

El tercer título garantiza los principios de igualdad formal y material entre todas las personas.

Artículo 20. Igualdad ante la ley

Todas las personas son iguales ante la ley.

Artículo 21. No discriminación

Se prohíbe toda discriminación, en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. Dentro del ámbito de aplicación de los Tratados y sin perjuicio de sus disposiciones particulares, se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad.

Artículo 22. Diversidad cultural, religiosa y lingüística

La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística.

Artículo 23. Igualdad entre mujeres y hombres

La igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo menos representado (acción positiva).

Artículo 24. Derechos del menor (niños)

Los menores tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. Podrán expresar su opinión libremente, la cual será tenida en cuenta en función de su edad y de su madurez. En todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial. Todo menor tiene derecho a mantener periódicamente relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si ello es contrario a sus intereses.

Artículo 25. Derechos de las personas mayores

La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural.

Artículo 26. Integración de las personas discapacitadas

La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad.

Título IV: Solidaridad (artículos 27 a 38)

El cuarto título recoge los derechos sociales y laborales, así como los derechos relacionados con la protección social, la salud, el medio ambiente y los consumidores.

Artículo 27. Derecho a la información y a la consulta de los trabajadores en la empresa

Se deberá garantizar a los trabajadores o a sus representantes, en los casos y condiciones previstos en el Derecho comunitario y en las legislaciones y prácticas nacionales, la información y consulta con suficiente antelación y en los niveles adecuados.

Artículo 28. Derecho de negociación y de acción colectiva

Los trabajadores y los empresarios, o sus organizaciones respectivas, de conformidad con el Derecho comunitario y con las legislaciones y prácticas nacionales, tienen derecho a negociar y celebrar convenios colectivos en los niveles adecuados y, en caso de conflicto de intereses, a emprender acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga.

Artículo 29. Derecho de acceso a los servicios de colocación

Toda persona tiene derecho a acceder a un servicio gratuito de colocación.

Artículo 30. Protección en caso de despido injustificado

Todo trabajador tiene derecho a una protección en caso de despido injustificado, de conformidad con el Derecho comunitario y con las legislaciones y prácticas nacionales.

Artículo 31. Condiciones de trabajo justas y equitativas

Todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad. Todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima del trabajo, a períodos de descanso diarios y semanales y a un período de vacaciones anuales retribuidas.

(Nota: las vacaciones siempre son retribuidas; afirmar que pueden no serlo es incorrecto según la Carta.)

Artículo 32. Prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo

Se prohíbe el trabajo infantil. La edad mínima de admisión al trabajo no podrá ser inferior a la edad en que concluye la escolaridad obligatoria (sin que se establezca una edad concreta en años). Los jóvenes admitidos a trabajar deben disponer de condiciones de trabajo adaptadas a su edad y estar protegidos contra la explotación económica y contra todo aquello que pudiera perjudicarles o que pueda poner en peligro su educación.

(Nota: la Carta prohíbe el trabajo infantil sin excepciones; no habla de "excepciones limitadas".)

Artículo 33. Vida familiar y vida profesional

Se garantiza la protección de la familia en los planos jurídico, económico y social. Con el fin de poder conciliar vida familiar y vida profesional, toda persona tiene derecho:

• A la protección contra cualquier despido por una causa relacionada con la maternidad.

• A un permiso pagado por maternidad.

• A un permiso parental con motivo del nacimiento o de la adopción de un hijo.

Artículo 34. Seguridad social y ayuda social

La Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales que garantizan protección en casos como la maternidad, la enfermedad, los accidentes laborales, la dependencia o la vejez, así como en caso de pérdida de empleo, de conformidad con el Derecho comunitario y con las legislaciones y prácticas nacionales.

Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda destinadas a garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales.

Artículo 35. Protección de la salud

Toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de la salud humana.

(Nota: el derecho a la salud corresponde a toda persona, no solo a los ciudadanos de la Unión ni a quienes residan legalmente.)

