Tema 7: Las disposiciones administrativas y el acto administrativo

1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación.

2. La delegación de competencias, la encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.

3. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentrados en otros jerárquicamente dependientes en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.

4. Si alguna disposición atribuye la competencia a la Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente por razón de la materia y del territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá a su superior jerárquico común.

1. Los órganos administrativos podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes.

2. Asimismo, los órganos de la Administración de la comunidad autónoma podrán delegar el ejercicio de sus competencias propias en sus organismos públicos cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión.

3. No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.

4. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.

5. Las delegaciones de competencias no perderán su eficacia por cambio del titular del órgano delegante.

1. Las competencias de naturaleza administrativa atribuidas a la persona titular de la Presidencia y, en su caso, a la persona titular de la Vicepresidencia serán delegables en las personas titulares de los departamentos en los términos establecidos en la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.

2. Las competencias de quienes ostentes la titularidad de los departamentos serán delegables con las excepciones establecidas en el artículo siguiente.

3. Las competencias de las personas titulares de las secretarías generales técnicas, de las direcciones generales, de las delegaciones territoriales, de las jefaturas de servicio y de las direcciones de servicios provinciales serán delegables previa autorización expresa de la persona titular del departamento del que dependan.

1. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:

a) Los asuntos que se refieran a relaciones con órganos constitucionales o estatutarios.

b) La adopción de disposiciones de carácter general.

c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.

d) Los actos que supongan propuestas de resolución que deban ser sometidas a la aprobación del Gobierno de Aragón

e) La revisión de oficio de los actos nulos, la declaración de lesividad de los actos anulables y los recursos extraordinarios de revisión.

f) La revocación de los actos de gravamen o desfavorables.

g) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.

1. Salvo autorización expresa de una ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.

1. La delegación de competencias deberá ser aprobada previamente por la persona titular del departamento de quien dependa el órgano delegante y, en el caso de los organismos públicos vinculados o dependientes, por quien ostente la titularidad del órgano máximo de dirección, de acuerdo con sus normas de creación.

2. Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente, será necesaria la aprobación previa del órgano superior común si ambos pertenecen al mismo Departamento, o del órgano superior de quien dependa el órgano delegado si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes Departamentos.

3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el «Boletín Oficial de Aragón».

4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

5. El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados para cuyo ejercicio se requiera un quorum o mayoría especial deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho quorum o mayoría.

1. La Administración de la comunidad autónoma, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, podrá delegar competencias en las corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales, sin perjuicio de la aplicación de otras técnicas de colaboración.

2. La delegación a la que se refiere el apartado anterior podrá realizarse mediante convenio específico, que deberá ser autorizado por el Gobierno de Aragón.

3. La delegación contendrá el régimen jurídico del ejercicio de las competencias por la corporación delegada y hará mención especial de las formas de dirección del ejercicio de la competencia delegada que se reserve la Administración autonómica.

4. Las resoluciones que dicte la corporación en uso de la delegación acordada no agotarán la vía administrativa y serán susceptibles de recurso de alzada ante la persona titular del departamento a quien corresponda por razón de la materia.

1. Los órganos jerárquicamente superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. La avocación requerirá la autorización expresa de la persona titular del departamento.

En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante.

1. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte.

2. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.

1. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos, los organismos públicos o los consorcios podrá ser encomendada a otros órganos, organismos públicos o consorcios de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. El órgano administrativo, el organismo público o consorcio que acuerde la encomienda deberá dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte a la misma o en los que se integre la concreta actividad material o técnica objeto de encomienda.

3. En todo caso, el órgano administrativo, organismo público o consorcio que reciba la encomienda tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la misma, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.

4. Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en esta.

1. Sin perjuicio de las exigencias establecidas para otros casos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la encomienda de gestión entre órganos administrativos, organismos públicos y consorcios del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón requerirá acuerdo expreso de los órganos o entidades intervinientes.

2. El órgano competente para formalizar las encomiendas de gestión es la persona titular del departamento o del órgano máximo de dirección del organismo público o consorcio encomendante. En el caso de que la encomienda se realice con un órgano u organismo público que no pertenezca a la Administración de la comunidad autónoma, requerirá la autorización previa del Gobierno de Aragón. En estos casos, se formalizará mediante la firma de un convenio.