Artículo 36. Acceso a los servicios de interés económico general

La Unión reconoce y respeta el acceso a los servicios de interés económico general, con el fin de promover la cohesión social y territorial de la Unión, de conformidad con los Tratados y con las legislaciones y prácticas nacionales.

Artículo 37. Protección del medio ambiente

Las políticas de la Unión integrarán y garantizarán un nivel elevado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad, con arreglo al principio de desarrollo sostenible.

Artículo 38. Protección de los consumidores

Las políticas de la Unión garantizarán un nivel elevado de protección de los consumidores.

Título V: Ciudadanía (artículos 39 a 46)

El quinto título reconoce los derechos vinculados a la condición de ciudadano de la Unión y a la relación de las personas con las instituciones europeas.

Artículo 39. Derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo

Todo ciudadano de la Unión tiene el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Los diputados del Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal libre, directo y secreto.

Artículo 40. Derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales

Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales del Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.

(Nota: este derecho corresponde al ciudadano de la Unión en el Estado donde resida, no en el que simplemente se encuentre.)

Artículo 41. Derecho a una buena administración

Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. Este derecho incluye en particular:

• El derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente.

• El derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial.

• La obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones.

Toda persona puede dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y deberá recibir una contestación en esa misma lengua.

(Nota: el derecho a la buena administración no incluye como contenido propio el derecho a asistencia jurídica gratuita, que es un derecho de justicia regulado en el artículo 47.)

Artículo 42. Derecho de acceso a los documentos

Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.

Artículo 43. Defensor del Pueblo Europeo

Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo de la Unión los casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión. Esta competencia excluye al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Artículo 44. Derecho de petición

Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene el derecho de petición ante el Parlamento Europeo.

Artículo 45. Libertad de circulación y de residencia

Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. De conformidad con lo dispuesto en los Tratados, podrá concederse libertad de circulación y de residencia a los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de un Estado miembro.

(Nota: los nacionales de terceros países no tienen este derecho reconocido directamente; el Tratado habilita —no obliga— a concedérselo.)

Artículo 46. Protección diplomática y consular

Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier otro Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de ese Estado.

Título VI: Justicia (artículos 47 a 50)

El sexto título consagra los derechos procesales fundamentales y las garantías del proceso justo.

Artículo 47. Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial

Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar. Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes, siempre que dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia (no a todos en todo caso).

Artículo 48. Presunción de inocencia y derechos de la defensa

Todo acusado se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada. Se garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de la defensa.

Artículo 49. Principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas

Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el Derecho nacional o el Derecho internacional. No podrá imponerse una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. Si, con posterioridad a esta infracción, la ley dispone una pena más leve, deberá ser aplicada esta (principio de retroactividad de la ley penal más favorable). Este artículo no impide el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción que, en el momento de su comisión, fuera constitutiva de delito según los principios generales reconocidos por el conjunto de las naciones. La intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción.

Artículo 50. Derecho a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por la misma infracción (non bis in idem)

Nadie podrá ser juzgado o condenado penalmente por una infracción respecto de la cual ya haya sido absuelto o condenado en la Unión mediante sentencia penal firme conforme a la ley.

Título VII: Disposiciones generales que rigen la interpretación y la aplicación de la Carta (artículos 51 a 54)

El séptimo título establece el marco interpretativo de toda la Carta y determina su ámbito de aplicación.

Artículo 51. Ámbito de aplicación

Las disposiciones de la Carta están dirigidas a:

• Las instituciones, órganos y organismos de la Unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad.

• Los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión.

La Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y misiones definidas en los Tratados.

Artículo 52. Alcance e interpretación de los derechos y principios

Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Carta deberá:

• Ser establecida por la ley.

• Respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades.

• Ser necesaria y responder efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.

• Respetar el principio de proporcionalidad.

Las explicaciones elaboradas para guiar en la interpretación de la Carta serán tenidas debidamente en cuenta por los órganos jurisdiccionales de la Unión y de los Estados miembros.