3. La orden mediante la que se autorice la encomienda de gestión o, en su caso, el convenio en el que esta se formalice, contendrá el régimen jurídico, que incluirá al menos:

a) Mención expresa de la actividad o actividades a las que afecte y de la competencia del órgano encomendante sobre dicha actividad.

b) El plazo de vigencia y posibilidad de prórroga.

c) La naturaleza y alcance de la gestión encomendada.

d) Las obligaciones asumidas por cada parte.

1. Para su eficacia, el documento de formalización deberá publicarse en el «Boletín Oficial de Aragón». Además, cuando la encomienda se formalice mediante convenio, este deberá inscribirse en el Registro Electrónico Autonómico de Convenios y Órganos de Cooperación.

1. Quienes sean titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia, que ostenten ya sea por atribución o bien por delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señalados en el artículo 12.

2. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.

3. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia.

1. En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación, quienes ostenten la titularidad de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente.

2. La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación.

3. En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia se hará constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo esta suplencia.

1. La designación de suplente podrá efectuarse:

a) En los decretos de estructura orgánica de los departamentos de la Administración de la comunidad autónoma o en los estatutos de sus organismos públicos vinculados o dependientes según corresponda.

b) Por los órganos competentes de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.

1. Serán órganos competentes para la designación de suplentes en los supuestos previstos en el artículo anterior los siguientes:

a) Las personas titulares de los departamentos se sustituirán entre sí, previa designación de suplente por la Presidencia del Gobierno.

b) El consejero o consejera del departamento designará a quien sustituya a las personas titulares de las secretarías generales técnicas, de las direcciones generales o de las direcciones de los organismos públicos.

c) El superior jerárquico directo designará al suplente de las jefaturas de servicio.

1. Cuando la designación no se realice de manera expresa, la suplencia se efectuará entre los órganos de la misma jerarquía atendiendo al orden de precedencia establecido en los correspondientes decretos de organización departamental y estructura orgánica.

1. El conflicto de atribuciones podrá plantearse a partir de una decisión positiva o negativa sobre el conocimiento y la resolución de un determinado asunto que manifiesten los órganos concernidos, de oficio o a instancia de las personas interesadas en el procedimiento.

2. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a las personas interesadas.

3. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente.

Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto.

1. Tras la fijación de su posición por los órganos que entren en conflicto, el que estuviere conociendo de un asunto suspenderá su tramitación y elevará las actuaciones al órgano que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente, sea competente para resolver.

2. El conflicto se resolverá dentro del plazo máximo de quince días, contados desde aquel en el que se eleven las actuaciones al órgano competente para resolver.

3. En caso de silencio, se entenderá que la competencia corresponde al órgano que estuviere conociendo del asunto originariamente, aunque hubiera declinado su competencia. En este supuesto, las personas interesadas podrán reclamar que prosigan las actuaciones, sin perjuicio de la reserva de recursos y acciones para cuando procediere su ejercicio.

4. Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de la misma Administración no relacionados jerárquicamente y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.

1. Los conflictos de atribuciones que se susciten entre los departamentos de la Administración de la comunidad autónoma serán resueltos por la persona titular de la Presidencia.

2. Los conflictos de atribuciones que se planteen entre órganos de un departamento que no estén relacionados jerárquicamente serán resueltos por la persona titular del mismo.

1. Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por tres o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control y que actúen integrados en la Administración de la comunidad autónoma o alguno de sus organismos públicos.

2. La constitución de un órgano colegiado tiene como presupuesto indispensable la determinación en su norma o acuerdo de creación, o en el convenio suscrito al efecto con otras administraciones públicas, de los siguientes extremos:

a) Sus fines u objetivos.

b) Su integración administrativa o dependencia jerárquica.

c) La composición y los criterios para la designación de su presidencia y de los restantes miembros.

d) Las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como cualquier otra que se le atribuya.

e) La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento.

1. Los órganos colegiados de la Administración de la Comunidad Autónoma se regirán por la legislación básica del Estado, por las disposiciones contenidas en esta sección, por sus normas o convenios de creación y por sus reglamentos de régimen interior.

2. La norma o acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el «Boletín Oficial de Aragón». Se publicarán también en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón. Adicionalmente, podrán publicarse en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento.

3. Los órganos colegiados en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas administraciones públicas, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.

Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados en la Administración de la comunidad autónoma, aunque sin participar en la estructura jerárquica de esta, salvo que así lo establezcan sus normas de creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado.

1. En todo órgano colegiado existirá un presidente o presidenta a quien le corresponderá:

a) Ostentar la representación del órgano.

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación.

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.

d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 24.3, en los que el voto será dirimente si así lo establecen sus propias normas.

e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.

g) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de presidente o presidenta del órgano.

1. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, quien ostente la Presidencia será sustituido por la persona titular de la Vicepresidencia que corresponda y, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.

1. En cada órgano colegiado corresponde a sus miembros:

a) Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en el mismo plazo.

b) El deber de asistencia y leal desempeño de sus funciones.

c) Participar en los debates de las sesiones.

d) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las administraciones públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan.

e) Formular ruegos y preguntas.

f) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.

g) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

1. Los miembros del órgano colegiado deberán abstenerse cuando concurra conflicto de interés o alguna de las causas de abstención previstas en esta ley.

2. Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a este, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano.

3. En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes, si los hubiera.

1. Los órganos colegiados tendrán un secretario o secretaria que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración pública de la comunidad autónoma.

2. Corresponderá al secretario o secretaria velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetados.

3. La designación y el cese, así como la sustitución temporal de la persona titular de la Secretaría en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, se realizarán según lo dispuesto en las normas específicas de cada órgano o, en su defecto, por acuerdo del mismo.

4. En caso de que la persona titular de la Secretaría no miembro sea suplida por un miembro del órgano colegiado, esta conservará todos sus derechos como tal.

Corresponde a la persona titular de la Secretaría del órgano colegiado:

a) Asistir a las reuniones con voz, pero sin voto, y con voz y voto si la secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de la Presidencia así como las citaciones a los miembros del mismo.

c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.

e) Expedir certificaciones de las actuaciones, consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretario o de secretaria.

1. Los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario.

En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, considerándose también tales los telefónicos, audiovisuales y medios equivalentes con las mismas funciones en cada momento, la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que estas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.

1. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, de la persona titular de la Presidencia o de la persona titular de la Secretaría, o de quienes les suplan, en su caso, y de la mitad, al menos, de sus miembros.

Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, quienes ostenten la titularidad de la Presidencia, de la Secretaría y todos los miembros del órgano colegiado, o, en su caso, las personas que les suplan, estos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa si así lo deciden todos sus miembros.

1. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si este no está previsto por sus normas de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una segunda convocatoria y especificar para esta el número de miembros necesarios para constituir válidamente el órgano.

Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en las mismas el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.

1. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

2. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de votos, salvo que la norma de creación o funcionamiento del órgano establezca otra distinta. Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia.

3. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.

4. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse a la persona titular de la Secretaría de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La certificación será expedida por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con la Administración por esta vía.

1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el secretario de la autenticidad e integridad del mismo y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.

1. La persona titular de la Secretaría elaborará el acta con el visto bueno de quien ostente la Presidencia y la remitirá, a través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.

Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.

1. En el acta figurará, si así se solicita, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable.

Asimismo, cualquier miembro del órgano tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta siempre que, en ausencia de grabación de la reunión aneja al acta, aporte en el acto o en el plazo que señale quien ostente la Presidencia, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.

1. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de dos días, que se incorporará al texto aprobado.

2. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir quien ostente la Secretaría certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. Se considerará aprobada en la misma sesión el acta que, con posterioridad a la reunión, sea distribuida entre los miembros y reciba la conformidad de la mayoría precisa para su aprobación por cualquier medio del que la persona titular de la Secretaría deje expresión y constancia.

En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.

1. Los órganos colegiados podrán delegar en otros órganos el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas cuando así lo dispongan sus normas constitutivas.

2. El régimen jurídico de esta delegación deberá respetar los principios de carácter formal establecidos en la legislación básica estatal y en esta Ley. Los acuerdos adoptados por delegación deberán adoptarse con las mismas mayorías que se requieran para el órgano delegante.