Artículo 53. Nivel de protección

Ninguna disposición de la Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional, los convenios internacionales (en particular el Convenio Europeo de Derechos Humanos) y las constituciones de los Estados miembros.

Artículo 54. Prohibición del abuso de derecho

Ninguna disposición de la Carta podrá ser interpretada en el sentido de que implique un derecho a dedicarse a actividades o a realizar actos tendentes a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en la Carta o a limitaciones más amplias de estos derechos que las previstas en ella.

Relación con otros instrumentos internacionales de derechos humanos

La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE se inscribe en la tradición de protección internacional de los derechos humanos y guarda una relación especial con:

• El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH, Consejo de Europa, 1950): cuando la Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el CEDH, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio.

• La Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967: referenciados expresamente en el artículo 18 sobre el derecho de asilo.

• Las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros: son fuente de inspiración de los principios generales del Derecho de la Unión.

Resumen de aspectos clave para el examen

Proclamación y valor jurídico

• Proclamada en Niza en 2000 (sin fuerza vinculante inicialmente).

• Fuerza jurídica vinculante plena desde el 1 de diciembre de 2009 (Tratado de Lisboa).

• Mismo valor jurídico que los Tratados (Derecho primario de la UE).

• La Carta no amplía las competencias de la UE ni crea competencias nuevas.

Estructura

• 7 títulos y 54 artículos + preámbulo.

• Los 6 primeros títulos: Dignidad, Libertades, Igualdad, Solidaridad, Ciudadanía, Justicia.

• El 7.º título: Disposiciones generales.

Valores fundacionales (preámbulo)

• La Unión se funda sobre valores indivisibles y universales: dignidad humana, libertad, igualdad y solidaridad.

• Se basa en los principios de la democracia y el Estado de Derecho.

• Los pueblos de Europa comparten valores comunes (no "universales" ni "de reciprocidad" como podrían aparecer en opciones trampa).

Principio de subsidiariedad

• La Carta se aplica a las instituciones de la UE respetando el principio de subsidiariedad (artículo 51).

• Los Estados miembros quedan vinculados solo cuando aplican el Derecho de la Unión.

Derechos exclusivos de ciudadanos de la Unión

• Sufragio en elecciones al Parlamento Europeo (art. 39).

• Sufragio en elecciones municipales del Estado de residencia (art. 40).

• Libertad de circulación y residencia en los Estados miembros (art. 45).

• Protección diplomática y consular en terceros países (art. 46).

Derechos de toda persona (no solo ciudadanos)

• Dignidad humana, vida, integridad, prohibición de tortura y esclavitud (arts. 1 a 5).

• Derecho a la salud (art. 35): toda persona, no solo ciudadanos.

• Derecho a la tutela judicial efectiva (art. 47).

• Acceso a documentos (art. 42): ciudadanos de la Unión y personas físicas o jurídicas con residencia o domicilio social en la UE.

Matices importantes para no confundirse en el examen

• Dignidad humana: inviolable, respetada y protegida (no "promovida").

• Trabajo infantil: prohibido (no "prohibido salvo excepciones limitadas").

• Matrimonio y familia: garantizados según las leyes nacionales (no en todo caso).

• Pena de muerte: nadie puede ser condenado (sin excepciones).

• Nivel de protección (salud, consumidores, medio ambiente): siempre elevado.

• Igualdad hombre/mujer: no impide las medidas de acción positiva a favor del sexo menos representado.

• Vacaciones anuales: siempre retribuidas (no "retribuidas o no").

• Libertad de circulación de terceros países: podrá concederse (no es un derecho automático).

La dignidad humana es inviolable. Sera respetada y protegida.

1. Toda persona tiene derecho a la vida.

2. Nadie podra ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado.

1. Toda persona tiene derecho a su integridad fisica y psiquica.

2. En el marco de la medicina y la biologia se respetaran en particular:

a) el consentimiento libre e informado de la persona de que se trate, de acuerdo con las modalidades establecidas por la ley;

b) la prohibicion de las practicas eugenesicas, en particular las que tienen como finalidad la seleccion de las personas;

c) la prohibicion de que el cuerpo humano o partes del mismo en cuanto tales se conviertan en objeto de lucro;

d) la prohibicion de la clonacion reproductora de seres humanos.