El régimen jurídico de los órganos colegiados de la Administración de la comunidad autónoma en los que participen representantes de varios órganos de la Administración de la comunidad autónoma junto con representantes de otras administraciones públicas o de intereses sociales será el establecido en sus propias normas de funcionamiento. En todo caso, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) La Presidencia del órgano dirimirá con su voto los empates cuando así lo establezcan las normas específicas del órgano.

b) La sustitución de la persona titular de la Presidencia en los casos de ausencia, enfermedad o vacante deberá estar regulada en las normas específicas del órgano. En ausencia de regulación, será válido el acuerdo que, al efecto, adopte el pleno del órgano colegiado.

c) Las entidades representativas de intereses sociales que participen en la composición de un órgano colegiado podrán sustituir a sus representantes titulares en todo momento mediante la acreditación ante la secretaría del órgano del nombre del sustituto. En todo caso, deberá respetarse la regulación que establezca su normativa específica.

d) El titular de la Presidencia podrá considerar válidamente constituido el órgano, con independencia del número de miembros presentes, cuando lo estén los representantes de la Administración de la comunidad autónoma y de las organizaciones representativas de los intereses sociales a quienes se haya atribuido expresamente la condición de portavoces. Aunque varias organizaciones representen los mismos intereses sociales, cada una de ellas podrá designar su respectivo portavoz.

1. Las autoridades y el personal al servicio de la Administración en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

2. Son motivos de abstención los siguientes:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualesquiera de las personas interesadas, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

1. Los órganos jerárquicamente superiores a quienes se encuentren en alguna de las circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenar que se abstengan de toda intervención en el procedimiento.

2. La actuación de autoridades y personal al servicio de la Administración pública en quienes concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

3. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la responsabilidad que proceda.

1. En los casos previstos en el artículo anterior, podrá promoverse recusación por las personas interesadas en cualquier momento de la tramitación del procedimiento mediante escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda.

2. En el día siguiente, el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada.

3. Si el órgano superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará inmediatamente su sustitución.

4. Si la persona recusada niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.

5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento.

La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón adoptará las medidas necesarias para garantizar su funcionamiento electrónico de acuerdo con los principios de transparencia, publicidad, eficiencia, modernización, responsabilidad, usabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, no discriminación tecnológica, neutralidad tecnológica e interoperabilidad, conforme a lo establecido en la normativa básica estatal sobre procedimiento administrativo común y régimen jurídico del sector público.

1. La sede electrónica de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón es la dirección electrónica accesible a través de redes de telecomunicaciones que posibilita la relación digital entre las personas, empresas y entidades usuarias de servicios gestionados por órganos de la Administración de la comunidad autónoma y los órganos responsables y gestores de los procedimientos administrativos correspondientes.

2. La sede electrónica de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón será única y su ámbito de aplicación es el conjunto de departamentos de la Administración de la comunidad autónoma, sus organismos autónomos y entidades de derecho público.

3. Excepcionalmente se podrán crear sedes electrónicas asociadas a la sede electrónica de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. La creación de una nueva sede asociada o su supresión se realizará mediante orden conjunta de las personas titulares del departamento promotor de la sede y del departamento competente en materia de administración electrónica. En el caso de organismos públicos, la creación de sedes asociadas se realizará por orden conjunta de las personas titulares del departamento al que esté adscrito el organismo público y del departamento competente en materia de administración electrónica.

4. La creación de una sede asociada se deberá justificar en términos de una mejor eficiencia en las relaciones digitales con los usuarios, el volumen de trámites previstos realizar a través de esa sede y la necesidad técnica de no integración en la sede general basada en sistemas diferenciados de acceso a los servicios, identificación o firma.

5. A través de la sede electrónica de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón se podrá acceder a todas las sedes asociadas de los departamentos y organismos públicos de Aragón. La sede electrónica se integrará en el Portal de Internet de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

1. El Portal de Internet de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón es www.aragon.es, punto de entrada electrónico de su titularidad que permite el acceso a través de Internet a la información publicada y a la sede electrónica de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sus contenidos y canales mínimos se desarrollarán reglamentariamente.

2. Excepcionalmente se podrán crear portales asociados al Portal de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. La creación de un nuevo portal asociado o su supresión se realizará mediante orden conjunta de las personas titulares del departamento promotor y del departamento competente en materia de sociedad de la información. En el caso de organismos públicos la creación de portales de internet se realizará por orden conjunta de las personas titulares del departamento al que esté adscrito el organismo público y del departamento competente en materia de sociedad de la información.

3. La creación de un portal se deberá justificar en términos de una mejor eficiencia en las relaciones digitales con los usuarios, el volumen de accesos previstos y la necesidad técnica de no integración de los contenidos en el Portal de Internet de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

4. El Portal de Internet de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón se configura como el punto de acceso general e incluirá la sede de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como la relación de portales de Internet de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

5. Los trámites electrónicos y publicaciones oficiales que requieran autentificación tendrán que realizarse desde la sede de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y no desde el Portal de Internet de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

1. La sede electrónica y sedes asociadas de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón utilizarán como sistema de identificación y firma de los usuarios Cl@ve, Sistema de Identificación y Firma Electrónica utilizado por la Administración general del Estado, o sistema equivalente que se desarrolle por esta, garantizando de esta manera la identificación y firma mediante certificado electrónico reconocido conforme a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con las especificaciones recogidas en el artículo 51 de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de Simplificación Administrativa.

2. La sede electrónica y sedes asociadas podrán utilizar sistemas de identificación o firma adicionales basados en clave concertada, siempre y cuando se realice un registro previo de los usuarios que permita acreditar su identidad, conforme a lo dispuesto en la legislación básica, a solicitud del departamento competente en materia de administración electrónica y de acuerdo con las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

1. El Catálogo de Servicios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón constituye el inventario de información administrativa donde se relacionan todos los servicios que se prestan a los ciudadanos, empresas y entidades por los órganos de la Administración de la comunidad autónoma y sus organismos públicos. Su contenido se desarrollará reglamentariamente y su información estará asociada a los trámites que se pueden realizar en la sede electrónica de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, debiendo ser completa y comprensible por los ciudadanos.

2. La gestión del Catálogo de Servicios es competencia del departamento competente en materia de administración electrónica. La publicidad de los nuevos servicios disponibles, la modificación de los existentes o su baja se realizará únicamente en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Desde el departamento competente en materia de administración electrónica se podrá instar de oficio una revisión de la información del Catálogo de Servicios en caso de falta de coherencia de la información de los servicios suministrada por parte de los órganos responsables.

3. Todos los servicios disponibles en la sede y sedes asociadas deberán estar identificados en el Catálogo de Servicios. La información de los portales asociados y sedes asociadas debe ser coincidente con la información del Catálogo de Servicios. En caso de discrepancia, se considerará información válida frente a terceros la que conste en el Catálogo de Servicios. Todo ello, en relación con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de Simplificación Administrativa.

4. La regulación de los procedimientos y servicios debe ser coherente con la información que se suministra de estos a través del Catálogo de Servicios. Se establecerán reglamentariamente mecanismos que garanticen la coherencia entra la información que se publica en el «Boletín Oficial de Aragón» y su actualización en el Catálogo de Servicios.

1. En la normativa reguladora de los procedimientos administrativos que sean responsabilidad de los órganos de la Administración pública se deberán establecer las formas de presentación de las solicitudes y documentación por parte de las personas interesadas, los medios de relación, si alguno de los actos administrativos se va a producir mediante una actuación administrativa automatizada, y la forma y medios válidos para la interposición de los recursos administrativos correspondientes. Deberá establecerse si los interesados en el procedimiento tienen obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración pública de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. Únicamente cuando la gestión del procedimiento administrativo electrónico se realice a través de una herramienta informática que recoja de forma individualizada los datos de las solicitudes de las personas interesadas y los incorpore en una base de datos se podrá limitar la presentación de dichas solicitudes a la sede electrónica de la Administración Pública aragonesa.

3. En la normativa reguladora se establecerá la documentación que es necesario aportar por las personas interesadas. Se establecerá el momento de presentación intentado minimizar la documentación necesaria para el inicio del procedimiento diferenciándola de la necesaria con carácter previo a la terminación del procedimiento. Asimismo, se identificará qué documentación no es necesario aportar si los datos que la componen ya obran en poder de la Administración estableciendo el medio con el que las personas interesadas podrán ejercer su derecho de oposición o mostrar su consentimiento a la consulta.

4. Para la tramitación del procedimiento administrativo electrónico, los órganos de la Administración de la comunidad autónoma y sus organismos públicos utilizaran, de forma directa o a través de integración, las herramientas corporativas de administración electrónica en las condiciones establecidas en esta ley y reglamentariamente.