Nadie podra ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

1. Nadie podra ser sometido a esclavitud o servidumbre.

2. Nadie podra ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio.

3. Se prohibe la trata de seres humanos.

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.

Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones.

1. Toda persona tiene derecho a la proteccion de los datos de caracter personal que le conciernan.

2. Estos datos se trataran de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legitimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernan y a obtener su rectificacion.

3. El respeto de estas normas estara sujeto al control de una autoridad independiente.

Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia segun las leyes nacionales que regulen su ejercicio.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religion. Este derecho implica la libertad de cambiar de religion o de convicciones, asi como la libertad de manifestar su religion o sus convicciones individual o colectivamente, en publico o en privado, a traves del culto, la enseñanza, las practicas y la observancia de los ritos.

2. Se reconoce el derecho a la objecion de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresion. Este derecho comprende la libertad de opinion y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades publicas y sin consideracion de fronteras.

2. Se respetan la libertad de los medios de comunicacion y su pluralismo.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunion pacifica y a la libertad de asociacion en todos los niveles, especialmente en los ambitos politico, sindical y civico, lo que implica el derecho de toda persona a fundar con otras sindicatos y a afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses.

2. Los partidos politicos a escala de la Union contribuyen a expresar la voluntad politica de los ciudadanos de la Union.

Las artes y la investigacion cientifica son libres. Se respeta la libertad de catedra.

1. Toda persona tiene derecho a la educacion y al acceso a la formacion profesional y permanente.

2. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria.

3. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creacion de centros docentes dentro del respeto de los principios democraticos, asi como el derecho de los padres a garantizar la educacion y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosoficas y pedagogicas.

1. Toda persona tiene derecho a trabajar y a ejercer una profesion libremente elegida o aceptada.

2. Todo ciudadano de la Union tiene la libertad de buscar un empleo, de trabajar, de establecerse o de prestar servicios en cualquier Estado miembro.

3. Los nacionales de terceros paises que esten autorizados a trabajar en el territorio de los Estados miembros tienen derecho a unas condiciones laborales equivalentes a aquellas que disfrutan los ciudadanos de la Union.

Se reconoce la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la Union y con las legislaciones y practicas nacionales.

1. Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad mas que por causa de utilidad publica, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnizacion por su perdida. El uso de los bienes podra regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interes general.

2. Se protege la propiedad intelectual.

Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convencion de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con el Tratado de la Union Europea y con el Tratado de Funcionamiento de la Union Europea.

1. Se prohiben las expulsiones colectivas.

2. Nadie podra ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes.

Todas las personas son iguales ante la ley.

1. Se prohibe toda discriminacion, y en particular la ejercida por razon de sexo, raza, color, origenes etnicos o sociales, caracteristicas geneticas, lengua, religion o convicciones, opiniones politicas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoria nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientacion sexual.

2. Se prohibe toda discriminacion por razon de nacionalidad en el ambito de aplicacion de los Tratados y sin perjuicio de sus disposiciones particulares.

La Union respeta la diversidad cultural, religiosa y linguistica.

La igualdad entre mujeres y hombres debera garantizarse en todos los ambitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribucion. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopcion de medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo menos representado.

1. Los niños tienen derecho a la proteccion y a los cuidados necesarios para su bienestar. Podran expresar su opinion libremente. Esta sera tenida en cuenta para los asuntos que les afecten, en funcion de su edad y madurez.

2. En todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades publicas o instituciones privadas, el interes superior del niño constituira una consideracion primordial.

3. Todo niño tiene derecho a mantener de forma periodica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si ello es contrario a sus intereses.

La Union reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural.

La Union reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomia, su integracion social y profesional y su participacion en la vida de la comunidad.