1. Se entiende por actuación administrativa automatizada cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por la Administración pública en el marco de procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público, de acuerdo con las especificaciones que se establezcan reglamentariamente.

2. El sistema de firma para la actuación administrativa automatizada en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón será el sello de órgano. El sello de órgano como método de firma se utilizará exclusivamente para los supuestos de actuación administrativa automatizada en las condiciones que se desarrollen reglamentariamente.

3. No se considerará actuación administrativa automatizada cuando sea necesario aplicar criterios subjetivos de decisión, bien de forma individualizada o colectiva, ni la ejecución de procesos fragmentados dentro de un mismo acto o actuación administrativa.

4. El departamento con competencias en materia de administración electrónica definirá el marco al que deben ajustarse los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en el desarrollo de actuaciones administrativas automatizadas. Reglamentariamente, identificará los criterios de modelización de algoritmos, de publicación de los árboles de decisión y los códigos fuente, de almacenaje, de identificación de los responsables, así como los criterios éticos de actuación en el tratamiento de la información.

1. Los titulares de los órganos administrativos son los responsables de la gestión de la información que sirve de base a la toma de decisiones o a la actuación administrativa sea automatizada o individualizada.

2. Los datos incluidos en las bases de datos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón serán considerados como válidos a efectos de la actuación administrativa automatizada y de la provisión de información pública. A estos efectos, los órganos responsables de los procedimientos administrativos serán responsables de la integridad, veracidad y exactitud de los datos que obren en sus bases de datos.

3. El departamento con competencias en administración electrónica establecerá los criterios necesarios para la consecución del objetivo de dato único y compartido en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón que conlleva que la información se introduzca una sola vez en origen, se mantenga depurada y actualizada por los órganos responsables, y se pueda gestionar o consultar desde cualquier punto o sistema que así lo requiera en las condiciones que se establezcan reglamentariamente y, en todo caso, de acuerdo con la normativa vigente en materia de seguridad y protección de datos de carácter personal.

4. En todo caso, los órganos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón deberán poner a disposición sus datos para su verificación y consulta a través del mismo Servicio de Consulta y Verificación de Datos o herramienta corporativa equivalente gestionada por el departamento con competencias en materia de administración electrónica que garantiza la integración con la plataforma de intermediación estatal.

1. La Comunidad Autónoma de Aragón, en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y del Esquema Nacional de Seguridad, establecerá una Política de Protección de Datos y una Política de Seguridad de la Información que especifique los principios rectores, obligaciones, organización y responsabilidades que deberán contemplar los organismos y entidades de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2. La Política de Protección de Datos y la Política de Seguridad de la Información se aprobará por decreto del Gobierno de Aragón y será de aplicación directa a la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. El contenido de la Política de Seguridad de la Información podrá ser adaptada por los diferentes departamentos y organismos públicos de forma motivada y atendiendo, en todo caso, al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.

3. La preservación de la seguridad en la utilización de medios electrónicos será considerada objetivo común de todas las personas al servicio de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, siendo estas responsables del uso correcto de los activos de tecnologías de la información y comunicaciones puestos a su disposición.

1. La actuación de los órganos de la Administración de la comunidad autónoma y de sus organismos públicos se fundamentará en los principios de colaboración, auxilio y mutua información.

2. Los órganos administrativos están obligados a facilitarse recíprocamente la información precisa para el adecuado desarrollo de sus competencias. Los titulares de estos órganos serán responsables del cumplimiento de este deber.

3. Las relaciones entre ellos se llevarán a cabo a través de medios electrónicos que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas y garantizarán la protección de los datos de carácter personal.

1. Los departamentos y los organismos públicos de la Administración de la comunidad autónoma coordinarán sus actividades para una mejor consecución de los objetivos del Gobierno de Aragón.

2. Cada órgano deberá ponderar, en el ejercicio de sus competencias, no solo sus fines propios, sino también los de la Administración de la comunidad autónoma en su conjunto, y se facilitará preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.

3. Las personas titulares de los departamentos tendrán el deber de impulsar e instrumentar el cumplimiento del principio de coordinación en el ámbito de sus competencias.

4. Con el fin de aumentar la coordinación entre unidades administrativas podrán elaborarse planes y programas departamentales o interdepartamentales, la creación de órganos de esta índole o la emisión de directrices y criterios técnicos de actuación, así como la creación de grupos de trabajo o designación de unidades existentes para coordinar materias transversales de gestión y proponer soluciones comunes a todos los departamentos. Estos grupos harán propuestas y recomendaciones que serán adoptadas y ejecutadas en su caso por los órganos responsables de la gestión competentes en la materia.

5. En los planes y programas de coordinación se fijarán los objetivos comunes a los que habrán de ajustarse los centros directivos afectados, en el seno de uno o de varios Departamentos y respecto a uno o a varios sectores de la gestión administrativa.

1. La Administración de la comunidad autónoma y sus organismos públicos se regirán en su actuación por los principios de planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. Se garantizará la eficacia en el cumplimiento de los objetivos determinados, la economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales y la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

2. El diseño de la estrategia y la elaboración de las directrices que han de seguirse para la prestación de servicios como administración digital por parte de la Administración pública de la comunidad autónoma corresponderá al departamento con competencias en administración electrónica. Los diferentes departamentos deberán colaborar en la simplificación administrativa según los criterios generales que defina el departamento competente en materia de administración electrónica.

3. Se establecerán planes y programas anuales y plurianuales en los que se definirán objetivos concretos de gestión, las actividades y los medios necesarios para llevarlos a cabo, así como el coste estimado y tiempo previsto para su consecución. Estos programas se basarán en los objetivos políticos y en los plazos fijados por el Gobierno de Aragón y determinarán los responsables de su ejecución.

4. La actuación inversora de la Administración de la comunidad autónoma será objeto de una programación interdepartamental específica, de carácter anual o, en su caso, plurianual, con el fin de conseguir que dicha inversión sea coordinada y eficiente.

5. Los planes y programas a los que se refieren los apartados anteriores, el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en los mismos, así como los resultados obtenidos, serán evaluados periódicamente y publicados en el Portal de Transparencia, junto con los indicadores de medida y valoración, por los departamentos y demás entidades de su sector público institucional y, en su caso, por los órganos con competencia específica para ello en el ámbito de la Administración de la comunidad autónoma.

1. Los planes se aprobarán por orden del titular del departamento promotor de los mismos, excepto cuando se trate de planes que afecten a varios departamentos, en cuyo caso se aprobarán por Acuerdo del Gobierno de Aragón.

2. Cuando de su contenido se deriven consecuencias económicas, requerirán del informe de la dirección general competente en materia de presupuestos, en el que se analizará y valorará la sostenibilidad financiera del mismo de acuerdo con lo previsto en la normativa de estabilidad presupuestaria.

1. Los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos serán responsables de la racionalización y agilización de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. El departamento competente en materia de administración electrónica propondrá criterios para la racionalización de los procedimientos administrativos electrónicos que faciliten la prestación de servicios a la ciudadanía.

2. El departamento competente en materia de administración electrónica instará la revisión de los procedimientos administrativos con objeto de homogeneizar trámites dentro de los mismos y de modificar las peticiones de identificación a las y los ciudadanos así como las peticiones de documentación que no se consideren necesarias para la prestación de los servicios.

3. El departamento con competencias en materia de administración electrónica definirá las condiciones necesarias para que se puedan incorporar a la prestación de servicios tratamientos automatizados de datos que tengan por finalidad ofrecer de forma proactiva servicios adaptados a las necesidades de las personas, empresas o entidades interesadas de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa de protección de datos personales

La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón garantizará que las personas interesadas puedan relacionarse con esta a través de medios electrónicos puestos a disposición de los ciudadanos en su sede electrónica.

1. Los órganos administrativos se someterán periódicamente a controles, auditorías o inspecciones para evaluar su eficacia en el cumplimiento de los objetivos que les hayan sido asignados, así como su eficiencia en la utilización de los recursos disponibles.

2. Los controles, las auditorías o las inspecciones se realizarán por los órganos de la Administración de la comunidad autónoma con competencia específica para ello.

3. Los criterios e indicadores para evaluar la eficacia se determinarán por la persona titular del departamento competente en materia de organización administrativa. Los criterios e indicadores para evaluar la eficiencia en la asignación y utilización de recursos se dictarán conjuntamente por los consejeros competentes en materia de organización administrativa y hacienda.