Debera garantizarse a los trabajadores o a sus representantes, en los niveles adecuados, la informacion y consulta con suficiente antelacion, en los casos y condiciones previstos en el Derecho de la Union y en las legislaciones y practicas nacionales.

Los trabajadores y los empresarios, o sus organizaciones respectivas, de conformidad con el Derecho de la Union y con las legislaciones y practicas nacionales, tienen derecho a negociar y celebrar convenios colectivos, en los niveles adecuados, y a emprender, en caso de conflicto de intereses, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga.

Toda persona tiene derecho a acceder a un servicio gratuito de colocacion.

Todo trabajador tiene derecho a proteccion en caso de despido injustificado, de conformidad con el Derecho de la Union y con las legislaciones y practicas nacionales.

1. Todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad.

2. Todo trabajador tiene derecho a la limitacion de la duracion maxima del trabajo y a periodos de descanso diarios y semanales, asi como a un periodo de vacaciones anuales retribuidas.

Se prohibe el trabajo infantil. La edad minima de admision al trabajo no podra ser inferior a la edad en que concluye el periodo de escolaridad obligatoria, sin perjuicio de disposiciones mas favorables para los jovenes y salvo excepciones limitadas. Los jovenes admitidos a trabajar deberan disponer de condiciones de trabajo adaptadas a su edad y estar protegidos contra la explotacion economica.

1. Se garantiza la proteccion de la familia en los planos juridico, economico y social.

2. Con el fin de poder conciliar vida familiar y vida profesional, toda persona tiene derecho a ser protegida contra cualquier despido por una causa relacionada con la maternidad, asi como el derecho a un permiso pagado por maternidad y a un permiso parental con motivo del nacimiento o de la adopcion de un niño.

1. La Union reconoce y respeta el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales que garantizan una proteccion en casos como la maternidad, la enfermedad, los accidentes laborales, la dependencia o la vejez, asi como en caso de perdida de empleo, segun las modalidades establecidas por el Derecho de la Union y las legislaciones y practicas nacionales.

2. Toda persona que resida y se desplace legalmente dentro de la Union tiene derecho a las prestaciones de seguridad social y a las ventajas sociales de conformidad con el Derecho de la Union y con las legislaciones y practicas nacionales.

3. Con el fin de combatir la exclusion social y la pobreza, la Union reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, segun las modalidades establecidas por el Derecho de la Union y por las legislaciones y practicas nacionales.

Toda persona tiene derecho a acceder a la prevencion sanitaria y a beneficiarse de la atencion sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y practicas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas las politicas y acciones de la Union se garantizara un nivel elevado de proteccion de la salud humana.

La Union reconoce y respeta el acceso a los servicios de interes economico general, tal como disponen las legislaciones y practicas nacionales, de conformidad con los Tratados, con el fin de promover la cohesion social y territorial de la Union.

En las politicas de la Union se integraran y garantizaran, conforme al principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado de proteccion del medio ambiente y la mejora de su calidad.

En las politicas de la Union se garantizara un nivel elevado de proteccion de los consumidores.

1. Todo ciudadano de la Union tiene derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.

2. Los diputados al Parlamento Europeo seran elegidos por sufragio universal libre, directo y secreto.

Todo ciudadano de la Union tiene derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales del Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.

1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones, organos y organismos de la Union traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.

2. Este derecho incluye en particular:

a) el derecho de toda persona a ser oida antes de que se tome en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente;

b) el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, dentro del respeto de los intereses legitimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial;

c) la obligacion que incumbe a la administracion de motivar sus decisiones.

3. Toda persona tiene derecho a la reparacion por la Union de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.

4. Toda persona podra dirigirse a las instituciones de la Union en una de las lenguas de los Tratados y debera recibir una contestacion en esa misma lengua.

Todo ciudadano de la Union y toda persona fisica o juridica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones, organos y organismos de la Union, con independencia de su soporte.

Todo ciudadano de la Union y toda persona fisica o juridica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo Europeo los casos de mala administracion en la actuacion de las instituciones, organos u organismos de la Union, con exclusion del Tribunal de Justicia de la Union Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Todo ciudadano de la Union y toda persona fisica o juridica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene el derecho de peticion ante el Parlamento Europeo.

1. Todo ciudadano de la Union tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.

2. Podra concederse libertad de circulacion y de residencia, de conformidad con lo dispuesto en los Tratados, a los nacionales de terceros paises que residan legalmente en el territorio de un Estado miembro.

Todo ciudadano de la Union podra acogerse, en el territorio de un tercer pais en el que no este representado el Estado miembro del que sea nacional, a la proteccion de las autoridades diplomaticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.

Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Union hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente articulo. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oida equitativa y publicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podra hacerse aconsejar, defender y representar. Se prestara asistencia juridica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia.

1. Todo acusado se presume inocente mientras no se haya probado legalmente su culpabilidad.

2. Se garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de la defensa.

1. Nadie podra ser condenado por una accion o una omision que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infraccion segun el Derecho interno o el Derecho internacional. Del mismo modo, no podra imponerse una pena mas grave que la aplicable en el momento en que la infraccion haya sido cometida. Si con posterioridad a esta infraccion la ley dispone una pena mas leve, debera aplicarse esta.

2. El presente articulo no impedira el juicio y el castigo de una persona culpable de una accion o una omision que, en el momento en que haya sido cometida, fuera constitutiva de delito segun los principios generales reconocidos por el conjunto de las naciones.

3. La intensidad de las penas no debera ser desproporcionada en relacion con la infraccion.

Nadie podra ser juzgado o condenado penalmente por una infraccion respecto de la cual ya haya sido absuelto o condenado en la Union mediante sentencia penal firme conforme a la ley.

1. Las disposiciones de la presente Carta estan dirigidas a las instituciones, organos y organismos de la Union, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, asi como a los Estados miembros unicamente cuando apliquen el Derecho de la Union. Por consiguiente, estos respetaran los derechos, observaran los principios y promoveran su aplicacion, con arreglo a sus respectivas competencias y dentro de los limites de las competencias que los Tratados atribuyen a la Union.

2. La presente Carta no amplia el ambito de aplicacion del Derecho de la Union mas alla de las competencias de la Union, ni crea ninguna competencia o mision nuevas para la Union, ni modifica las competencias y misiones definidas en los Tratados.

1. Cualquier limitacion del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta debera ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, solo podran introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interes general reconocidos por la Union o a la necesidad de proteccion de los derechos y libertades de los demas.

2. Los derechos reconocidos por la presente Carta que se mencionan en otras partes de los Tratados se ejerceran en las condiciones y dentro de los limites determinados por estos.

3. En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Proteccion de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance seran iguales a los que les confiere dicho Convenio. Esta disposicion no obstara a que el Derecho de la Union conceda una proteccion mas extensa.

Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podra interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ambito de aplicacion, por el Derecho de la Union, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Union o todos los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Proteccion de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, asi como por las constituciones de los Estados miembros.

Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podra ser interpretada en el sentido de que implique un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destruccion de los derechos o libertades reconocidos en la presente Carta o a limitaciones mas amplias de estos derechos y libertades que las previstas en la presente Carta.

Artículo 1. Reconocimiento de los derechos humanos.

TÍTULO I.- Derechos y libertades

Artículo 2. Derecho a la vida.

Artículo 3. Prohibición de la tortura.

Artículo 4. Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado.

Artículo 5. Derecho a la libertad y a la seguridad.

Artículo 6. Derecho a un proceso equitativo.

Artículo 7. No hay pena sin ley.

Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar.

Artículo 9. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

Artículo 10. Libertad de expresión.

Artículo 11. Libertad de reunión y de asociación.

Artículo 12. Derecho a contraer matrimonio.

Artículo 13. Derecho a un recurso efectivo.

Artículo 14. Prohibición de discriminación.