1. En la relación electrónica con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón las personas interesadas dispondrán del Punto de Acceso General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, disponible en www.aragon.es, donde accederán a la sede electrónica de la Administración y, en su caso, a las sedes asociadas.

2. Mediante orden del titular del departamento con competencias en materia de administración electrónica se regulará el sistema para identificar a los funcionarios habilitados en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón para la identificación y firma electrónica de los interesados en los diferentes trámites y procedimientos.

1. Las personas tienen derecho a acceder a la información pública, a los archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución y en la normativa sobre procedimiento administrativo, transparencia y derecho de acceso a la información pública.

2. En particular, se garantizará el conocimiento efectivo de los procedimientos administrativos, de los servicios y de las prestaciones en el ámbito de la Administración.

1. En su relación con la Administración pública de la comunidad autónoma, las personas tienen derecho a la protección de sus datos de carácter personal de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos y, en particular, a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones utilizados por la Administración.

2. El cumplimiento por la Administración pública de la comunidad autónoma de las obligaciones de transparencia se llevará a cabo con el límite que exige la protección de datos de carácter personal, de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y de transparencia.

La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón podrá realizar su actividad de las siguientes formas:

a) Mediante gestión directa o con medios propios.

b) Mediante gestión indirecta, con arreglo a alguna de las fórmulas establecidas en la normativa sobre contratos del sector público.

c) Mediante acuerdos de acción concertada con entidades públicas o con entidades privadas sin ánimo de lucro para la prestación a las personas de servicios conforme a su normativa específica.

1. Conforme a la normativa de contratos del sector público, las entidades que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón podrán encargar la ejecución de prestaciones propias de un contrato público a quienes ostenten la condición de medios propios de acuerdo a dicha legislación. Igualmente, esos medios propios podrán realizar encargos tanto a la Administración de la que dependan como a otros medios propios que dependan de la misma.

2. Los encargos de importe superior a tres millones de euros requerirán autorización previa del Gobierno de Aragón.

3. A efectos de lo dispuesto en la normativa de contratos del sector público los medios propios tendrán la condición de poder adjudicador cuando así resulte de la misma.

4. Los medios propios percibirán por la realización del encargo el importe de los costes directos e indirectos en que hubieren incurrido, mediante la aplicación del sistema de tarifas, cuyo procedimiento se establecerá reglamentariamente.

5. Los encargos se formalizarán por quienes sean titulares de los departamentos y de las presidencias o direcciones de los organismos públicos y, en los demás supuestos, por el órgano competente de la entidad de que se trate. En dichos encargos figurarán los compromisos y obligaciones asumidas, así como las condiciones de realización.

6. El procedimiento para la realización de encargos de ejecución a medios propios se determinará reglamentariamente, siendo trámite esencial del mismo la publicación de la resolución por la que se acuerde el encargo en el Perfil de Contratante de la Comunidad Autónoma de Aragón.

7. El pago se efectuará conforme a lo que se acuerde en el encargo de ejecución atendiendo a la actuación efectivamente realizada. Podrá efectuarse un anticipo de hasta el diez por ciento de la primera anualidad correspondiente a cada encargo de ejecución.

No obstante, por razones de eficacia y eficiencia en la gestión presupuestaria, cuando la actuación se financie total o parcialmente con fondos finalistas, previa autorización del Gobierno de Aragón, el encargo de ejecución podrá prever el reconocimiento de la obligación de pago de forma anticipada de la totalidad del coste de la actuación o, en su caso, de la totalidad del importe del coste financiado con fondos finalistas, estableciendo en tal caso las garantías y medidas precisas de seguimiento, control y liquidación al término de la ejecución.

No se exigirán garantías a las entidades integrantes del sector público autonómico, ni cuando la normativa reguladora del gasto de que se trate así lo establezca.

Los acuerdos de acción concertada son instrumentos organizativos de naturaleza no contractual, con las garantías de no discriminación, transparencia y eficiencia en la utilización de fondos públicos, que atienden a la consecución de objetivos sociales y de protección ambiental, a través de los cuales la Administración pública de la comunidad autónoma podrá organizar la prestación a las personas de servicios de carácter social o sanitario cuya financiación, acceso y control sean de su competencia, al producirse una mejor prestación conforme a los citados objetivos, ajustándose al procedimiento y requisitos previstos en la normativa general y sectorial que resulte de aplicación.